Seguimos recogiendo los lodos de los barros supuestamente progresistas con que la Ley Orgánica del Poder Judicial reguló una materia tan sensible como la jurisdicción universal de nuestros jueces y tribunales en los delitos cometidos fuera de España. La enumeración comienza con el genocidio, el terrorismo y la piratería aérea -veremos lo que ocurre frente a las costas somalíes- y se cierra con la referencia a cualquier otra conducta que deba ser perseguida en España según los tratados o convenios internacionales. Éste sería el caso de las torturas.
Los jueces de la Audiencia Nacional se han ocupado de esos crímenes en escenarios tan lejanos como el Tíbet o Guatemala. Allá donde no llega siquiera la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma, porque no se cumplen los requisitos de su Estatuto, nosotros intervenimos sin cortapisa alguna. Verdad es que el Tribunal Supremo interpretó restrictivamente tal jurisdicción, exigiendo que los hechos afectaran de alguna forma a los intereses de España o de sus nacionales, pero el Tribunal Constitucional recordó que la ley no recoge requisito alguno.
La pelota se encuentra en el tejado del legislador. Antes o después habrá de modificar una norma que permite a los jueces españoles, e incluso les obliga, a intervenir en delitos que afectan a la soberanía de otros países. Es obvio, de otra parte, que nuestra Administración de Justicia no está preparada para asumir -así, como de pasada- tan descomunal tarea cuando los asuntos propios sufren clamorosos retrasos. Un magistrado del Tribunal Supremo recordaba hace unos días que el juicio por el escándalo de Bernard Madoff, que saltó en noviembre del 2008, se celebrará previsiblemente en junio del 2009. A continuación se preguntaba por lo que ocurriría en España. La respuesta no es difícil.
Las relaciones entre los Estados, y en especial entre Estados democráticos, no deben ponerse en peligro por resoluciones judiciales que no respetan la soberanía ajena. El problema no desaparece con la cuidadosa selección de los presuntos inculpados para evitar el procesamiento -y las órdenes de detención internacionales- contra quienes serían, en su caso, los mayores responsables del crimen.
Se dice que lo sucedido en Guantánamo «ha revelado ahora lo que antes se intuía: un plan sistemático de tortura y malos tratos», lo que configuraría la posible existencia de una acción sistemática que «genera una responsabilidad penal en las diferentes estructuras de ejecución, mando, diseño y autorización». Por ese camino, ni la entonces secretaria de Estado, Condolenzza Rice, ni los altos cargos de la Defensa servirían de cortafuegos a Bush. Por unas razones u otras, la X quedó sin despejar en los crímenes de los GAL, pero nadie puede creer que el anterior presidente norteamericano ignorase lo que era de dominio público.
¿Se imagina el lector lo que ocurriría si los ex altos cargos estadounidenses fueran capturados en un tercer país que cumplimentase nuestra orden de detención? Amagar y no dar es una pérdida de tiempo y energías. Y prevenir es mejor que curar.
José Luis Manzanares