La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha emprendido una batalla legal para detener la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo, en el que supuestamente participará Ana Julia Quezada, la responsable de su muerte. Ramírez presentará una querella por cohecho contra los funcionarios que habrían facilitado a Quezada un teléfono móvil en prisión y, de forma subsidiaria, contra Instituciones Penitenciarias, por permitir esta acción.
Ramírez argumenta que tiene el derecho de proteger la imagen de su hijo y la intimidad de su familia. Además, señala que las leyes para la Protección de la Infancia y la Adolescencia exigen la autorización expresa de los progenitores o herederos para el uso de la imagen de los niños, incluso en casos de fallecimiento o desaparición.
La madre de Gabriel ha denunciado las irregularidades que permiten a Quezada acceder a medios tecnológicos para grabar el documental, a pesar de que desde el Ministerio de Interior se le había asegurado que no estaba autorizado. Ramírez acusa a funcionarios de la cárcel de Brieva (Ávila) de actuar en complicidad con Quezada y su abogado en la producción del documental.
Ramírez se reunió con el secretario de Estado de Seguridad y el de Instituciones Penitenciarias, quienes le garantizaron que no se había autorizado la filmación en prisión. Sin embargo, recientemente recibió un escrito negándole la posibilidad de ser informada sobre los permisos que pueda recibir Quezada en la cárcel.
El Ministerio del Interior ha mostrado su solidaridad con Ramírez y ha anunciado su colaboración con la justicia en relación a las acciones legales que emprenda. Mientras tanto, decenas de personas se han concentrado en apoyo a la familia de Gabriel, respaldando la lucha de Ramírez contra la grabación del documental.