Está cerrada a cal y canto y desenchufada de la red eléctrica desde hace más de tres años. La central nuclear de Garoña es la más vieja de España y no produce ni un solo kilovatio desde diciembre de 2012. Su reapertura, sin embargo, se ha convertido en una de las obsesiones del Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, con el Ejecutivo todavía en funciones, el Ministerio de Industria insiste en prolongar la vida de la central hasta 2031 a pesar de la oposición de todos los grupos parlamentarios, que han exigido su cierre definitivo.
Aun así, el Pleno celebrado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 3 de febrero acordó informar favorablemente sobre varios puntos del día relativos al proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la planta burgalesa. Además, el ministro José Manuel Soria lo dejó claro el pasado mes de enero: “Si se cumplen las condiciones desde el punto de vista de seguridad nuclear y de las inversiones que tiene que hacer el CSN, desde luego el gobierno va a dar luz verde”.
Problemas de seguridad
Los expertos ecologistas definen el proceso de renovación de Garoña, gestionada por Nuclenor, compañía participada por Iberdrola y Endesa con una participación del 50% cada una, como un “experimento político”. Explican que la finalidad consiste en tratar de “sentar precedente” y lograr el alargamiento de la vida operativa de las demás centrales nucleares hasta los 60 años con un objetivo claro: favorecer a las grandes empresas energéticas. “Se diseñó para funcionar 25 años. Ha superado con creces su edad de diseño. Es exactamente igual que Fukushima, es un gemelo. No se puede permitir que esta central funcione en ninguna parte del mundo”, explica Carlos Bravo, biólogo, consultor ambiental y miembro del proyecto Salvia.
Además, según denuncian los ecologistas, la planta presenta numerosos problemas de seguridad, como por ejemplo deficiencias en el agrietamiento de la vasija del rector o el alto riesgo de inundación en caso de rotura de las presas cercanas, que podrían desencadenar en un “accidente gravísimo”. “Lo que ocurrió en Fukushima puede ocurrir en Garoña. Hay un montón de precursores de accidentes, como el envejecimiento del material. Se puede romper la presa de la central o se puede quedar sin refrigeración porque se rompa, por ejemplo. Ahora es como un coche viejo que se puede romper en cualquier momento porque ya ha pasado su vida útil sobradamente”, dice Bravo.
Maniobras del Gobierno de Rajoy
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió en 2009 conceder un nuevo permiso de explotación de cuatro años más. Lo hizo a través de una orden ministerial que establecía el cese definitivo de la planta en julio de 2013. Sin embargo, tras los comicios de 2011 y la llegada al poder del Partido Popular, el nuevo Ejecutivo revocó la orden y solicitó una nueva autorización para permitir a la planta burgalesa operar hasta el año 2019.
Sin embargo, Nuclenor renunció a la prórroga y cerró la central por “motivos económicos” en julio de 2013. Poco después, el Ministerio de Industria modificó la normativa para que las centrales nucleares que hubieran cerrado por motivos económicos y no por razones de seguridad, pudieran solicitar un nuevo permiso de funcionamiento a pesar de haber cesado su actividad. “Ahora resulta obvio por qué Nuclenor no quiso solicitar en 2012 la prorroga hasta 2019. No le salían las cuentas. Sus numerosos problemas de seguridad requerían inversiones muy importantes en la instalación para que ésta pudiera seguir operando en las condiciones de seguridad exigibles tras la catástrofe nuclear de Fukushima”, explica Bravo.
Es decir, la central nuclear está reformada para poder funcionar hasta 2031. “El Gobierno de Rajoy cambió la legislación para favorecer específicamente a Garoña. De esta manera, la planta al cerrar por motivos económicos puede pedir un permiso nuevo de funcionamiento y no pasar un proceso más largo con una evaluación de impacto ambiental. Es un retruécano legislativo impresionante”, critica Bravo. Por el momento, la concesión de dicho permiso todavía no ha sido aprobada por el CSN.
Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria para preguntarle por esta cuestión, pero se ha limitado a responder que no quiere hacer declaraciones al respecto. «No entramos a valorar eso», ha manifestado.
La independencia del CSN, en entredicho
Según Bravo, Nuclenor quiere recibir el permiso del CSN “cuanto antes”. Es más, aunque el Gobierno continúe en funciones, si obtiene la aprobación del CSN tiene la capacidad de decretar una orden ministerial para reabrir la planta. “Las empresas obtendrían unos derechos adquiridos para poder reclamar el lucro cesante a un hipotético Gobierno que quisiera cerrarla”, aclara el experto.
Los ecologistas insisten en que la reapertura de la central no es ni rentable ni segura. “No tiene ningún sentido desde el punto de vista energético, su producción es muy pequeña, es marginal, apenas supera el 1%. Solamente beneficiaria a las compañías propietarias, no permitiría bajar el precio de la luz ni nada de eso”, asegura Bravo.
Por otro lado, la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) ha denunciado la pérdida de independencia del Consejo frente a las empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares, la falta de transparencia externa e interna, las injerencias políticas y las represalias contra los técnicos que denuncian abiertamente la situación. “El CSN es un órgano regulador, que vigila y supervisa y lo que está haciendo es trabajar para favorecer los intereses de las compañías. En estos momentos no es ni un organismo independiente del Gobierno, ni independiente de las compañías”, afirma Bravo.
Este diario también se ha puesto en contacto con el CSN que ha explicado que el organismo se dedica «a la seguridad nuclear». «Ese es nuestro trabajo, no estamos en política», ha añadido.