El Ejecutivo pretende que las comunidades se sumen al plan de austeridad que prevé el recorte de 50.000 millones de euros de gasto en las Administraciones, 10.000 de ellos en autonomías y entidades locales.
Según figura en el documento, el Gobierno tendrá en cuenta el cumplimiento por parte de las autonomías de los objetivos de reducción del déficit para «graduar» las transferencias a estas administraciones de los recursos previstos en los Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, el documento no liga el cumplimiento de ese plan a las cantidades que transfiere el Estado a las autonomías previstas en normas vigentes o en acuerdos exigibles.
El Ejecutivo propone una política de contención de los gastos de personal, «que se instrumentalizará a través de una senda de austeridad en materia de retribuciones», y una restricción de las ofertas de empleo público, si bien el documento puntualiza que estas medidas deberán acordarse en el proceso de diálogo social.
También quiere el Ejecutivo que las comunidades remitan trimestralmente al CPFF un informe sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de las operaciones comerciales entre las empresas y la administración autonómica.
Además, plantea que en los datos contables que envíen a ese órgano se incluya la información anual sobre el total de los gastos realizados y pendientes de aplicar al presupuesto de cada ejercicio.
Otras de las iniciativas que recoge el documento es la creación en el seno del CPFF de un grupo de trabajo para diseñar propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios prestados por las autonomías, especialmente en materia de sanidad y dependencia.
Asimismo, aboga por constituir otro grupo de trabajo que estudie medidas para reducir el absentismo de los funcionarios.
Al igual que la Administración General del Estado va a acometer un plan de racionalización de sus estructuras, el documento defiende que las comunidades autónomas hagan lo propio en el ámbito de sus competencias.
El Gobierno recuerda que el esfuerzo debe concretarse en una reducción del déficit del conjunto de las administraciones a fin de llegar al 3% del PIB en 2013 repartido de la siguiente forma: un -1,9% para la Administración central, un -1,1% para las autonomías, un -0,2 para las entidades locales y un +0,2 para la Seguridad Social.
Consultados recientemente, los gobiernos autonómicos se han mostrado dispuestos a negociar ajustes, pero creen que ya han hecho los deberes al haberse apretado el cinturón con distintas medidas para combatir la crisis económica.