La crisis ha vuelto ha poner de relieve los problemas asociados a la inmigración en Europa. Especialmente en países como España e Italia, donde el número de inmigrantes había crecido rápidamente al compás de una actividad económica que ahora frena bruscamente.

En España hemos pasado de 350.000 inmigrantes en 1996 a 5,2 millones hoy, es decir, del 1 al 12% de la población. Si los hemos asimilado sin demasiados problemas era porque los necesitábamos para compensar una demografía vacilante y para responder a las necesidades de mano de obra. Ahora que la recesión crea paro y aumenta la demanda de servicios sociales pondremos a prueba nuestra real capacidad de integración.

Pero no es sólo un problema español sino que se plantea a escala europea con repercusiones políticas y sociales de las que no somos suficientemente conscientes. Dentro de poco los europeos sólo seremos el 5% de la población mundial. Y nuestra media de edad será el doble de la de los habitantes de los países que nos rodean en un arco de inestabilidad que va desde Gibraltar hasta el Cáucaso. Y además seremos muy dependientes de las importaciones de energía.

Pocos, viejos y dependientes, no es una perspectiva muy halagüeña. Y en ella la emigración aparece como un problema y como una solución. Las previsiones demográficas dicen que habrá que «importar» unos 25 millones de personas en edad de trabajar para suplir la pérdida de población activa que va a sufrir Europa como consecuencia de dinámicas demográficas que ya no son reversibles a corto plazo. Porque reproducirse, como recordaba el ex canciller Schmidt, lleva algún trámite y la creciente precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda no son los mejores estimulantes para que nuestros hijos nos hagan abuelos.

A corto y medio plazo no le queda a Europa otra solución que acoger emigrantes. Por eso son tan importantes decisiones como la del reciente Pacto Europeo sobre la Emigración y el Asilo, aunque su contenido sea discutible, o las directivas «Tarjeta Azul», sobre las condiciones de admisión de inmigrantes con fines de empleo altamente cualificado, y la de «Ventanilla Única» que establece un procedimiento común de solicitud de permiso único de residencia y trabajo en un Estado miembro que hemos debatido en el Pleno de Estrasburgo de la pasada semana.

Porque la cuestión no es sólo cuántos emigrantes queremos y podemos acoger, sino cuáles y cómo. Últimamente se hace sentir la necesidad de inmigrantes cualificados y no sólo mano de obra barata para la construcción y los servicios. Con todo lo que ello implica para quitar a los países en desarrollo parte del capital humano que les hace desesperadamente falta. En realidad ya hay más médicos de Malawi en Manchester que en todo Malawi. El 50% de los doctores y el 70% de las enfermeras africanas están en Europa. Y es que a pesar de disponer de las mejores universidades del mundo, Europa no es capaz de producir los médicos que necesita y ha de ir a buscar los pocos que hay en África.

Frente a los países de inmigración tradicional, como EEUU, Canadá o Australia, la UE ocupa un puesto relativamente bajo en la competición por trabajadores altamente cualificados. Sólo el 5,5% de los trabajadores altamente cualificados del Magreb vienen a la UE, mientras que el 54% eligen EEUU o Canadá. La UE cuenta con menos del 2% del total de los inmigrantes altamente cualificados, muy por debajo de Australia (10%), EEUU (3,2%) o Suiza (5,3%).

Ello es en parte debido a los 27 sistemas de admisión diferentes que hay en la UE, lo que dificulta su movilidad en nuestro mercado interior. Esos proyectos de directivas que acabamos de votar en el PE quieren dar respuesta a este problema, complementando los sistemas de admisión de cada Estado miembro, que seguirán controlando su mercado laboral.

La directiva «Ventanilla Única» establece un procedimiento común europeo para la solicitud de un permiso único de residencia y trabajo. Pretende reducir las diferencias existentes entre los derechos de los trabajadores europeos y los de los emigrantes, garantizando la igualdad de trato en el ámbito profesional.

La directiva «Tarjeta Azul», inspirándose en la tarjeta verde de EEUU, permitirá al inmigrante que encuentre un empleo en la UE disponer de un permiso de trabajo de tres años renovable. Después de tres años de residencia legal en un Estado miembro como titular de una tarjeta azul podrá instalarse en un segundo Estado miembro en las mismas condiciones laborales que en el primero.

A lo largo del procedimiento legislativo se han manifestado importantes diferencias entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, especialmente en lo referente a los requisitos de admisión.

Los eurodiputados pedimos que el demandante de una tarjeta azul deba acreditar un título universitario reconocido por los Estados miembros o una experiencia profesional equivalente de al menos cinco años, mientras que la Comisión sólo requería tres años.

La UE debe ofrecer sueldos suficientemente atractivos a los inmigrantes altamente cualificados para poder competir con las ofertas laborales de países como EEUU, Canadá o Australia. Por ello, en el PE hemos pedido que el sueldo percibido por estos trabajadores sea, al menos, 1,7 veces el salario anual bruto medio de un trabajador de la UE y que no pueda ser inferior al sueldo que percibe un trabajador comparable en el Estado miembro de acogida. El Consejo de Ministros es menos exigente y propone un sueldo 1,5 veces mayor a la media.

En respeto del principio de «preferencia comunitaria», y para conseguir el acuerdo de los nuevos Estados miembros, la «tarjeta azul» no entrará en vigor antes del fin de la moratoria impuesta a la libre circulación de trabajadores de los países de las últimas ampliaciones de la UE en el 2004 y el 2007.

Esa necesaria armonización de políticas de estímulo y admisión plantea el riesgo de crear una fuga de cerebros o al menos de personal calificado de los países en desarrollo. Por ello el PE ha pedido a los Estados que no contraten a personas muy cualificadas en sectores en los que existe escasez de especialistas en el país tercero, como la sanidad o la educación. Pero me temo que eso se quede en invocaciones piadosas sin efectos prácticos. Por ello los socialistas europeos hemos pedido que por cada profesional cualificado que venga a Europa se costee la formación de un nuevo profesional en el país de origen, compensando así su pérdida de recursos humanos (enmienda presentada por el socialista español Javier Moreno).

Si el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de los próximos 27 y 28 de noviembre está de acuerdo con las enmiendas del PE, la directiva será adoptada. Con ello se lanzaría un doble mensaje: la determinación de gestionar los flujos migratorios en un mundo cada vez más globalizado y la importancia que otorga la UE a la capacidad técnica del factor humano en el marco de la Estrategia de Lisboa.

Pero la ocasión también es buena para recordar que la UE debería luchar para evitar su propia sangría de recursos humanos. Y es que cada año decenas de miles de europeos altamente cualificados se van a trabajar a EEUU. Allí hay ya mas de 500.000 investigadores europeos altamente calificados contribuyendo a aumentar el diferencial tecnológico entre los dos lados del Atlántico. Y mientras, nosotros procuramos atraer a los de nuestros vecinos africanos. Son cosas que ciertamente dan que pensar… [email protected]

Josep Borrell

Al conocer la presunta intención de la compañía estatal rusa Gazprom de comprar una participación en Repsol, miembros del Gobierno manifestaron estar en contra por tratarse de una compañía rusa estatal. Es probable que se tratase de una liebre porque ahora aparece Lukoil, que es privada, lo que elimina ese inconveniente. Además, como se ha apresurado a decir el presidente del Gobierno, tiene en su capital una participación nada menos que del gigante americano Conoco–Phillips. ¿Credenciales impecables? No parece ser así para el ex presidente González, que se ha apresurado a manifestar su «absoluto desacuerdo» con esta operación.

Lukoil, de privada, sólo tiene la apariencia. Se trata de una compañía surgida dentro del gigantesco pillaje que se desencadena a la caída de la URSS con la connivencia entre los que luego son los grandes oligarcas con sectores de la nomenclatura soviética, trufados por el KGB. Lukoil es eso, el instrumento de mafias rusas y del Gobierno de un país en el que cualquier parecido con una democracia es mera coincidencia. Quizá Felipe González, con mucho mayor conocimiento y experiencia que el presidente del Gobierno, está pensando en eso.

El asunto es de gran trascendencia y es el resultado de un largo proceso de errores y especulación que tiene dos importantes hitos. El primero en el tiempo es la política de privatizaciones que, en la estela del pensamiento dominante «thatcheriano», inaugura el Gobierno del PSOE y que sigue con enorme entusiasmo el PP. Ese primer paso del PSOE es clave porque supone que un partido autotitulado de izquierda da el pistoletazo de salida a algo, hasta entonces, poco imaginable y lo legitima (el caso de otra empresa en otro sector estratégico, Endesa, es semejante). Las alegres privatizaciones, basadas en la falacia de que la sede y la nacionalidad de las grandes empresas hoy no importan, esos polvos nos traen estos lodos que, por ejemplo, en Francia no se dan. El segundo paso es la borrachera especulativa y de prepotencia de algunas empresas constructoras, entre ellas destacadamente Sacyr, hoy en trance de bancarrota, que las lleva, de la mano de sus influencias en el Gobierno socialista como «visitadores de la Moncloa», a disparatadas tomas de participación con precios disparados en sectores que nada tienen que ver con ellas. Éste de Sacyr es el caso hoy más importante en el escaparate, pero no el único ya que nuevamente aparece Endesa.

Dice el Gobierno que, como se trata de una operación privada, no interviene. El cinismo, a prueba de bomba, de quien nos toma, una vez más, por tontos. De ser así, tendríamos a una caja de ahorros, La Caixa, cuya razón de ser, según declaran, es la «obra social» (sic) como eje central de una decisión con enormes consecuencias estratégicas, económicas y políticas que afectan no sólo al petróleo sino al gas natural (vía Gas Natural) y a la electricidad (fusión con Fenosa). Se trata de una entidad en simbiosis siempre con el Gobierno catalán de turno y claramente favorecida por los gobiernos socialistas de la nación. Además, en este caso, echando un salvavidas a Sacyr y a su financiador en el enredo, el Santander.

Si Lukoil fuese una empresa «normal» de un país «normal», la operación sería racional e interesante porque aporta elementos de los que carece Repsol. Pero, contrariamente a lo que da a entender el perspicaz Montilla, que apoya la operación, no es éste el caso. Si Lukoil mete el pie detrás de la puerta, los problemas están asegurados, y no sólo para la empresa.

Luis de Velasco

El problema ruso tiene una larga historia. Ahora la oferta de Lukoil para comprar el 29% de Repsol ha devuelto, o debe devolver, el problema ruso a los títulos españoles.

Primero se tiene que corregir un malentendido importante: que en Rusia existen grandes empresas privadas e independientes como en España u otros países occidentales. Es decir, que hay una diferencia metafísica entre una empresa privada como Lukoil y una empresa pública como Gazprom. El mismo error se ha cometido con las empresas chinas. BBVA, por ejemplo, sigue convencido que, con su inversión en Citic Bank, ha invertido en el filial financiero de una corporación privada (Citic) que toma sus decisiones por razones comerciales. De hecho, Citic es un brazo del Gobierno chino, que toma sus decisiones (comprar yacimientos petroleros en Kazajistán, invertir en yacimientos petroleros en Sudán y Chad) según las necesidades estratégicas establecidas por el Gobierno. Igual con Rusia. La evidencia de que Lukoil sigue las órdenes del Kremlin es que su jefe, Alekperov, sigue en libertad en Rusia. Cualquier oligarca que ha mostrado independencia de Putin o bien está en la cárcel o bien vive en exilio (y en miedo) en el exterior.

Una clave del problema ruso en su versión moderna es la decisión del Gobierno de Putín de buscar enfrentamiento con el Oeste. La decisión es estratégica. La decisión no tiene que ver tanto con el contenido de cada enfrentamiento, sino con el valor del propio enfrentamiento. Analizando los años en el poder de Yeltsin, Putin y sus asesores concluyeron que si Rusia intentase colaborar con el Oeste, el Oeste le trataría con desprecio -solo mediante el enfrentamiento Rusia podría ganar respeto y consideración por sus intereses. Por eso hemos visto a los rusos buscar enfrentamientos sobre Kosovo o el escudo de misiles. No es que no haya acuerdos entre Moscú y el Oeste sobre estos temas, sino que en vez de intentar negociar, los rusos han pasado directamente al enfrentamiento.

La política de enfrentamiento es discriminatoria: Rusia no busca enfrentamiento con todos. Sobre todo, no lo busca con todos los europeos. Aunque no tenga ningún problema en asesinar disidentes en Londres o provocar a los polacos o checos, al mismo tiempo aprovecha su dependencia energética para mantener mejores relaciones con países como Alemania, Italia o, cada día más, España. La consecuente falta de unidad entre los europeos, y la consecuente imposibilidad de una política común hacia Rusia, es importante por la segunda clave del problema ruso: el intento de enmendar las fronteras de Rusia.

En un eco siniestro de la geoestrategia alemana de los años 30, el Gobierno de Putin insiste cada día más en un pueblo ruso reunido en torno a un Estado ruso. Ya hemos visto el primer paso, cuando Rusia, con éxito, apartó a Abjasia y Osetia del Sur de Georgia. El próximo paso será el estatus de Crimea en Ucrania. El 90% de la población de Crimea habla ruso y se ve ruso. Crimea se unió a Ucrania en la década de 1950 por decisión de Kruschev (él mismo ucranio). El Gobierno de Putin está patrocinando todo tipo de organización cultural y nacionalista rusa en Crimea. Y hay llamadas para un referéndum sobre el futuro del territorio -no cabe ninguna duda sobre el resultado de tal referéndum-. La crisis económica que va a sufrir Rusia por las caídas en los precios globales de petróleo y gas puede provocar una reacción nacionalista por parte del Gobierno que, a su tiempo, acelerará la confrontación con Ucrania.

Con sus divisiones internas, la UE no está en condiciones para afrentar un conflicto con Moscú sobre Ucrania. Hay muchos que no lo ven importante, que piensan como una vez pensaba el primer ministro británico Chamberlain de Checoslovaquia, que Ucrania es «un país muy lejano del que sabemos poco». Pero Ucrania sólo es el próximo paso, no el último. Si Moscú gana en Crimea su mirada entonces se dirigirá hacia las repúblicas bálticas. Todas las republicas bálticas (Lituania, Estonia y Letonia) tienen minorías importantes rusas. Ya han sufrido presión rusa. También son miembros de la Unión Europea. Si Moscú aprovecha las minorías rusas para desestabilizar estos países, no los podemos llamar ni lejanos ni poco conocidos. Son nuestros socios y tenemos compromisos.

Uno de los grandes desafíos geoestratégicos de los próximos años va a ser cómo tratar a Rusia, dónde se van a dibujar las líneas rojas que limiten las ambiciones geopolíticas de Putin y sus asesores. La medida en que empresas rusas, sean oficialmente públicas o privadas, pueden entrar en sectores estratégicos europeos va a decidir el papel que la UE va a poder desempeñar para dibujar estas líneas rojas.

Shaun Riordan

Uno a uno se están derrumbando todos los tópicos del neoliberalismo. Ahora comprobamos en qué consiste el mito del capitalismo popular. Repsol está a punto de pasar a manos de Lukoil, una empresa forjada en las rapiñas de las privatizaciones de Rusia. Adelantada, por lo que se ve, de un capitalismo popular en el que las empresas estatales se han convertido en propiedad de los dirigentes del antiguo régimen, que no son distintos de los del nuevo y que se han hecho ricos -todos ellos- a costa del erario público. Nosotros seguimos aplicadamente los pasos del maestro, y también aquí unos pocos, de no ser nadie, pasaron a ser grandes empresarios gracias a la venta de las empresas públicas.

El Gobierno dice diego donde dijo digo, y acepta que Sacyr e incluso La Caixa vendan su participación en Repsol a la compañía rusa. Y es que hay que sacar del atolladero al señor Rivero, que, según dicen, es amigo de Zapatero y que además entró en Repsol, si no inducido, sí al menos con las bendiciones del Gobierno, y de paso también al señor Botín y al Banco de Santander, que ha prestado ingentes cantidades a la constructora, y necesita por tanto asegurar la solvencia de sus créditos. La farsa es de tal calibre que la vicepresidenta del Gobierno no tiene pudor en afirmar que lo importante es que los ejecutivos sean españoles, como si esto se pudiese asegurar, y además como si a los ciudadanos les importase mucho que al frente de la empresa esté un tal Brufau o un tal Alekperov, los títulos de su legitimidad no son demasiado diferentes.

El colmo del despropósito es escuchar a De Cospedal acusar a Zapatero de que pone en peligro un sector estratégico nacional, y a Montoro denunciar que Repsol vaya a dejar de ser española, porque fue precisamente el Gobierno del PP el que, al tomar la decisión de privatizarla, permitió que la empresa dejase de ser de todos los españoles, con lo que resulta imposible controlar más tarde en manos de quién está, cosa que, además, importa ya muy poco. Queda muy bien que el PP hable de sectores estratégicos, pero éstos se ponen en peligro desde el mismo momento en que el control deja de ser estatal y pasa a manos privadas.

La liquidación del sector público empresarial ha sido una de las mayores expoliaciones que se ha realizado contra la sociedad española, expoliación en la que, sin duda, tienen culpa todos los gobiernos, pero los del PP se llevan la palma. De poco vale lamentarse ahora. Antes o después, todos los sectores estratégicos estarán controlados por empresas extranjeras o multinacionales y, desde luego, el Estado se verá absolutamente incapaz de garantizar unos servicios adecuados y de instrumentar una política económica coherente. Los ciudadanos lo pagaremos pero, como en Rusia, algunos se habrán forrado.

Juan Francisco Martín Seco

El pasado martes fueron los 800.000 millones de dólares los que aportaba el Gobierno estadounidense en su segundo paquete de ayuda para combatir la crisis económica. Un día después la Comisión Europea anunciaba que su Plan Europeo de Recuperación Económica contaría con 200.000 millones de euros, esto es, el 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de los 27 Estados miembros, de los cuales 170.000 millones (el 1,2 por ciento del PIB) corresponderían a las medidas nacionales y los 30.000 restantes serían aportados por el presupuesto comunitario y el Banco Europeo de Inversiones.

Así pues, aunque como advertía la canciller alemana, Angela Merkel, «no debemos caer en una carrera de miles de millones», lo cierto es que tras las astronómicas cifras de EEUU y las no menos elevadas de China (586.000 millones), los titulares de los medios de comunicación europeos insistían en el estímulo fiscal aproximado de 200.000 millones. Por mucho que el plan europeo no consista en ayudas dinerarias, sino en la apertura de un abanico de medidas que los gobiernos nacionales podrán utilizar en función de sus respectivas situaciones económicas. Al margen, eso sí, de la aceleración de los pagos de 6.300 millones de fondos estructurales y sociales a los Estados miembros o el redespliegue de ciertos fondos, como los 10.000 millones de euros destinados, al 50 por ciento, entre la inversión en tecnologías limpias en el sector del automóvil y la banda ancha.

Como preveíamos en nuestra «Euroventana» del pasado 30 de octubre, el objetivo del «Plan Europeo de recuperación económica» presentado ayer por la Comisión Europea (CE) es aumentar la demanda, salvar empleo y restaurar la confianza de los consumidores, reduciendo el impacto de la crisis sobre los ciudadanos más afectados por ella, a la par que se refuerza el potencial competitivo de Europa, contribuyendo al cambio hacia una economía baja en carbono. Esto es, medidas a corto, que, sin olvidar la necesaria «reestructuración del sistema económico a medio» -en palabras de José Manuel Durao Barroso, presidente de la CE-, impliquen una prosperidad sostenible a largo plazo, tal y como se acordó en la Estrategia de Lisboa.

El Plan presentado esta semana en Bruselas deberá implantarse principalmente a lo largo del 2009 y también del 2010, tiempo en el que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se relajará hasta su máximo permitido, es decir, el 3 por ciento del déficit público, por mucho que el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, recuerde que el citado Pacto «no está entre paréntesis».

Los Estados miembros, cuya aportación estimada del 1,2 por ciento del PIB es una media -ya que cada uno aportará el importe que su situación presupuestaria le permita-, podrán utilizar la «caja de herramientas» aportada por Bruselas, eligiendo entre diferentes medidas como la reducción del IVA (hasta el mínimo permitido del 15 por ciento), la ampliación de la cobertura por desempleo, o disminución de la carga fiscal de los salarios más bajos.

De esa forma, la CE se asegura la coordinación de las medidas entre los diferentes Estados miembros, maximizando así sus esfuerzos, y evitando que algunas de éstas puedan tener repercusiones negativas sobre el resto de países que conforman la UE. Pues, como afirma el comisario Almunia, «uno y uno puede no sumar dos e incluso puede dar como resultado cero».

La propuesta de la Comisión comentada aquí será debatida por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo de los próximos 11 y 12 de diciembre, momento en el cual ya conoceremos muchas de las medidas que adoptarán los Estados miembros en aplicación de las directrices comunitarias, pues, entre otras cosas, éstos deberán presentar antes de que finalice el 2008 sus programas de estabilidad o de convergencia actualizados.

Además, para muchos de los hipotecados lectores, es interesante destacar que en ese momento prenavideño, según apuntaba el presidente del Banco Central Europeo, Sr. Trichet, la moderación de precios llevará a una nueva rebaja de los tipos de interés que seguramente conllevará, a su vez, una caída del Euribor por debajo del 4 por ciento en el que se sitúa ahora.

Para mayor información, en breve podrá leerse el texto completo del Plan de recuperación en http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

Ramón Tamames

Los dirigentes europeos proclaman la necesidad de abordar la crisis de forma conjunta y algunos incluso presumen de estar haciéndolo. Otros, con algo más de prudencia, se conforman con hablar de coordinación. Pero ni lo uno ni lo otro tiene suficientes visos de ser verdad. Más real es que cada gobierno está afrontando los problemas como cree y puede, aunque sea tratando de guardar las formas a base de pactar y suscribir comunicados conjuntos al término de cada reunión.

Quizás, una parte del problema sea que nadie tiene demasiado claro qué hacer. Prueba de ello puede ser la dispar implementación de las medidas de rescate, ayuda y asistencia al sistema financiero, fijadas primero en París por los países adheridos al euro y ratificadas posteriormente en Bruselas por el pleno de los veintisiete estados comunitarios. En varios países ni siquiera se han puesto en marcha, y los que sí lo han hecho están aplicando sus propios mecanismos, sin una mínima orientación común.

La Comisión Europea lanzó ayer una especie de brindis al sol patrocinando la necesidad de inyectar del orden de 200.000 millones de euros (cada país los suyos) a las economías comunitarias para tratar de acortar la etapa recesiva en que la mayoría de ellas está ya sumida. La propuesta pasará a formar parte de la agenda de la próxima cumbre de jefes de Estado y Gobierno que los días 11 y 12 de diciembre cerrará la presidencia semestral francesa, pero es poco probable que se pueda aprobar más allá del tradicional conjunto de vaguedades porque existen serias discrepancias sobre cómo materializar esa inyección.

Citando únicamente las expresadas en materia de política fiscal, la rebaja del IVA decidida por el premier británico Gordon Brown ha sido descartada por otros socios, comenzando por la canciller Merkel, que tampoco se mostró demasiado de acuerdo con las ideas expresadas en ésa y otras cuestiones por el presidente Sarkozy. Incluso la propia Comisión Europea se ha manifestado contraria a una posible reducción del tope mínimo comunitario del 15 por ciento fijado para el impuesto que grava el consumo.

La arquitectura institucional europea no contempla nada parecido a un gobierno económico comunitario, ni siquiera restringido al área del euro, sino que mantiene en manos de los gobiernos estatales la plenitud de potestades en materia de política económica. La única entidad supraestatal es el Banco Central Europeo (BCE), pero su estatuto de independencia le permite actuar con plena autonomía, tanto de los Ejecutivos nacionales como de la Comisión Europea y el Ecofin.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, propuso semanas atrás la constitución de una presidencia del Eurogrupo, a modo de gobierno económico de los países integrados en la moneda única, pero la idea no ha suscitado apenas aceptación. Seguramente, la propensión del líder galo a ser plato principal en todos los menús ha inducido recelos, a los que hay que sumar la escasa propensión genérica a ceder parcelas de soberanía.

Convenga, como dicen, o sea simple retórica, como parece, la realidad es que la presumida acción conjunta de la Unión Europea (UE) frente a la crisis no existe y probablemente es imposible a menos que se transforme profundamente la actual arquitectura institucional. De momento, la acción conjunta va poco más allá de concentrar esfuerzos para acordar una declaración pomposa al término de cada reunión.

Enrique Badía

El pasado jueves se publicaba el segundo artículo de una miniserie de tres sobre las actitudes en torno a la crisis económica, que empezamos por varios premios Nobel, entrando ya en el territorio de los gurúes, dejando constancia ya de algunas ideas de Greenspan, Soros y Nassim Taleb. Así pues, hoy nos referiremos a algunos otros gurúes, empezando ya por el Prof. Richard Dale, quien en una carta escrita al Financial Times, y publicada el 19 de septiembre del 2008, manifestaba que resulta fútil culpar a los banqueros de la crisis.

La razón de esa futilidad es que, como todo el mundo sabe, cuando a los banqueros se les deja a su libre albedrío, ineluctablemente tienden a entrar en áreas de negocios cada vez más arriesgadas. Sobre todo cuando las autoridades, razonablemente, no saben o no quieren frenarlos. Y a ese respecto, el propio Richard Dale recuerda, en su libro International Banking Deregulation: The Great Banking Experiment (1993), que él mismo se pronunció con toda claridad sobre el creciente potencial de destrucción de todo el sistema bancario.

Por su lado, Samuel Brittan, en un comentario a un libro -por él muy estimado-, The origin of financial crisis, de George Cooper, sostiene la tesis de que los mercados de activos financieros son especialmente vulnerables a efectos de boom y de slowdown; siendo, pues, los escenarios donde actúan más ostensiblemente las fuerzas desestabilizadoras del sistema financiero en momentos de crisis. Y para rematar su idea, al final del comentario evoca la frase de J. M. Keynes de que «la moneda no se maneja por sí misma»; algo que es extensible al crédito, y sobre todo a los nuevos circuitos financieros autorregulados donde han sido visibles los mayores dislates.

Por su parte, Niall Ferguson, célebre por sus trabajos sobre los imperios británico y americano, ha publicado un extenso trabajo, The ascent of money, obra en la que analiza la historia económica de la humanidad, y se pronuncia sobre la actual crisis, sosteniendo la idea de que es cosa muy seria, la más grave desde los años 70, y en el caso de los bancos, desde 1931. Especialmente porque el sistema crediticio se halla atascado, y los bancos no necesitan prestar más, sino prestar menos, a fin de pagar deudas y sanear sus balances. De modo que si esa situación persiste, se creará un cuello de botella en el sistema que afectará seriamente a la economía real. Ocurrió en Japón en los años 90 y está empezando a pasar lo mismo ahora.

En ese contexto, Ferguson entiende que lo lógico es una oleada de fusiones: «los grandes se comerán a los pequeños, de modo que los bancos más fuertes aprovecharán las oportunidades para hacer dinero». Y termina Ferguson: «Lo más importante son los estímulos fiscales: arrojar dinero desde el cielo con helicópteros, y rezar para que todo el mundo se lo gaste y no lo meta en el calcetín. Porque el gran miedo ahora es un escenario de deflación, en el que nadie consuma, los precios bajen en picado y la burbuja de la deuda se pinche. En los próximos meses, los bancos centrales harán cosas que sólo hace un año habrían parecido increíbles».

Por último, nos ocuparemos de un gurú muy particular. Se trata de Nouriel Roubini, hijo de judíos iraníes nacido en Estambul en 1957, y que después de hacerse economista fue ocupando una serie de cargos como asesor del Departamento del Tesoro de EEUU desde 1998 hasta el 2000; para acabar como profesor en la Escuela de Negocios Stern, de la Universidad de Nueva York.

En el 2004, Roubini inició sus críticas sobre la evolución de la economía de EEUU, y en el 2006 ya expuso en el FMI presagios muy pesimistas subrayando que «tenemos un sistema financiero subprime, no un mercado de hipotecas subprime». Luego, ya en octubre del 2008, concretó la necesidad de garantizar temporalmente todos los depósitos bancarios, inyectar más liquidez en el sistema financiero, recapitalizar los bancos viables, e incluso nacionalizar parte de ellos.

Según The Times de Londres, Roubini se ha convertido en el profeta económico de nuestro tiempo y, tras sus predicciones acerca de la crisis, «anda repartiendo consejos a políticos y hombres de negocios desesperados por obtener respuestas». Al iniciarse la crisis, Roubini se convirtió en el Doctor Catástrofe, anunciando que cientos de hedge funds explotarían; y que algunas bolsas tendrían que cerrar hasta una semana, para que no se extendiera el pánico.

Pero Roubini tiene también sus propios críticos: «Predijo una inminente catástrofe hace cuatro años y no llegó; fracaso que achacó primero al déficit comercial, luego al déficit fiscal, y más tarde al precio del petróleo… algún día tenía que acertar».

Hay, asimismo, algunos otros economistas que anunciaron la catástrofe desde hace años, entre ellos Luis Garicano, profesor español de la Universidad de Chicago y de la London School of Economics, quien en el otoño del 2007 predijo en una revista española: «El mercado americano, donde se concedían hipotecas a gente sin garantías, hizo crac en julio. Inglaterra está igual… Pero en ningún país pasa lo que en España, donde la mayoría de las hipotecas son de interés variable, con un castigo creciente a los hipotecados: las familias están cada vez más endeudadas, con ingredientes que forman un cóctel explosivo». José Luis Feito, por su parte, en junio del 2006 manifestó al periodista Carlos Salas: «En el 2007 ya se empezará a notar la crisis, y en el 2008, cuando los tipos estén cerca del 5%, vendrá el golpe». Tal cual.

Por último, una referencia del más conocido de los gurúes, y hombre más rico del mundo, Warren Buffet, consejero delegado del holding Berkshire Hathaway, quien también a veces se equivoca. Por ello recibió un aluvión de críticas a causa de su artículo «Compra América, yo lo hago», publicado enThe Wall Street Journal a finales de octubre del 2008. Concretamente, el popularmente conocido como Oráculo de Omaha (por la capital de Nebraska, su Estado natal) aseguró que había llegado el momento de comprar acciones de empresas norteamericanas ante sus valores muy atractivos después de las caídas bursátiles. Una recomendación prematura por el patriotismo, pues las bolsas siguieron cayendo.

«Estos gurúes de nuestros pecados no tienen remedio y nos llevarán al huerto…», me comentó hace poco una vecina mía.

Ramón Tamames

La operación de entrada de la petrolera rusa en Repsol ha cambiado los papeles que, teóricamente, deben jugar el POSE y los PP. Intervencionismo y liberalismo con distintos actores a los que asignar los guiones.

La legislación de inversiones extranjeras, Ley 18/1992, adapta la Directiva de la CEE de 1988 y sólo incluye como sectores estratégicos para no residentes en la Unión Europea el juego, las actividades relacionadas con la defensa nacional, la radio, la televisión y el transporte aéreo. Jurídicamente, el Gobierno no tiene potestad administrativa para impedir o condicionar la operación, más allá de la aplicación de la Ley de Opas, cuya vigilancia corresponde a la CNMV, si la adquisición alcanza el 30% de las acciones o determina el control de la gestión.

Cuestión distinta es la financiación, vía ICO, de la adquisición previa por Sacyr, sin que el Instituto hubiese tomado los controles adecuados para la enajenación del paquete accionarial mientras no se cancela el préstamo. La financiación con recursos públicos, el ICO se financia por la Ley de Presupuestos y se autoriza el montante máximo de avales, sí es materia para una Comisión de Investigación, aunque sea a toro pasado, visto el derrotero que ha tomado la posición de Sacyr.

Rajoy se ha equivocado al pedir una Comisión sobre Lukoil, que, además, probablemente, reciba una calificación negativa por la Mesa del Congreso, ya que carece de competencia sobre sociedades no nacionales y su equipo director no tiene ninguna obligación de comparecer. Esfuerzo vano y baldío.

Zapatero, por su parte, ha salido vivo del debate en la Cámara, proclamando que España es una economía abierta, y el PP ha errado el tiro una vez más, incapaz de ofrecer un discurso coherente y que defina un marco de intervención legal en las inversiones extranjeras. Rajoy podría haber propuesto una reforma legal que limitase las compras de participaciones significativas por sociedades públicas o participadas por Estados, basándose en un principio de reciprocidad en la Unión Europea y un control estratégico en el caso de Estados que no pertenezcan a la Europa de los 27. Una nueva oportunidad perdida y una debilidad en el discurso político, para el que se utilizan expresiones vacías como «operación inmoral». Zapatero se ha permitido decirle que le ha fallado incluso la ironía con que se luce en la tribuna.

En un momento en el que la crisis económica ha reabierto el debate, liberalismo–intervencionismo, el PP tiene la obligación y la necesidad de fijar una posición ideológica. Todos los días en la política hay que intentar decir lo mismo, y en los grandes asuntos de Estado hay que venir con más bagaje que si se estuviese en el aperitivo de un casino de provincias departiendo con el recordado Paco Martínez Soria.

En la Unión Europea la respuesta a la crisis está trastocando estructuras constitutivas, como la defensa de la competencia, la interdicción de las ayudas públicas o el control del déficit público. Un cambio de esquemas que exige prudencia, transparencia y eficacia y que centra la estrategia en los Estados, lo que es significativamente aplicable a España, en la que se ha producido y se sigue intentando una jibarización de la visibilidad y de los poderes del Estado por los nacionalistas y las Comunidades Autónomas. La vicepresidenta, Fernández de la Vega, ha reclamado un Estado fuerte frente a la crisis, adelantando por la derecha a Rajoy, mientras Zapatero, por la izquierda, le ponía encima de la mesa del Congreso los 20.000 trabajadores de Sacyr.

Las encuestas en plena tormenta siguen sin responder a lo que debería esperarse del principal partido de la oposición y sitúan a Rajoy, en valoración personal, al nivel de Bibiana Aído, con una nota de un 4. Algo se debe de estar haciendo mal cuando el PP no despega y el liderazgo de Rajoy está a la altura de los termómetros invernales. Alguno tiene que estar equivocándose. Y por mucho que molesten las apariciones de Aznar, con pelo largo o con pelo corto, que cada uno se lo corta cuando le parece, su intervención recoge la apreciación de muchos ciudadanos en la calle, como se refleja en las encuestas.

Cada uno puede formular la teoría de la conspiración que le parezca, si le reconforta, o hacer admoniciones y exorcismos de centrismo y liberalismo, pero la política es un trabajo en el que hay una cierta crueldad, pues día a día se confronta con la opinión pública. Si un líder no convence a los propios, ni a los empresarios ni a los trabajadores, se le podrá atribuir en un ejercicio de ensoñación las virtudes de Ghandi y las de Jhon F. Kennedy juntos, pero parece difícil que pueda ganar unas elecciones.

Ignacio del Río

No se han escarbado mucho el cerebro en la fábrica de ideas de Zapatero ni en la de Solbes para alumbrar el nuevo plan de apoyo al desfallecimiento de la economía. Ya se había en tiempos de Franco y luego en los de UCD y también como es lógico en tiempos del PSOE. La obra pública es un recurso muy socorrido para generar empleo (naturalmente temporal, desde luego de bajo perfil profesional y generalmente generador de inmigración) en la España periférica. No está claro que entre todo el dinero que se anuncia se destine alguna cantidad a poner remedio, de paso, a alguna de las carencias más ostensibles del país, la falta de capacidad de almacenamiento de agua (en vulgar, pantanos) por ejemplo. Sería una buena oportunidad, ahora que hemos atravesado un verano de grandes privaciones en algunas zonas de la geografía peninsular.

Los autores de la idea no han tenido que echar mano más que de la hemeroteca para ensamblar cuatro ideas, ponerle cifras actuales y repartir golosinas entre los Ayuntamientos, esas instituciones a las que la crisis de la construcción está castigando con especial ferocidad porque han perdido los ingresos de las recalificaciones y de la construcción inmobiliaria. Los presupuestos de los municipios pueden ser este año, y sobre todo el que viene, un auténtico desastre, a juzgar por las evidencias que empiezan a verse. Los Ayuntamientos no quiebran ni llevan sus libros al Juzgado para iniciar concursos de acreedores, pero el estado del sector inspira seria preocupación. Se decía que tras las inmobiliarias, el dominó de la crisis se llevaría por delante a alguna entidad financiera, pero a los que puede llevarse por delante es a algún Ayuntamiento porque los alcaldes, con las masivas entradas de ingresos del mundo inmobiliario que han tenido estos años, no se han dedicado -salvo honradas excepciones- a realizar inversiones sino a incrementar los gastos corrientes y a cultivar el clientelismo, mediante contrataciones masivas, que ahora se encuentran en serios aprietos. Y lo que viene.

Estos días precisamente los Ayuntamientos están embarcados todos ellos en la recaudación del IBI, ese impuesto que empieza a poner los pelos de punta a los propietarios de inmuebles porque llega con subidas generalmente fuertes, aunque lo peor está por llegar. El IBI del año que viene será fino, vaticinan ya la mayoría de los alcaldes.

De momento, el Gobierno ha optado por regar al sector con importantes dádivas que preferiblemente irán a fomentar las obras públicas en los municipios que más necesidades sean capaces de mostrar. La idea no es mala si se tiene en cuenta que el aumento del paro en los últimos meses ha sido escalofriante precisamente en el sector de la construcción, ya que la edificación de viviendas está en estado de coma. Dar la alternativa de empleo en la obra pública a quienes lo perdieron en la construcción puede tener una eficacia aceptable, aunque no exactamente compensatoria.

Lo malo del plan del Gobierno es que sigue sin afrontar -aunque lo identifica- el problema del sector industrial, que es en donde está hoy por hoy la segunda base más importante del empleo privado en España (la primera es el turismo y el ocio), una base que se está viviendo abajo con rapidez considerable. Lo estamos viendo en el sector más multiplicador de la industria española, el del automóvil, al que el plan anticrisis del Gobierno dedica algún dinero, pero muy lejos de las medidas (no tanto ayudas) que el sector debería poner en marcha, algunas públicas, otras de la propia industria, para dar un paso en la mejora de la competitividad exterior. En esta crisis se está viendo que una parte de la reducción de producciones en este sector (y en otros sectores industriales también) está respondiendo a una ostensible debilidad de la demanda, pero hay también una parte de la reducción productiva que se justifica por el traslado a otras plantas no españolas de los compromisos de producción. Los sindicatos están muy atentos a la hora de desbrozar las cifras de los ERE en marcha o en negociación, pero no siempre es fácil separar una cosa de la otra. Es decir, esta crisis la aprovecharán algunas multinacionales para expatriar capacidades de producción y deslocalizar industrias de forma parcial. Contra ello quizás se pueda luchar de algunas formas, pero la más eficiente y de mayor futuro sería la de proveer al sector de unas condiciones competitivas más en líneas con las de otros países, quizás esos mismos que se beneficiarán en el futuro de nuestra falta de competencia.

Primo González

En estos primeros ocho años del siglo XXI se han producido dos acontecimientos que alteran las concepciones políticas y sociales de los Estados arrastradas de la centuria pasada. El primero fue el ataque terrorista el 11-S del 2001 en Estados Unidos, que obligó a los poderes públicos a reformular la ecuación libertad-seguridad, enfatizando la segunda sobre la primera. El otro acontecimiento que ha variado la concepción de los Estados es la recesión económica que vive el mundo occidental y que ha exigido a las Administraciones públicas socorrer al sistema financiero y amparar a la llamada economía real interviniendo en uno y otra de forma resuelta y decisiva.

La consecuencia de estos fenómenos históricos es que el Estado ha cobrado un protagonismo repentino para garantizar el orden y la ley y para sostener el entramado económico-financiero. Quién suponga que estos hitos no conciernen a las ideologías dominantes, se confunden. Las crisis terrorista y económica requieren repensar y reescribir conceptos políticos que todos creímos plenamente consolidados, y sobre todo uno: la primacía de lo particular sobre lo público y de lo individual sobre lo colectivo. Al fallar los mecanismos de seguridad ante la delincuencia terrorista y las pautas de autorregulación del libre mercado ante los desafueros especulativos, la dicotomía izquierda-derecha queda todavía más diluida de lo que estaba.

Todos los gobiernos, sean del signo ideológico que sean, actúan de manera muy similar, apenas sin margen para poner en práctica políticas alternativas. ¿Qué diferencia existe ahora entre Bush y Brown, por poner el ejemplo de un liberal y un socialdemócrata? Apenas si existen: ambos dirigentes están dando cara al terrorismo y a la crisis económica con recetas casi idénticas. Recetas que tienen un denominador común: el Estado interviene con protagonismo aplastante y sin que nadie lo ponga en cuestión.

Creo que esta reflexión es importante hacerla en España. Aquí la distancia entre la izquierda y la derecha se ha construido sobre políticas simbólicas, sobre el esquema social de valores cívicos imperante y sobre el entendimiento de los elementos definitorios del Estado y de la Nación española. Pero todos estos argumentos de confrontación tienen mucho de anacrónico y son, por ello, perecederos. Pasará el debate sobre la memoria histórica; la unidad territorial no podrá quebrantarse y se impondrá una tendencia a converger en torno a los asuntos de carácter moral hasta encontrar un común denominador que ha de ser cohesivo y, por tanto, bastante menos «progresista» de lo que el Gobierno parece desear con desconocimiento de la realidad social española.

La oposición conservadora -el Partido Popular- está votando favorablemente las medidas excepcionales para combatir la crisis que articula el Gobierno socialista y éste asume la filosofía general en la Unión Europea, que no es precisamente socialista. Y superado el imposible «proceso de paz» con ETA, el Ejecutivo del PSOE practica una política policial que en nada sería diferente a la del PP. O sea, que si la visualización de la alternancia mediante la apreciación de políticas distintas ya era difícil, ahora lo es más con la omnipresencia del Estado como instancia de solución y de intervención. Y aun cuando queden superadas las fases agudas de las crisis, los poderes públicos no retrocederán para restablecer las tesis más radicalmente liberales -Bush abandona física e ideológicamente la Casa Blanca-, ni tendrán sentido tampoco las políticas nacionalistas y proteccionistas propias de la izquierda menos evolucionada.

Con todo, el desafío que representa el regreso del protagonismo del Estado se dirige más a la derecha que a la socialdemocracia, porque con la intervención estatal una parte de la derecha -esa que representaba Greenspan- ha entrado en caducidad.

José Antonio Zarzalejos