Los atajos del Gobierno no han servido para sacar adelante la Ley Sinde. Y al haber intentado ir de tapadillo entre un millar de enmiendas, la ministra de cultura se convierte en la máxima responsable de una norma chapuza defendida a cualquier precio y de cualquier manera. Primero, ha permitido que uno de los nuevos retos democráticos más importantes, regular las descargas en Internet, se incluyera en la Disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, una enmienda que, dicha de corrido, suena a escondite. No ha apostado, por tanto, por redactar una ley desde sus competencias que, por ser la primera, pasaría a la historia reciente de Internet en España.
El disimulo ha servido de poco. En una de las jornadas más intensas del Congreso tuvo que votarse aparte como solicitó PNV, CC y ERC. Y a partir de ahí el debate, la negociación, presiones, prebendas políticas a cambio del sí. La mayoría de estas gestiones, sin luz y taquígrafos, como debiera ser el negociado de una ley de este corte. El tira y afloja se saldó con Ciu tirando de chequera poniendo precio al voto y el PP exigiendo garantías judiciales para el cierre de webs que ofrezcan contenidos con derechos de propiedad intelectual.
En los pasillos se quejaba el entorno de la ministra de cultura de no haber sabido explicar bien el texto. Sin embargo, en la red, desde donde se organizaron decenas de hackeos – ninguno de consecuencias fatales – se vivió un seguimiento exhaustivo y se aprovechó para explicar punto por punto en qué afecta la ley a todos los usuarios. Razones que coincidían con la versión del no en el Congreso y los motivos que han tumbado la norma.
Gana el no a la redacción de la ley. Un texto tan ambiguo que podría aplicarse a las páginas Web casi sin distinción. Los ejemplos son de sobra conocidos. Una página, con un video de Youtube, podía ser denunciada y por tanto cerrada. O enlaces con derechos de autor en blogs con publicidad – bien del creador, bien de Google – donde se puede alegar que hay beneficio económico por rebotar enlaces a otros medios. Es decir, el Gobierno, alegando la buena intención de no querer cerrar este tipo de páginas, deja la puerta abierta para que así suceda. Como dice el periodista Fernando Berlín, “la ley Sinde crea inseguridad jurídica para miles de webs”. Porque la esencia de Internet es eso, cortar, pegar. Los links como ruta y no delito.
Se ha tumbado una ley técnicamente imposible de aplicar. Las páginas que facilitan descargar películas, música o libros vulnerando la ley de protección intelectual son, precisamente, las de más fácil reproducción. “Este tipo de páginas las cierras y abren con otra dirección», reflexiona Berlín.
Y cae la ley con el rechazo a la poca resistencia de España frente a Estados Unidos, detectado en el texto por los internautas y desvelado después por las filtraciones de Wikileaks. La ley Sinde afecta al estatus de país, afirma el experto Enrique Dans a las puertas del Congreso. Se importa una ley de Estados Unidos en contra de las competencias y jurisprudencia actual que han marcado los jueces. En España los enlaces P2P no son delito. Hasta en diez casos se han sobreseído denuncias a páginas de enlaces en distintas audiencias provinciales. Sinde ha querido transferir las competencias de los jueces a un órgano administrativo. Los magistrados de la Audiencia Nacional no ban a decidir cerrar o no la página, sólo valorar si el cerrojazo digital vulnera derechos fundamentales.
Se ha votado, sobre todo, en contra del Comité de miembros nombrados por el ministerio para tramitar denuncias. En definitiva, comisarios políticos para decidir sobre el apagón de contenidos en función de lo que consideren descargas ilegales. Se vulnera así el derecho a la legítima defensa. Si el comité de expertos de Cultura tiene tiempo ilimitado para valorar una denuncia, para el afectado los cuatro días en los que decide la Audiencia Nacional no son suficientes para pedir una prueba pericial o preparar la defensa. El resultado es una justicia paralela. Si el denunciado no está de acuerdo, le quedará la vía del recurso en los tribunales ordinarios, con la web cerrada y la lentitud que esto supone. “En ese tiempo – explica Enrique Dans – hundes una página”.
Cerca de la media noche, los diputados aplaudieron el no al final de la votación y en la red estalló la fiesta. Ganan los internautas frente al Gobierno y a los portavoces de la industria del cine, la música, las grandes editoriales. Porque el problema no es comunicar la ley, si no regular la protección intelectual sin tocar la libertad de expresión. La ministra ha fracasado en su mayor apuesta. O dimite, o el Gobierno tendrá difícil justificar que continúe en el cargo en el futuro. Les queda el intento de llevarla al Senado, donde no tienen mayoría. Y a los que defienden la propiedad intelectual les queda tiempo para reflexionar sobre la forma de sus presiones. Quién iba a decir que los mayores defensores de la cultura durante el franquismo, ingeniosos para burlar la censura, no utilicen ahora la misma imaginación, pericia, inteligencia, en defender sus intereses económicos sin perjudicar el derecho fundamental y universal de acceso a la información.
Pilar Velasco