O el Gobierno impide que se hagan análisis, sugerencias, previsiones y diagnósticos sobre la incidencia de la crisis económica en España o comienza a reconocer la realidad de los hechos y actuar en consecuencia. Es decir, o cambia de estrategia para superarla o impone la censura, cierra los institutos de opinión, las entidades especializadas y los servicios de estudios, e impide el acceso de los españoles a los documentos de los analistas extranjeros, individuales o colectivos, como China hace con internet. Ya no queda otro remedio. La táctica balbuciente pero insistente de poner una fecha cercana al comienzo de la recuperación, sólo un poquito posterior al final de los más graves problemas, y de insistir en las fortalezas de nuestro sistema económico –siempre, además, en desdoro de otros países- ya no tiene pase alguno. Cada vez que alguien quiere explicarnos lo que pasa, ya sea premio Nobel o funcionario internacional, se viene abajo la casamata propagandística oficial.
Ayer le tocó el turno a la Comisión Europea y al propio Joaquín Almunia al que, por muy ninguneado que haya sido por su sucesor en la secretaría general del PSOE, nada le gustaría más que poder dar otra versión de la realidad. En resumen, tres cifras escalofriantes: la economía se contraerá en el 2009 hasta el 3,2%, el paro puede alcanzar en el 2010 el 20,5% y el déficit llegar a las puertas del 10%. Es decir, una contracción de esa naturaleza imposibilitará la creación de empleo en bastantes años. El modo en que se refugia el Gobierno de la que se avecina asegurando una y otra vez que todos los parados, presentes y futuros, verán asegurada y ampliada su protección social (incluidas pensiones, sin reforma de ninguna naturaleza) se aproxima a la pantomima y al descalabro general con unas cifras de paro como las que se estiman. No hay Estado de Bienestar sin crecimiento económico, una evidencia -a izquierda y derecha- que el Gobierno parece olvidar una y otra vez, seguramente porque está en las nubes. Y, con todo ello, el déficit galopante es, además de un impuesto añadido, el elemento que nos hipoteca para el futuro e impide mejorar la tan enferma competitividad española.
El presidente y su equipo (al menos los que, ante tal avalancha, siguen levantando la voz) se conforman con responder que todo son opiniones, que algunas son catastrofistas y que las cosas no tienen que ser necesariamente así. En esto último tienen su cuota de razón. No necesariamente tienen que ser del todo perniciosas aunque ya sea inevitable que sean malas, pero para ello es preciso desquitarse de los complejos, de los miedos a las reacciones inmediatas de unos u otros afectados, y modificar, corregir y ampliar claramente el paquete de medidas para atajar la sangría.
O se censura a Almunia (y a tantos) y se impide su vuelta a España para que no hable con nadie (y a muchos otros) o se cambia el rumbo. De otro modo, a los males de la economía habrá que añadir un deterioro constante y exponencial del crédito del Gobierno.
Germán Yanke