Unos 300 colombianos, varados en Chile por la pandemia del nuevo coronavirus, a la espera de ser repatriados en un vuelo dispuesto por el Gobierno tuvieron que firmar a cambio una declaración jurada que les prohíbe regresar al país durante nueve años, lo que generó una fuerte polémica.
El documento también pide su renuncia a toda solicitud de residencia o de refugio, o al estatus de refugiado en caso de que lo posea, denunciaron asociaciones de inmigrantes.
Cerca de 350 colombianos que llevan un mes acampando delante del Consulado General de su país en Santiago de Chile y unos 50 ecuatorianos ya habrían suscrito las condiciones del Gobierno chileno, que se prevé que financie su vuelo de retorno, según la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
«Ellos saben lo que significa, pero están sin trabajo ni lugar donde vivir y quieren volver a su país sí o sí. Son conscientes de que les están haciendo chantaje, pero es lo que hay», dijo a EFE el presidente de la asociación, Héctor Pujols.
Algunos de los inmigrantes varados se quedaron sin poder retornar a su país tras la cancelación de sus viajes por la pandemia, mientras que otros se vieron afectados por el cierre de fronteras de ambos países.
«Se dice que es voluntario, pero cuando una persona perdió su trabajo, su casa, incluso el apoyo de su propio país, la verdad es que no hay libertad para firmar; no tienen otra opción», opinó el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña
Cuestionado plan migratorio
La declaración jurada y las condiciones que contiene se enmarcan en el «Plan Humanitario de Regreso Ordenado» aprobado por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2018 y dirigido principalmente a la comunidad haitiana en Chile que por problemas con el idioma, por las dificultades para encontrar empleo o viviendas adecuadas, o por otros motivos quisieran regresar a su país.
Dicha campaña ya fue calificada en su día de «deportación encubierta» y de «desproporcionada» por varias organizaciones, pero el Ejecutivo alegó que se trataba de una «opción voluntaria».
«El esfuerzo que hace el país de financiar un vuelo con estas características, requiere, por parte de quien lo usa, un compromiso de no regresar, sino sería un ingreso y salida permanente con financiamiento del Estado», dijo en aquel momento el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para explicar el compromiso que adquieren los migrantes de no regresar en nueve años.
Dadas las condiciones actuales por la COVID-19 y la precariedad en la que viven cientos de migrantes en la capital chilena, durmiendo en carpas y sufriendo el frío del invierno austral, el director del Servicio Jesuita a Migrantes fue tajante: «Esto no es humanitario».
«Es miserable», añadió Pujols, quien señaló que hay unos 50 bebés y niños viviendo en la intemperie.
Estrella Digital