La Corte de Justicia de la República (CJR) ha culpado a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, de negligencia en el desvío de fondos públicos dentro del caso Tapie. Sin embargo, la sentencia choca con la pena a la que debe enfrentarse Lagarde, ni condena ni antecedentes penales. Nada de nada.
Los antecedentes del denominado ‘caso Tapie’ que ha acabado con está condenada se remontan hace más de 16 años. Todo comienza en 1992, cuando el empresario Bernard Tapie pone en venta su empresa de material deportivo, Adidas. La vende porque entra en un conflicto de intereses al querer ser nombrado ministro por François Mitterrand.
Un año después, la entidad pública en aquel momento, Crédit Lyonnais, vende la empresa al precio de 2.085 millones de francos (318 millones de euros). La operación de venta generó importantes plusvalías, que dos años más tarde reclama para sí Tapie. Al no aceptarse su petición, el empresario inicia un largo proceso judicial.
Ya en 2005, la Corte de Apelación de París condena a la entidad a pagar 135 millones a Tapie, en concepto de las plusvalías. Sentencia que deja en suspenso días después la Corte de Casación. Entonces, es dos años después tras negociar cuando interviene Lagarde. En 2007, el Ministerio de Economía (con Lagarde al frente) abre un arbitraje privado para indemnizar a Tapie por 403 millones. La decisión se volverá a recurrir y ya en 2012 se inicia el proceso judicial que finalizará con la condena a Lagarde.
La instrucción iniciada hace más de 4 años, ha tenido una importante repercusión política. La CJR dedicaba gruesas apreciaciones sobre la actuación de Lagarde, y el duro interrogatorio al que le sometió la semana pasada la presidenta del tribunal, Martine Ract Madoux, presagiaban este resultado.
En Francia hay cierto escepticismo hacia el CJR, un tribunal especial en el que participan los propios parlamentarios para juzgar a su pares. Según los hechos ahora sancionados, Christine Lagarde actuó de manera negligente en uno de los escándalos políticos de la época del presidente Nicolas Sarkozy que aún hoy sigue enredado en otras jurisdicciones francesas.
Un largo proceso que finaliza sin consecuencias penales para Lagarde, pero con implicaciones políticas. Ahora, será el propio FMI el que deberá decidir si prorroga la presidencia de la francesa o por el contrario decide rescindir de ella.
Pedro Ruiz