Privado de ver fútbol. Esta es la situación que viven todos los minusválidos residentes en el municipio madrileño de Cobeña desde el año 2014. Una cuesta de hormigón con una inclinación del 16% es el primer obstáculo que deben superar todas las personas con movilidad reducida para presenciar cualquier encuentro en el polideportivo municipal. Sin apenas aliento y con pocas fuerzas en los brazos, estos discapacitados físicos deberán realizar otro esfuerzo aún mayor para llegar a las inmediaciones del campo de fútbol. Un camino de arena, que cuando llueve se convierte en un barrizal, es la última barrera que deben salvar estas personas para disfrutar del deporte en su municipio. Lo más curioso del asunto es que el consistorio afirma haber encargado la adecuación de estos accesos a una empresa mediante un contrato menor, pero la oposición denuncia que ese contrato no ha existido nunca.
En el año 2014, ante la gran demanda que existía en la escuela municipal de fútbol de Cobeña su alcalde, Jorge Amatos Rodríguez, decidió reformar uno de los dos campos con los que cuenta la localidad, para mejorar así las condiciones de jugabilidad de los menores. El objeto principal de la obra era eliminar la superficie de tierra de la cancha y colocar en su lugar un césped artificial de última generación, aunque en el proyecto también se enmarcaban otras medidas como la renovación de banquillos, marcadores, aseos… En cuanto a los accesos para personas con movilidad reducida, el proyecto presentado por el arquitecto municipal, Luis Valdemoro López, afirmaba que cumplía con la Ley de Barreras Arquitectónicas.
Ángel Andrés Ginés Cantero, portavoz municipal del grupo Iu-Coip en el ayuntamiento de Cobeña y persona que utiliza una silla de ruedas, decidió presentar a finales de 2014 un escrito de denuncia en el consistorio al entender que el proyecto para la construcción del campo de fútbol artificial contaba con varias irregularidades. Entre éstas, Ginés destaca el apartado que hace referencia al acceso para personas con movilidad reducida. En este escrito, el edil de la formación de izquierdas repasa una serie de puntos de la Ley de Barreras Arquitectónicas que no cumple el proyecto.
En concreto, hace referencia a la pavimentación, la longitud y el ángulo que deben de tener las rampas que den acceso a estas personas discapacitadas. La Ley dice que el suelo deberá de ser duro, estable y antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo. Las fotos de los actuales accesos muestran todo lo contrario a lo que marca la legislación; pavimentos blandos con y sin lluvia, terreno poco estable repleto de resaltes y muy poco seguro para el tránsito de una silla de ruedas o de un carrito de un bebé. En cuanto a la longitud y los ángulos, la Ley marca que deberán de tener una anchura mínima libre de paso de 1,80 metros, una longitud máxima de 10 metros y una pendiente longitudinal de no más del 10% de desnivel. Esta normativa no la cumple ni siquiera el tramo pavimentado que precede al camino de tierra que da acceso al campo de fútbol. En este caso, la rampa previa tiene una pendiente del 16%.
Un contrato menor inexistente
Ante el escrito presentado por el concejal de IU-COP, Ginés, el arquitecto encargado de realizar el proyecto replica con otro texto en el que reconoce las deficiencias en el acceso para personas con movilidad reducida, pero se ampara en que la obra es una «actuación de mejoras de acabados e instalaciones» sobre un equipamiento deportivo ya existente y que por lo tanto no tienen la obligación de arreglar esta cuestión. Aun así, afirma en el mismo documento que la Concejalía correspondiente mediante un contrato menor realizará mejoras en cuanto a la explanación, compactación y pendientes longitudinales para conseguir un pavimento duro y estable.
«El problema es que ese contrato menor no ha existido nunca y las únicas obras que han hecho han sido tirar un poco de arena de río que cuando llueve se convierte en un auténtico barrizal», afirma Ginés. Además, el mismo concejal denuncia que el propio alcalde no ha sido capaz de facilitarle ese contrato menor y que lo único de lo que ha informado es que esa adecuación de los accesos la ha realizado una empresa de confianza.
Tras la respuesta del consistorio, la formación política de izquierdas decidió elevar la reclamación a la Comunidad de Madrid, que derivó la queja a la Concejalía de Vivienda, que es donde se encuentra el Consejo para la promoción de la accesibilidad. Este organismo se tomó enserio la denuncia de Ginés y decidió mandar un arquitecto, dependiente de la Comunidad de Madrid, para que realizara un informe técnico y jurídico. De los dos informes, el arquitecto concluye que en las instalaciones deportivas existen varios incumplimientos entre los que destaca el del artículo 19 de la Ley 8/1993 al carecer el campo de fútbol de un itinerario o acceso que pueda considerarse accesible.
Este informe fue remitido al Ayuntamiento que se defendió del mismo al afirmar que ya había realizado todas las obras para cumplir la normativa actual. Pero la realidad es que pasado más de un año desde que el arquitecto del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad realizará el informe, los accesos siguen igual o incluso peor porque cuando llueve el camino de tierra, que dice el consistorio ser un acceso reglamentario, se convierte en un auténtico barrizal y en una trampa para sillas de ruedas y carritos de bebés.