En un escrito, la Fiscalía desestima los argumentos de Torra, que denunció las «prisas» del TSJC para juzgarle en unas fechas en las que estaba previsto celebrar en el Parlament el Debate de Política General, y concluye que en una sociedad «igualitaria y democrática» no es procedente invocar «sin mayor concreción» la existencia de «eventuales privilegios» con relación a las obligaciones de los justiciables para «evitarlas, eludirlas o demorarlas».
«Todos o la mayoría de ciudadanos que deben comparecer ante un Tribunal de justicia o realizar trámites en procesos de todo tipo no se encuentran ociosos en el sofá de su casa esperando el llamamiento del tribunal, sino que suelen tener ‘funciones, obligaciones y agenda'», esgrime el escrito de la Fiscalía, que admite que tener que desplazarse a realizar trámites ante un juzgado «genera siempre alguna incomodidad».
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