miércoles, mayo 8, 2024
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El alcalde no reclama judicialmente una deuda de 600.000 euros

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En La Línea de la Concepción (Cádiz) ha ocurrido un fenómeno inexplicable. El caso, más propicio de ser investigado por un experto en lo paranormal, afecta directamente a las arcas del Consistorio, que ahora mismo tienen un déficit de 641.968,89 euros por unas supuestas irregularidades en los cobros a la constructora Excavaciones y Derribos SL, encargada de levantar unos pisos de protección oficial en la localidad. El alcalde, del partido local Línea Cien Por Cien, intenta por todos los medios que el asunto se judicialice. La gestión de esta deuda arranca cuando gobernaban sus actuales socios del Partido Popular, a los que les debe poder estar en el sillón de alcalde gracias a su abstención en su investidura como primer edil. 

Lo anormal del asunto no es la deuda generada por la construcción, generalizada desde que estallara la burbuja inmobiliaria en España. Por regla general, suele ser el consistorio el que por falta de financiación deja de pagar a la empresa constructora, pero en esta ocasión es al revés. Es la mercantil la que debe más de medio millón de euros al Ayuntamiento de la Línea de la Concepción.

La empresa deudora es Excavaciones y derribos SL. Según ha podido saber Estrella Digital, Emusvil firmó un contrato con la compañía para edificar en la ‘Promoción Reina Sofía’ en 2009. El problema es que el Ayuntamiento decidió pagar más de lo presupuestado inicialmente a la empresa constructora. Fuentes cercanas a la investigación afirman que este sobrecoste se realizó sin conocimiento y que la mercantil tampoco se dio cuenta del engrosamiento de la factura.

Al final, la obra finalizó con un déficit para las arcas del Ayuntamiento de 641.968,89 euros (más de 100 millones de las antiguas pesetas). Lo natural es que el actual equipo de Gobierno, encabezado por Juan Franco Rodríguez, reclamara la deuda a la compañía en los juzgados, pero la realidad es que el alcalde lo que ha intentado es negociar una dación de pago a través de la cesión de dos locales que se encuentran vacíos dentro de la promoción inmobiliaria.

La maniobra fue detectada por los grupos de la oposición y consiguieron que tanto la promotora como la constructora paralizasen la transacción porque temían incluso concurrir en un delito de prevaricación. Pero la sospecha ya había crecido en torno a la operación urbanística.

Por este motivo, un partido de la oposición encargó un informe de la Intervención municipal para valorar todas las posibles irregularidades cometidas por el anterior equipo de Gobierno y la compañía constructora, ademas de aclarar cuál era la cantidad adeudada. Fuentes cercanas y conocedoras del informe afirman que se han descubierto adjudicaciones a dedo y modificaciones del contrato tan sólo dos días después de haberlo firmado.

Aunque de lo encontrado, lo que más ha sorprendido ha sido un pago realizado fuera del contrato para ejecutar las acometidas de luz y agua a tan sólo 20 días de las elecciones municipales.

El problema parecía solucionado cuando en el Consejo de Administración de Emusvil celebrado el 14 de marzo de 2016 se aceptó llevar el asunto a los juzgados, pero la realidad es que el presidente del Consejo y alcalde de la localidad no ha ejecutado finalmente la reclamación del dinero judicialmente. Además, el primer edil ha vuelto a intentar que el consejo acepte los locales como condonación de la deuda.

Alegaciones fantasmas

El último capítulo del culebrón urbanístico se escribió el pasado 28 de junio durante el último Consejo de Administración. En dicha reunión, el primer edil expuso que uno de los puntos a tratar sería la alegación que la compañía Excavaciones y Derribos SL había presentado contra el requerimiento de pago emitido por la promotora Emusvil. De nuevo, lo paranormal vuelve a tomar protagonismo en el caso porque los requerimientos se contestan, no se alegan.

Además, la mercantil no especifica en ningún momento contra qué o contra quién van dirigidas esas alegaciones. Y lo que es más importante, la empresa municipal no tiene competencias ni legitimación para resolver alegaciones presentadas contra un informe de otro órgano municipal como lo es el de la Intervención Municipal de Fondos.

El alcalde, Juan Franco Rodríguez, era el jefe de Gestión Tributaria durante la época en la que se firmó la operación, en 2009. Actualmente gobierna en minoría gracias a la abstención del Partido Popular, donde hay varios miembros del extinguido GIL, que gobernaba en los años de la firma de obra.

Carlos Lospitao

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