El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento a las empresas españolas con operaciones en Israel para que tomen medidas concretas que eviten contribuir a la situación en Gaza, que ha calificado como un «genocidio«.
En una acción sin precedentes, el ministerio ha comenzado a enviar cartas a empresas con actividad económica destacada en Israel, instándolas a informar sobre las medidas que están tomando para evitar vulneraciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, especialmente en la Franja de Gaza. Estas empresas han sido convocadas a presentar evaluaciones y estudios realizados para prevenir riesgos de abusos en sus actividades comerciales, así como a rendir cuentas sobre las medidas adoptadas para prevenir consecuencias negativas en la región.
Bustinduy también ha expresado su interés en conocer los mecanismos que están implementando las empresas para garantizar que los consumidores estén plenamente informados sobre sus acciones y eviten involucrarse indirectamente en violaciones de derechos humanos en Palestina.
Esta iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo se alinea con la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y con la política del Gobierno español de reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU.
Como argumento de esta acción, Bustinduy ha recordado la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a Israel para adoptar medidas que impidan el genocidio en Gaza, así como las resoluciones de la ONU que denuncian los asentamientos israelíes en Cisjordania como una grave violación del Derecho Internacional.
La petición del ministro también está respaldada por los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como por la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada.
Bustinduy ha dejado claro que esta solicitud es de obligado cumplimiento y que confía en que las empresas españolas adopten las medidas necesarias para asegurar que sus actividades respeten los derechos humanos en todo momento. Para él, esta medida es parte de las responsabilidades del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de garantizar el respeto a los derechos humanos en la cadena de valor, desde la producción hasta el consumidor final.