En el acuerdo suscrito entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha para que la formación que dirige José García Molina apoye la investidura del socialista Emiliano García-Page recoge en los pormenores de las trece líneas maestras aspectos como garantizar la independencia de Radio Televisión Castilla-La Mancha, limitar el número de asesores por cada uno de los grupos parlamentarios, recuperar el salario para los diputado –limitado a tres veces el salario mínimo interprofesional–, y revisar el reparto de senadores de designación autonómica, de manera que Podemos podría optar a un representante en la Cámara Alta.
Según el anexo del acuerdo firmado entre ambos partidos, recogido por Europa Press, en el punto trece se recoge como uno de los elementos básicos es garantizar la independencia de la radio televisión pública «en base a criterios de profesionalidad, pluralidad y participación de los trabajadores en los órganos de gestión y dirección», un acuerdo que debería llevarse a cabo antes de finalizar el presente año 2015 y para el que se creará una Comisión Parlamentaria no permanente de Reorganización del Ente público.
También en el punto número trece se contempla un acuerdo institucional para la «racionalización del personal administrativo y los asesores de los grupos parlamentarios en las Cortes con cargo al presupuesto del Parlamento», limitándolos a dos puestos de administración y otros dos de asesoramiento por cada uno de los grupos, una medida que tendría que adoptarse de manera «inmediata».
Ambos partidos se comprometen a llegar a un pacto antes de septiembre de 2015 por el cual se garantice un salario neto, nunca superior a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, a los diputados de las Cortes, eliminado por María Dolores de Cospedal, con una declaración explícita de comprometer la dedicación a sus funciones de diputado sin poderla compatibilizar con ningún otro cargo público.
Auditoría antes de agosto
Este acuerdo recoge igualmente realizar antes de agosto de 2015 una auditoría del estado real de las cuentas de la Junta, con la publicación de los informes internos de evaluación por consejerías y provincias.
En este sentido, antes del 20 de noviembre se deberá aprobar el proyecto de Ley de Auditoría Pública Ciudadana, normativa que creará una nueva Cámara de Cuentas, presupuestariamente dependiente de las Cortes regionales, órgano similar a la Sindicatura de Cuentas suprimido esta legislatura por el Gobierno del PP.
La puesta en marcha de un plan integral de lucha contra la desigualdad social, que tendrá la implicación de ayuntamientos y diputaciones, estará recogida en los Presupuestos de 2016 con una dotación de 500 millones de euros anuales, y contemplará «las problemáticas de la pobreza energética, infantil y económica o laboral».
Este acuerdo recoge de otro lado la «recuperación del empleo público en Sanidad y Educación», de manera que se pondrá en marcha «de manera inmediata» un plan de choque de Empleo para la incorporación de mil nuevos profesionales en el sistema sanitario que estará negociado con los sindicatos para recuperar estos puestos de trabajo «de forma paulatina».
La aprobación de una Ley de Transparencia y Buen Gobierno es otro de los aspectos que recoge este pacto, normativa que deberá incluir la implementación de herramientas de democracia digital incorporando las nuevas tecnologías como instrumento.
Observatorio ciudadano
Además, PSOE y Podemos han acordado la creación de órganos como el Observatorio Ciudadano, que será un órgano consultivo, que deberá crearse en 2016 y que se integrará en la Administración regional y estará adscrito a las Cortes, con los cometidos de impulsar políticas de regeneración democrática y participación ciudadana, analizar el desarrollo de las políticas del Gobierno regional o facilitar la investigación en coordinación con la UCLM, en la línea del extinto Consejo Económico y Social.
En esta línea, se comprometen a crear la figura del Defensor de la Ciudadanía, órgano similar al desaraparecido Defensor del Pueblo.
El resto de extremos que conforman este acuerdo son agilizar las ayudas de emergencia social y los pagos del Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Plan de Rescate Habitacional, pedir al Gobierno estatal eliminar obstáculos para una ley de Sobreendeudamiento, paralizar planes de privatización o una auditoría de sistemas sanitarios.
También se incluyen un Plan Regional contra la Pobreza Energética, dar prioridad presupuestaria a la pobreza infantil, 1,5 millones en el primer mes de Gobierno para Emergencia Social, acceso universal a servicios sanitarios, derogación del Decreto del Gobierno del PP para regular el reconocimiento de la Dependencia y elaborar un Plan Individualizado de Atención para «más de 27.000 personas dependientes «en el limbo».
Refleja igualmente una reforma tributaria que modifique el impuesto de patrimonio, garantizar el «acceso real» de la ciudadanía a la información de la Administración, hacer accesibles las declaraciones de bienes de los cargos públicos, publicar mensualmente la ejecución presupuestaria de la Junta, dar transparencia a las puertas giratorias y crear una Oficina de Buen Gobierno.
En cuanto a participación ciudadana, hacer más fáciles las Iniciativas Legislativas Populares, además de establecer las figuras de la Petición Legislativa Popular, por la que los ciudadanos pueden pedir al Gobierno regular determinados temas; la Acción Legislativa Popular, por la que la sociedad podrá elaborar una ley; o la Iniciativa de Oposición Popular, por la que la ciudadanía se puede negar a una ley propuesta por el Gobierno; además de la creación del Escaño Ciudadano.