domingo, mayo 26, 2024
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Los tres «rescates» de la Generalitat a Cotino y Aspar en el ‘caso F1’

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El caso ha llegado hasta el último peldaño de la Fórmula 1. Bernie Ecclestone tendrá que declarar ante la justicia española por la gestión de las carreras en Valencia. La Fiscalía Anticorrupción considera que Francisco Camps es el responsable del desvío de fondos públicos a la empresa Valmor –sociedad que gestionó la F1 en Valencia- y le acusa, junto al piloto Jorge Martínez Aspar y a la actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, de un delito continuado de malversación, prevaricación y delito societario.

La empresa Valmor Sport SL, sociedad gestionada por Bancaja, el empresario Fernando Roig (hermano del sueño de Mercadona), Vicente Cotino (sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas) y el piloto Jorge Martínez Aspar salió airosa del desembolso de dinero por los derechos de las carreras y también de su deuda interna y la que tenía con la Generalitat.

Valmor firmó un contrato en 2008 con la compañía denominada FOA -empresa que gestiona los derechos otorgados por la FIA- para organizar el gran premio de Europa de Fórmula 1.  Valmor pagó ese año 24 millones de dólares por los derechos, y debería haber pagado hasta 116 millones más por los correspondientes a los años que van desde 2009 a 2012 –fecha en la que se celebró la última carrera-. Sin embargo, tan sólo un año después de que la mercantil firmara el contrato con FOA, la Generalitat de Camps salió al “rescate” de la empresa de Aspar, Cotino y Roig. El Gobierno autonómico, a través de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), firmó un contrato con Valmor en el que SPTCV se convertía en “co-promotor” del evento y pasaba a hacerse cargo de las obligaciones económicas de Valmor.  O lo que es lo mismo, el pago millonario de los derechos de la Fórmula 1 saldría de los bolsillos de los valencianos.

La empresa pública se hacía además cargo de los gastos por el trámite de licencias para el evento, los seguros y cualquier obligación relacionada con la organización de la carrera.  El contrato añadía una décima cláusula en la que se acordaba “mantener confidenciales” estos pactos.

Pese a haber aliviado la Generalitat a Valmor de tan millonario pago, el Ejecutivo autonómico dio cuatro años después un paso más a favor de la empresa que gestionaba la F1. Ya en 2012, y con Alberto Fabra a la cabeza del ejecutivo regional, la Generalitat compró la mercantil de Cotino, Aspar y Roig por el módico precio de 99 céntimos. Tal y como denunció el diputado autonómico de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, esta compra encubrió la condonación de la deuda de más de 14 millones de euros que la sociedad debía al gobierno regional e hizo a su par que fuera el erario público el que asumiera la propia deuda de la empresa, cifrada en 55 millones de euros.

De ese modo el negocio de la Fórmula 1 le salió redondo a Valmor. No sólo se ahorró cientos de millones de euros por el pago de los derechos, sino también el abono de sus deudas que ascendían a casi 70 millones de euros.

Hubo un tercer “rescate”, clave para la celebración del último campeonato de la F1 en Valencia. Francisco Camps ordenó un día antes de su dimisión que la Generalitat asumiera el aval de todos los gastos de Valmor (en sustitución de Bancaja) recurriendo a la falsificación de una firma en el contrato.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el día 19 de julio de 2011, el expresidente de la Generalitat pidió a dos mujeres la firma urgente del contrato para que el ejecutivo autonómico avalara a la empresa privada. Lola Johnson firmó en nombre de la Generalitat y Belén Reyero, en nombre de SPTCV. Cuando Reyero alertó que también haría falta la firma del director de la compañía SPTCV, Nicolás Figueras que estaba de viaje de novios, según el ministerio público, Camps le ordenó que lo solucionara de forma urgente. Belén Reyero cogió un sello y estampó la firma de Figueras sin el consentimiento de éste. De este modo Valmor quedó avalada y Francisco Camps dimitió al día siguiente. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investiga ahora la querella puesta en febrero por la Fiscalía Anticorrupción contra Francisco Camps, Lola Johnson y Jorge Martínez Aspar por la gestión de la Fórmula 1 en Valencia. La magistrada María Pía Calderón ya ha citado a declarar a trece testigos. Además de Ecclestone, deberán presentarse ante el alto tribunal el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, el empresario Fernando Roig, el exjefe de gabinete de Camps, Pablo Landedo, la directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Henar Molinero, al exsecretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, al exsecretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, al expiloto Adrián Campos, al representante de Bancaja, Miguel Morillo, el secretario de Valmor, Facundo García de la Cuadra, la jefa de protocolo del Circuit Ricardo Tormo, Natalia Meneu, Juan José García Gimeno y Belén Reyero.

Desde la oposición denuncian que el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, también ayudó a propiciar la beneficiosa situación de Valmor, aunque por el momento el TSJCV no lo ha relacionado en el caso.

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