De cada cinco euros que el Ministerio de Defensa gastó en 2012, dos no estaban presupuestados en origen y se incorporaron a mitad de ejercicio. No por conocido este hecho deja de llamar la atención: falta de transparencia, confusión en las cifras, victimismo originado sobre indicadores de gasto parciales; mala técnica presupuestaria; y con tendencia a empeorar.
El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, lo dijo claramente en su última comparecencia en el Congreso hace pocos días, en la que informó sobre los programas especiales de armamento que taparon la ejecución del presupuesto de 2012, motivo también del debate parlamentario que se despachó en cinco minutos: el Ministerio gastó en 2012 un total de 8.709 millones de euros y “en los Presupuestos Generales de 2012 se le asignó una dotación inicial de 6.316 millones de euros”. El resultado es un crecimiento del 38%. La diferencia es de 2.393 millones de euros, que equivale a 398.161 millones de aquellas pesetas.
De cada cinco euros que Defensa gastó en 2012, dos no estaban presupuestados en origen
Las cifras anteriores no incluyen a los organismos autónomos vinculados a Defensa, con un gasto cercano a los 900 millones de euros, que sumados al gasto final señalado por Argüelles nos da una cifra real de gasto en Defensa en España en 2012 en torno a los 9.600 millones de euros.
En origen tenemos el Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2012, cuando el Gobierno aprueba los presupuestos tras la prórroga durante el primer trimestre de los de 2011. En ese momento Moncloa habla de 6.316 millones, y destaca una ”reducción de 351 millones en inversiones, fundamentalmente en Programas Especiales de Defensa”.
Por volumen económico, la incorporación mayor a los presupuestos del Ministerio a lo largo de 2012 fue el crédito extraordinario por importe de 1.782 millones de euros aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2012 “para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas”, argumentaba el Gobierno. El objetivo, se decía, era “atender la deuda acumulada con los proveedores de Defensa durante los años 2010 y 2011, así como los compromisos de pago de 2012 no contemplados en el presupuesto de Defensa”. La figura elegida para el crédito fue un Real Decreto-Ley.
Como ejemplo sintomático, lo sucedido en este apartado es que los fondos previstos para afrontar los programas especiales pasaron de 204 millones de euros en 2011 a 4,95 millones en el presupuesto inicial de 2012, en marzo de ese año el Ministerio de Industria libró 309 millones para compromisos del Eurofighter y en septiembre Defensa aprobó el citado crédito extraordinario de 1.782 millones; todo para hacer frente a unos compromisos de pago en 2012 de 2.370 millones. ¿Resultado? La confusión.
El segundo gran capítulo que se suele olvidar cuando se utilizan cifras de gasto en Defensa corresponde a los organismos autónomos, algo menos de 900 millones de euros en 2012 destinados, en su mayor parte, a financiar el Instituto Social de las Fuerzas Armadas –ISFAS- y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas –INTA-; también pertenecen a este grupo el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa –INVIED-, antaño buena fuente de ingresos para el Ministerio; el Servicio Militar de Construcciones; el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo; y el Organismo de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Del presupuesto de Defensa desapareció en 2012 el Centro Nacional de Inteligencia, ahora adscrito a Presidencia.
Se destinaron 753 millones de euros a cubrir los gastos en las operaciones en el exterior
Una tercera inyección económica al Ministerio no incluida en su presupuesto inicial partió del Fondo de Contingencia del Ministerio de Hacienda, 753 millones de euros destinados a cubrir los gastos en las operaciones en el exterior. Aquí destaca la participación militar española en la operación de la OTAN en Afganistán y de Naciones Unidas en Líbano, participación a la baja que el Ministerio cronometra para reducir su carga sobre el presupuesto, independientemente de la utilidad de nuestra presencia en esos escenarios.
La cifra real del gasto ejecutado desmonta gran parte de los argumentos utilizados para justificar un incremento de los recursos públicos destinados a la Defensa, probablemente infradotada en los últimos años para una potencia media con proyección internacional como es –o quería ser- nuestro país, pero que argumenta sobre cifras discutibles.
Los argumentos defectuosos que circulan con mayor éxito en el sector uniformado y no uniformado de la Defensa son los siguientes:
–Un 75% del presupuesto se va en pagar nóminas:
Tomando como referencia los 8.709 millones de ejecución real del presupuesto, al capítulo 1 le correspondieron 4.488 millones, lo que representa el 51% del total.
–Descenso de un 25% del presupuesto desde 2008:
Teniendo en cuenta el presupuesto ejecutado e incluyendo los organismos autónomos, el gasto en Defensa se incrementó en 2012 un 7,5% sobre 2011, lejos del recorte del 8% con el que fueron presentados sus presupuestos. La evolución seguida desde el máximo histórico en 2008 es de un descenso modesto y bastante menor que el sufrido por otros ministerios. Tomando el capítulo 6 de inversiones, la cifra de 2012 que pasó de 2.800 millones supera la de 2008, si bien el secretario de Estado argumenta que sirvió para pagar compromisos de años anteriores.
–España destina un 0,6% del PIB a Defensa:
Si tuviéramos en cuenta la cifra mencionada de 8.709 millones, ya se elevaría al 0,9% del PIB. Los más prestigiosos estudios sobre gasto en Defensa a nivel internacional, ya sea el Banco Mundial, el sueco SIPRI o la propia OTAN, añaden también las pensiones de retiro del personal militar y civil (unos 3.000 millones de euros que aquí paga la Seguridad Social). Estas fuentes elevan el gasto español al 1,2% del PIB o algo superior, el doble del porcentaje reiterado hasta por responsables políticos del propio Gobierno.
Por Carlos Penedo