El Gobierno ha advertido a los inmigrantes ilegales que a partir del 1 de septiembre tendrán que «buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados», salvo que las comunidades decidan sufragar su atención sanitaria. Sin embargo, el Ejecutivo ha advertido a las regiones que no cumplen el objetivo de déficit que no deberían mantener la sanidad a los ‘sin papeles’.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado claro que los inmigrantes en situación irregular van a seguir recibiendo asistencia sanitaria a partir de septiembre pese a no tener tarjeta sanitaria. Sin embargo, ha advertido de que «tendrán que buscar los mecanismos necesarios para el reintegro y reembolso de los gastos ocasionados» salvo que las comunidades decidan sufragar dicha atención.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha querido «poner algunos puntos en claro» en un tema en el que, a su juicio, hay cierta «confusión de conceptos».
Sáenz de Santamaría ha explicado que España actúa «en la línea de lo que se hace en el resto de países de la Unión Europea» cuando se atiende a alguien que no tiene tarjeta sanitaria, que es «pedir que se abone la cobertura sanitaria recibida».
«Cuando van a otro país, España paga por ustedes», ha aseverado la vicepresidenta, apuntando que «o pagan sus estados de origen a través de los convenios bilaterales o de los sistemas de compensación de la Unión Europea, o pagan los propios extranjeros, a los que se pasa ese coste, o bien las comunidades pueden, en su ámbito de competencias, decidir como van a sufragar esta atención sanitaria».
En este sentido, ha querido precisar que las comunidades pueden decidir si costearles esta asistencia pero no a darles una tarjeta sanitaria y, por tanto, «a exportar los derechos que ésta le confiere».
Siete comunidades no se ceñirán a lo aprobado por el Gobierno
Sin embargo, el dejar a las comunidades la decisión sobre si se da asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales está creando mucha polémica y cierta confusión.
Hasta el momento, siete comunidades han declarado que no seguirán las directrices del Gobierno. Andalucía y País Vasco han afirmado que continuarán con su atención sanitaria «como hasta ahora», Canarias y Asturias han asegurado que «no dejarán de atender a nadie». En Navarra se establecerá una línea de ayuda para cubrir la sanidad a quienes no puedan pagarla.
Por su parte, Cataluña y Galicia pedirán empadronamiento. En Galicia, todos los inmigrantes ilegales empadronados antes del 1 de septiembre que demuestren carecer de recursos seguirán contando con asistencia. Y en Cataluña, habrá que demostrar tres meses de empadronamiento para obtener cobertura sanitaria en centros de atención primaria, y dos años para atención hospitalaria no urgente.
El resto de comunidades han comunicado que no van a negar la atención a los ‘sin papeles’ pero que les cobrarán el coste de los procedimientos y consultas. En ellas se aplicará por completo lo aprobado por el Gobierno.
Sanidad ha explicado que «en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte». Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de que tenga firmado algún convenio de colaboración bilateral con España.
De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos «y no estará obligado a pagarla», han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.
Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura «como hace cualquier empresa».
Los únicos pacientes que podrán continuar contando con asistencia sanitaria gratuita serán los que se pidan asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años.
En el caso de aquellos ‘sin papeles’ que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también «seguirán siendo atendidos», algo que en cambio no se les garantiza «a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora.
El PSOE critica al PP por crear «un monstruo de 17 cabezas»
Para el PSOE, estas grandes diferencias entre las comunidades son un grave error. La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha lamentado que el PP «no ha conseguido lo que quería, homogeneizar la asistencia en las comunidades autónomas. Ha provocado un lío tremendo, un Monstruo de Frankenstein de 17 cabezas».
Asimismo, la exministra de Sanidad ha señalado que «los partidos, los sindicatos, las sociedades científicas y los pacientes están en contra de que los inmigrantes pierdan la tarjeta sanitaria». Por ello, ha denunciado que el Ejecutivo «quiere acabar con la sanidad pública y gratuita por un sistema de aseguramiento sin contar con nadie de la sanidad».
Además, se ha mostrado partidaria de la decisión de los profesionales sanitarios que han decidido objetar y mantener la asistencia a los ‘sin papeles’. Así, asegura que la acción de éstos está determinada «por justicia, por su código deontológico y por razones de salud pública».
Por otro lado, considera que existe «tal confusión que no se sabe qué va a ocurrir ni a quién se va a atender». De este modo, muestra su perplejidad porque «unos hablan de los crónicos, otros de los que padecen enfermedades infecciosas y otros de que se va a atender a todos. Vamos a tener que crear una guía», apostilla.
Por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha declarado este viernes que aquellas comunidades que no alcanzan el objetivo de déficit, o que hayan decidido solicitar el rescate del Gobierno, no deberían continuar garantizando la sanidad de los inmigrantes ilegales.
En este sentido, el dirigente del PP reconoce que si el Gobierno autonómico «no debe nada a nadie, y el dinero que le sobra quiere gastarlo en dar más prestaciones sanitarias, lo puede hacer». Sin embargo, considera condición ‘sine qua non’ que el que amplíe las prestaciones sanitarias y dé cobertura a los inmigrantes en situación irregular no acuda al Fondo de Liquidez Autonómico.