El juez Pablo Ruz ha decretado este viernes el secreto parcial de 9 de los 645 folios remitidos por la magistrada francesa Laurence Le Vert acerca del «chivatazo» que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en mayo 2006, y sólo el fiscal tendrá acceso a esa información.
Así lo ha decretado el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto dictado este viernes en el que acuerda incorporar a la causa la comisión rogatoria reclamada a su colega francesa una vez que ha sido traducida y da traslado al fiscal para que informe si estima la práctica de alguna diligencia de investigación.
Asimismo, decreta el secreto parcial de los 9 folios durante al menos un mes, de forma que la Fiscalía será la única parte de las personadas en la causa -la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia y el PP junto a la Unión Oficial (UO) de Guardias Civiles- que tenga acceso a toda la información aportada por Francia durante ese plazo de tiempo.
Una vez que el fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, comunique al juez la conveniencia o no de realizar alguna diligencia, las actuaciones quedarán a disposición del resto de las partes personadas en el procedimiento en la Secretaría del Juzgado «para su conocimiento y efectos, si bien con la excepción» del secreto parcial de esos 9 folios (los numerados del 4 al 12 en la traducción).
Ruz adopta esta decisión al entender que del contenido de esa información pudieran derivarse la práctica de diligencias «para el total esclarecimiento de los hechos investigados en el presente procedimiento, y siendo en ese caso necesario, para su plena utilidad y eficacia, preservar las mismas y su resultado del conocimiento de terceras personas ajenas a la investigación, y en su caso de los imputados».
Por tanto, el juez estima en su auto, contra el que cabe recurso de reforma en tres días, «racional, lógico, fundado y necesario» adoptar la mediada de decretar el secreto parcial de las actuaciones por el plazo no superior a un mes, «sin perjuicio de eventuales prórrogas del mismo».
La comisión rogatoria fue cursada por primera vez el pasado 17 de febrero por el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, después de que la Sala de lo Penal le obligara a practicar nuevas pruebas en la causa, y, posteriormente, su sustituto, Pablo Ruz, la reiteró en julio y octubre.
El 15 de febrero, la sección segunda de la Sala de lo Penal pidió a Garzón reactivar esta investigación con la práctica de nuevas pruebas, entre ellas la de solicitar a Francia documentación relativa a las «observaciones telefónicas que se realizaron a Cau Aldanur -miembro del aparato de extorsión de ETA-, tanto del teléfono fijo como del móvil».
En esta petición de auxilio judicial, el juzgado preguntaba también a Le Vert si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA, desarrollada el 4 de mayo de 2006, «tuvo por motivo una filtración».