Bravo ha explicado que la diferencia para aceptar estas abstenciones y no la recusación de Gallego se debe a que Robles es miembro de la comisión permanente del Consejo, que en este momento tramita la suspensión cautelar de Garzón, y De Rosa puede formar parte de ella de forma ocasional (si tiene que sustituir al presidente del CGPJ, Carlos Dívar), mientras que Gallego no integra ese órgano.
«Teniendo en cuenta que en el momento actual el expediente sancionador está residenciado en ese órgano del Consejo General del Poder Judicial, el pleno ha entendido que es el momento procesal oportuno para poder ver las recusaciones de las personas que forman parte de la comisión permanente o, que en un momento dado, pueden intervenir en la misma», ha señalado Bravo.
Sin embargo, ha apuntado la portavoz del CGPJ, esta condición no concurre en Gallego, que, «en todo caso», conocerá del expediente de Garzón cuando éste llegue al pleno del Consejo, que en su reunión de este miércoles ha considerado «extemporánea» la recusación planteada por el juez de la Audiencia Nacional contra esta vocal, y la ha rechazado por unanimidad.
Por este mismo motivo, ha indicado Bravo, el pleno no ha aceptado la abstención que José Manuel Gómez Benítez ha planteado en la reunión porque este entiende que concurre en él una causa de abstención objetiva, como la de haber sido abogado de Garzón durante los dos años anteriores a ser nombrado vocal del CGPJ
Bravo ha destacado que, al igual que ocurre con Gallego, Gómez Benítez, que nunca interviene en los asuntos que afectan al juez, no forma parte de la comisión permanente y, por tanto, no es el momento de decidir sobre su abstención.
Robles, De Rosa y Gallego
Garzón pidió el pasado 5 de marzo al CGPJ que no le suspenda de sus funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita tres querellas contra él, y que en la decisión se abstuvieran Robles, De Rosa y Gallego.
Como motivos, alegó «interés personal en el asunto» Fernando de Rosa, al que atribuye «amistad íntima» con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, «persona de la cual se dedujeron indicios de delito» en el «caso Gürtel», por lo que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
También que Gallego, que cuando ejercía como juez en Madrid instruyó el ‘caso del ácido bórico’ contra varios mandos policiales que rechazaron un informe pericial que relacionaba a ETA con el 11-M, ha mostrado tener una «enemistad manifiesta contra él».
«Enemistad manifiesta»
Además, acusó de enemistad a Robles, con la que coincidió en funciones públicas, ya que fue subsecretaria del Ministerio de Justicia entre 1993 y 1994 cuando él era delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, puesto del que dimitió coincidiendo con el nombramiento de la vocal como secretaria de Estado de Interior.
Robles fue la primera en anunciar su decisión de apartarse de este asunto, lo que también anunció De Rosa, mientras que Gallego rechazó abstenerse al negar que exista una «enemistad manifiesta» de ella hacia Garzón.
En el Supremo se instruyen tres querellas contra Garzón: una por investigar las desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil, otra en relación con el dinero que percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York y la tercera por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el ‘caso Gürtel’ y sus abogados