En el texto se propone la creación de tres grupos de trabajo para fomentar la creación de empleo y reducir el déficit público, y la constitución de una comisión de política industrial, con participación de las autonomías y los agentes sociales, que diseñe una «estrategia industrial» para 2010-2020.
En materia de empleo, el Ejecutivo se compromete a presentar en enero las medidas laborales que ya ha anunciado, como el fomento del uso de la reducción de jornada, la revisión de las bonificaciones a la contratación, el refuerzo de los servicios públicos de empleo o la disminución de la tasa de temporalidad.
También en ese mes dará a conocer su política para asegurar el futuro a largo plazo del sistema de pensiones.
El grupo de trabajo encargado de empleo presentará en tres meses un procedimiento de certificación académica de los conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, así como garantizar la conectividad de los servicios públicos de empleo.
En materia de estabilidad presupuestaria, el Gobierno quiere un compromiso que reduzca el déficit al 3 por ciento para 2013, para lo que aboga por la contención en los gastos de personal a través de una oferta de empleo público «selectiva», la austeridad en el incremento de la masa salarial o la reducción de los plazos de pago a los acreedores.
En este campo, el segundo grupo de trabajo que propone promovería la colaboración autonómica en la prestación de los servicios públicos, como la sanidad y la dependencia; mientras que un tercer grupo se encargaría de fijar un acuerdo marco para controlar las actuaciones de reducción del déficit.
El último apartado de la propuesta se dedica a la Función Pública y en él se insta a acelerar la modernización de las administraciones mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y la reducción de la temporalidad en el empleo.
Encontrar una zona común
En rueda de prensa conjunta, Toxo y Méndez consideraron «positivas» las políticas de empleo juvenil y sobre la industria que plantea Zapatero, ya que responden a las demandas de los agentes sociales.
Méndez dijo que, a pesar de las diferencias políticas de los presidentes autonómicos, es posible encontrar una zona común de entendimiento para una mejor coordinación de las políticas activas de empleo (competencia de las comunidades autónomas) y de las pasivas (competencia del Gobierno central).
Toxo aludió a la propuesta del Gobierno sobre la necesidad de estabilizar las cuentas públicas en 2013, de la que indicó que podría generar dificultades si se retiran los estímulos fiscales de forma anticipada.
Las alternativas que los sindicatos plantearon para salir de la crisis se articulan en torno a tres objetivos: la protección a las personas, el impulso a la actividad económica, con inversiones en infraestructuras, sanidad, educación y dependencia; y la transformación del modelo económico.
Una reforma imprescindible
Por su parte, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, valoró que en enero el Gobierno se siente con los agentes sociales para empezar a discutir una reforma laboral «imprescindible» y que para los patronos debería haberse acometido en 2009.
Díaz Ferrán ve «con agrado» y considera «positivo» que en la primera semana de enero el Ejecutivo ponga sobre la mesa diferentes reformas con relación al mercado de trabajo.
Además explicó que en su intervención en la Conferencia expresó la preocupación de la CEOE por la evolución negativa de la deuda pública, porque el Banco Central Europeo (BCE) pueda subir lo tipos de interés y porque las empresas españolas tengan impuestos más altos que las del resto de UE.
El PP, como alternativa, entregó un documento en el que apuesta por la austeridad en el gasto público, las rebajas de impuestos y una reforma laboral similar a la acordada en 1997 con el objetivo de crear nuevos empleos y fomentar la contratación indefinida a través de cotizaciones sociales más bajas.