La Asamblea General de Caja Madrid rechazó el lunes, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional, por lo que ahora el Ejecutivo autonómico puede imponerlos.
La Comunidad de Madrid anunció entonces su intención de promulgar los estatutos y el reglamento electoral de Caja Madrid en el plazo de un mes, después de que su rechazo por la asamblea de la entidad creara una situación de desacato a la ley, según fuentes de la Consejería de Economía.
Los defensores de la Ley de Cajas señalan que la nueva norma es plenamente homologable a todas las demás leyes autonómicas, que «son constitucionales» y denuncian que el presidente de la entidad, Miguel Blesa, sólo busca perpetuarse en el cargo con su oposición a la norma.En contra de esta postura se pronunciaron CCOO, IU y el PP del Ayuntamiento de Madrid, mientras que el PSOE se abstuvo. El recurso que el Gobierno presentará el lunes se une a los ya presentados por los ayuntamientos de Madrid y Sevilla.
Reacción del Ayuntamiento
Así lo ha dicho hoy el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, después de que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciara durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo presentará el próximo lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 29 de diciembre.
«Con el máximo respeto a todos, creemos que el Tribunal Constitucional dará la razón a los argumentos que hemos defendido desde el principio y que hoy vemos que el Gobierno ha hecho suyos», ha declarado Cobo tras conocer la decisión del Ejecutivo.
Para el Ayuntamiento, la Ley de Cajas de la Comunidad «conculca la legislación básica estatal y por tanto puede ser inconstitucional», en concreto en lo que se refiere a los nuevos criterios de designación de consejeros, que «no cumplen los criterios de igualdad y proporcionalidad» que establece la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA).
Cobo ha recordado que el Ayuntamiento también ha recurrido ante la justicia por este motivo, en su caso para solicitar la anulación de la resolución del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, por la que se autoriza el proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid de acuerdo a la nueva Ley.
Sin embargo, ha añadido, el Ayuntamiento «no tiene la legitimidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad que sí tiene el presidente del Gobierno de España». Ha destacado además que si el Gobierno ha tomado esta decisión es porque cuenta con el respaldo del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que de ese modo, «lógicamente», ha dicho, «tiene que compartir los criterios que ha mantenido el Ayuntamiento».
El vicealcalde madrileño ha querido dejar «muy claro» una vez más que el Ayuntamiento «solo ha defendido los intereses de los madrileños», ya que considera que la reducción de sus representantes en los órganos de gobierno de Caja Madrid supone una «discriminación» para los ciudadanos de la capital respecto a los de otros municipios de la región.