lunes, mayo 6, 2024
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El Ayuntamiento cree el Constitucional dará la razón a sus argumentos en Caja Madrid

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Así lo ha dicho hoy el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, después de que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunciara durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo presentará el próximo lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 29 de diciembre.

«Con el máximo respeto a todos, creemos que el Tribunal Constitucional dará la razón a los argumentos que hemos defendido desde el principio y que hoy vemos que el Gobierno ha hecho suyos», ha declarado Cobo tras conocer la decisión del Ejecutivo.

Para el Ayuntamiento, la Ley de Cajas de la Comunidad «conculca la legislación básica estatal y por tanto puede ser inconstitucional», en concreto en lo que se refiere a los nuevos criterios de designación de consejeros, que «no cumplen los criterios de igualdad y proporcionalidad» que establece la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA).

Cobo ha recordado que el Ayuntamiento también ha recurrido ante la justicia por este motivo, en su caso para solicitar la anulación de la resolución del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, por la que se autoriza el proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid de acuerdo a la nueva Ley.

Sin embargo, ha añadido, el Ayuntamiento «no tiene la legitimidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad que sí tiene el presidente del Gobierno de España».

Ha destacado además que si el Gobierno ha tomado esta decisión es porque cuenta con el respaldo del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que de ese modo, «lógicamente», ha dicho, «tiene que compartir los criterios que ha mantenido el Ayuntamiento».

El vicealcalde madrileño ha querido dejar «muy claro» una vez más que el Ayuntamiento «solo ha defendido los intereses de los madrileños», ya que considera que la reducción de sus representantes en los órganos de gobierno de Caja Madrid supone una «discriminación» para los ciudadanos de la capital respecto a los de otros municipios de la región.

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