Crear un impuesto específico. Incluir tasas específicas en los ya existentes. Subir alguna figura impositiva como el IVA, IRPF o Patrimonio. Eliminar las bonificaciones a los planes de pensiones privados, o a la contratación. Sacar de la propia Seguridad Social las ahora pensiones contributivas de viudedad y orfandad. O el habitual recurso de elevar las cotizaciones sociales. No son pocas las ideas que se barajan para ‘asegurar’ las pensiones, pero ninguna puede cerrar por sí sola un agujero de semejante tamaño. La seguridad social acumula un déficit de 20.000 millones y la factura total de las pagas de jubilación asciende a 130.000 millones.
Pese a que la realidad es tozuda, nadie en política habla claro sobre la realidad de las pensiones. El sistema es insostenible con el actual nivel de pensiones, lo es ahora y lo será en diez o cuarenta años. Se sabía hace 30 años, hace cinco y en la actualidad, pese a ello, nadie ha hecho nada para solucionarlo. Las ideas, elucubraciones y disparates que se sueltan a la sociedad española son muchos y variados pero ninguno sirve de remedio.
“Las pensiones están totalmente garantizadas”, ha cacareado una y otra vez el Gobierno del Partido Popular en los últimos años. Mientras lo hacía, cada seis meses (coincidiendo con la paga extra) tiraba de la hucha de las pensiones para cuadrar un déficit que se ha desbocado. Para eso está, obviamente, pero debía ser usado como un parche mientras se tomaba una decisión y está se adaptaba. Ahora, el Gobierno ya ha aceptado que la hucha se acabará a finales de 2017 y todo está en el aire.
Impuestos a toda máquina
Los principales partidos políticos coinciden en que la mejor manera para acabar con el déficit es aumentar los ingresos. El PSOE se ha mostrado a favor de crear un impuesto, subir algunos otros e incluso establecer una ‘tasa solidaria’ a los ya establecidos. Podemos, pese a algunos disparates previos como adelantar la edad de jubilación, coincide con el PSOE en el fondo de utilizar los impuestos para subsanar el déficit. El Partido Popular y Ciudadanos son más escuetos al respecto y apelan al Pacto de Toledo.
La primera gran medida, utilizar los impuestos para subsanar el déficit. Pese a ser el favorito, plantea diversos problemas. El primero, que la actual situación de España es deficitaria, esto es, que la subida de impuestos debe pagar pensiones y seguir reduciendo déficit o dejar de financiar gastos públicos. En segundo lugar, estos impuestos deben venir acompañados de medidas para o bien contener o gasto o tener capacidad de crecer en recaudación como lo hagan las pensiones.
Una tercera vía, explorada por Podemos, era la de eliminar bonificaciones a los planes privados. Parece que la medida va contra las clases ricas, pero no es así ya que en España se realizan aportaciones cerca de 10 millones de personas, por valor de 1.400 millones. Con un agujero entre 15.000 y 20.000 no solucionaría demasiado.
En definitiva, aunque se quiera retocar todos los impuestos para tapar el agujero, todo sale del mismo lugar los españoles y su capacidad de pagar impuestos. Como explicaba en el diario ‘El País’ Cesar Molinas, economista y matemático, “es ilusorio pensar que solo con medidas por el lado de los ingresos se arreglará el problema de las pensiones”.
La otra gran alternativa
También ha aparecido de manera continúa en los medios que las pensiones de viudedad y orfandad pasen a pagarse a través de los presupuestos del Estado. La historia de este formato, que es contributivo, nace a mediados del siglo pasado en una sociedad aún patriarcal. Su objetivo era el de acabar con una posible situación de desamparo.
En 1972 se suprimieron las principales restricciones para que las mujeres pudieran acceder a ella. En 1983, el Constitucional suprimió los condicionantes para los hombres. Desde entonces, los que reciben dicha ayuda se han multiplicado por cuatro, desde los 629.811 de 1973 a los 2,4 millones actuales. Todo eso, supone que en 2016 la partida supere los 21.000 millones, por tanto eliminar su figura de la Seguridad Social, elimina de manera directa el déficit, pero la trampa contable tiene sus problemas.
Al hacerse no contributiva, porque depende de los presupuestos, presupone al menos tres problemas para los beneficiarios: En primer lugar, para ser beneficiario se debe acreditar una insuficiencia de recursos. En segundo lugar la cuantía pasaría a ser uniforme, para garantizar un mínimo de subsistencia. Por último, habría que sacar de todos los impuestos o dejar de gastar en otras figuras 21.000 millones.
Si la vía de los impuestos e ingresos fracasa, presumiblemente, la última alternativa será la de bajar las pensiones. Así ha pasado en Grecia recientemente, con un recorte entre el 30 y el 50%, y otros países deficitarios. Los políticos no lo reconocerán hasta que no queden más alternativas pero es posible que no las haya.
Pedro Ruiz