Fue el padre de la menor, que tiene 13 años, el que denunció por un posible delito de odio los reiterados episodios de amenazas, coacciones y golpes contra ella, propinados por la detenida «por ser hija de un guardia civil», según las expresiones de la propia agresora.
Para la asociación este tipo de ataques se han incrementado en los últimos años y por ello reclama que se refuerce la protección judicial de los guardias civiles y sus familias.
Entre sus propuestas, solicita una «reforma profunda» del Código Penal para castigar con mayor dureza los delitos que se cometan contra los agentes.
Y es que, a juicio de la AUGC, estas agresiones suponen «un gran daño» para los agentes y sus familias, no sólo desde el punto de vista físico, sino también psicológico e incluso económico, con periodos de baja y una merma en sus nóminas.
Además, la asociación critica que los guardias civiles que sufren una agresión no reciban defensa por parte de un letrado de la administración.
Esta entidad ya remitió un escrito al Consejo de la Guardia Civil en el año 2013 en el que reclamaban cambios normativos, una propuesta que, desde esa fecha, no se ha formalizado.
Para AUGC es «desolador observar lo barato que sale agredir a un agente en España» ya que el Código Penal recoge unas penas de 1 a 3 años de cárcel, lo que supone que no tengan que ingresar en prisión.
La asociación cita como ejemplo a seguir el sistema penal en Francia donde los efectivos de seguridad tienen una protección jurídica mayor.
AM