Lo malo no es el sistema autonómico, lo malo ha sido el despilfarro con el que buena parte de los gestores de los gobiernos regionales han tirado alegremente de presupuesto. Se sentían nuevos ricos y actuaban como tales: construyendo carísimos aeropuertos «peatonales» (Ciudad Real, Castellón, etc.); costosas y vacías Ciudades de la Cultura (Galicia) o desplegando, Cataluña a la cabeza, pero también Murcia o Valencia, más de un centenar de delegaciones en el exterior a modo de «embajadas» de las respectivas taifas. Por no hablar de multimillonarias partidas para empresas públicas innecesarias. O subvenciones a fondo perdido con criterios más que discutibles: unas veces a instituciones relacionadas con las obsesiones identitarias (Cataluña, País Vasco); otras, a beneficio de ONG de sospechosa afinidad política (Andalucía) o costosísimas inversiones en infraestructuras ferroviarias de dudoso retorno (Castilla-La Mancha) o, en fin, autovías de imposible rentabilidad (Castilla y León o Cantabria). Por no hablar de los 200 kilómetros de metro de Madrid.
Junto a esta relación sumaria de despilfarros, de gastos que, sencillamente, no nos los podíamos permitir y que nos han llevado al déficit que ahora con muchos sacrificios tendremos que ir enjugando, también habría que decir que las comunidades autónomas también han gastado mucho dinero en servicios y bienes que sí estaban justificados: nuevos y modernos hospitales, colegios, eficientes servicios de urgencias, pabellones de deportes, etc, etc.
En buena medida, el Estado de las autonomías ha sido la mano visible que en los últimos treinta años ha cambiado la faz de España. Para bien. Ha sido un éxito hasta que, al generalizarse el despilfarro, ha entrado en un registro insostenible, próximo al colapso financiero y al surrealismo organizativo. Desde esta perspectiva, los recortes que anuncia el Gobierno Rajoy se revelan tan urgentes como justificados: supresión de empresas públicas, reducción de personal, liquidación de duplicidades, devolución de competencias (Justicia, tal vez Educación, en algún caso, Sanidad), etc. Una poda en toda regla que el jardinero mayor deberá llevar a término sin hacer distingos entre las comunidades «históricas» y las demás porque, recordemos la Constitución (Art. 138.2): «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas CC.AA. no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Pues eso.
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Fermín Bocos