Desde que en 1978 se aprobó la Constitución Española estamos a la espera de que se desarrolle la regulación del derecho de huelga que la Carta Magna contempla en su artículo 28. En efecto, dicho artículo establece en su apartado 2, que existirá una Ley que regulará el ejercicio de este derecho y establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Sin embargo, año tras año y, lo que es peor, gobierno tras gobierno, sin importar color, vemos como se mantiene vigente una regulación preconstitucional (del año 1977) que se ha ido modelando con el paso del tiempo en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional.
Las respuestas de los tribunales a los supuestos concretos han venido configurando una realidad donde no queda claro qué debe entenderse por servicio esencial para la comunidad, cuál debe ser su tratamiento (¿son todos los servicios esenciales merecedores de la misma protección y con la misma intensidad? ¿Deben tratarse igual ante una situación de huelga, por ejemplo, la sanidad y la televisión?…), cuáles son las responsabilidades de las partes intervinientes en el conflicto.
Ello ha conllevado que los participantes en los conflictos de trabajo hayan hecho de su capa un sayo y nos encontremos con situaciones insostenibles. Así, los sindicatos menosprecian constantemente a los ciudadanos, convirtiéndoles en rehenes de sus reivindicaciones laborales, y en armas arrojadizas ante la opinión pública; las autoridades administrativas establecen los servicios esenciales en muchas ocasiones siendo conscientes de la ilegalidad de la norma que dictan, pero que será así declarada transcurridos unos cuantos años; los sindicatos deciden alegremente incumplir la norma de servicios esenciales, sin que, habitualmente, esto conlleve consecuencias de ningún tipo, etc. etc. etc.
Y al final del todo nos encontramos con el pobre ciudadano que no solo está desprotegido, sino que se mueve en un horrible alambre de inseguridad jurídica que no le garantiza el pacífico disfrute de unos servicios que, no lo olvidemos, se consideran ESENCIALES para la comunidad.
En esas estamos otra vez, ahora con el personal de AENA que ha convocado no una huelga, sino un secuestro a los ciudadanos con la intención de repetirlo 22 veces sino se desactiva antes.
¿Es que nadie se da por aludido con la que nos está cayendo?
Editorial Estrella