Toledo está consiguiendo que su extradición al Perú, para enfrentar a la justicia que lo investiga por recibir más de US$30 millones ilícitos de Odebrecht, se dilate en el tiempo con sus maniobras legales de su defensa en EEUU, pero esto no impedido que el exmandatario afronte el proceso en una prisión desde hace cinco meses.
Su abogado Graham Archer ha conseguido que la audiencia en la que el juez de California Vince Chhiabra evaluará su estado de salud mental, y que había sido convocada para hoy, se postergue para el 5 de febrero del próximo año.
Esta diligencia se realizará cinco días después de la audiencia en la que otro juez, el magistrado Thomas Hixson, decidirá si el exmandatario seguirá contando con abogado de oficio.
Su abogado requirió al juez Chhiabra que se retrase para el 5 de febrero la audiencia porque aún no ha encontrado a un experto apropiado para que evalúe las condiciones de confinamiento de su defendido a las que está sometido en la prisión Maguire del condado de San Mateo.
La fiscal estadounidense Elise LaPunzina, sin embargo, se opone a la excarcelación porque alega que el ex líder del partido Perú Posible puede huir del país, ya que existen evidencias de queTanto Toledo y su esposa Eliane Karp intentaron viajar a Israel en 2017 –compraron seis pasajes aéreos– después de que se emitiera la orden de detención contra el expresidente desde Perú.
Además, hay otra prueba, y es que el día de su detención, en julio de este año, se halló en su residencia una maleta con US$40 mil en efectivo. De hecho, esa fue la razón por la que el juez Hixson ordenó su internamiento en una prisión, ya que era una demostración irrefutable de que manejaba recursos como para viajar.
Fuentes de Cancillería indicaron a este diario que la extradición de Toledo se concretaría en dos años, estimando los recursos y apelaciones que se interpondrían.
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