El Gobierno de Cristina Cifuentes se olvida de explicar en la Asamblea de Madrid la adjudicación a dedo que hizo Nuevo Arpegio, la empresa pública de la Comunidad de Madrid, investigada por Púnica, de su asistencia jurídica al despacho de J&A Garrigues ante la demanda presentada por la empresa AIRINA S.L, a la que pertenece Gallina Blanca, dirigida por la conocida familia Carulla, en la que reclaman 72,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Ningún miembro del Ejecutivo madrileño se ha presentado en el Parlamento regional para explicar este escándalo –del que informó en exclusiva Estrella Digital–. “Nos preocupa que el Gobierno toree a los parlamentarios en la cámara legislativa que ahora está controlándole mucho más que cuando tenía mayorías absolutas”, denuncian desde el Grupo parlamentario de Ciudadanos.
Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de quien depende Nuevo Arpegio, aseguran que se ha tratado del «error» de un «empleado» (un asesor de la Consejería) que se «olvidó» de notificar a la «persona encargada de dar estas explicaciones que tenía que acudir a la Asamblea de Madrid». El Gobierno de Cifuentes dice que en ningún momento ha tratado de «ocultar» información a los parlamentarios, asegura ser consciente de la «gravedad» de este olvido, aunque tampoco aclara si se dirimirá algún tipo de responsabilidad por él.
Este martes, este controvertido tema ocupaba el segundo punto del día en la Comisión de contrataciones del Parlamento madrileño. La diputada de Ciudadanos, Dolores González Pastor, había registrado una iniciativa para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid explicara los motivos por los que esta empresa pública había adjudicado un contrato de 225.000 euros en un sólo día laborable. Un polémico asunto por el que la Asamblea de Madrid no ha podido pedir explicaciones al Ejecutivo de Cristina Cifuentes. “Es un hecho insólito. No existen precedentes. El Gobierno tiene obligación de someterse al control de la comisión”, denuncia González Pastor, que asegura que la letrada de la Asamblea “se ha quedado de piedra” y que incluso los portavoces del PP en la Comisión “no sabían que esto iba a ocurrir”.
El artículo 32 de la Ley de Gobierno y Administración de la comunidad autónoma es claro a este respecto: “el Consejo de Gobierno y cada uno de sus miembros deberán acudir a la Asamblea cuando ésta reclame su presencia; atender las preguntas, interpelaciones y mociones que les formule en la forma que establece su propio reglamento; y proporcionar la información y ayuda que precise el Consejo de Gobierno, de sus miembros o de cualquier autoridad, funcionario, organismo, servicio o dependencia de la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, este martes ha sido la primera vez que el Gobierno ha hecho caso omiso a esta petición. “Consecuencias jurídicas en nuestro ordenamiento no tiene, pero responsabilidades políticas todas”, advierten desde Ciudadanos.
Este viernes está previsto que la Comisión de Investigación vuelva a centrarse en Nuevo Arpegio . En concreto, en la venta de los terrenos en tres municipios del sureste de la Comunidad (Arganda del Rey, Morata de Tajuña y Perales de Tajuña) donde más tarde se ubicaría el festival musical Rock in Río. Unos terrenos, de 250 hectáreas que Nuevo Arpegio adquirió a Gallina Blanca en 2005 y que ha finalizado con una operación urbanística fallida enfrentando en los tribunales a una de las familias de empresarios más importantes del país, Los Carulla, con la Comunidad de Madrid.
La formación naranja asegura que la Comisión de Investigación ha funcionado “muy bien” y denuncia que sólo ha tenido “problemas” con esta empresa pública. “Fue imposible acceder a la información relativa a los gastos y el organigrama y tuvimos que pedir amparos en la comisión de investigación”, relata Dolores González. Una acusación que niega rotundamente la Consejería de Medio Ambiente. «Nunca se ha ocultado nada. Desde el principio el Gobierno ha respondido a todas las preguntas que se han formulado desde la Asamblea», aseguran fuentes gubernamentales.
Las soluciones ofrecidas desde la Dirección de relaciones del Gobierno regional con la Asamblea, respeto al «olvido» de este martes, no satisfacen a Ciudadanos. En primer lugar, incluir esta cuestión en el orden del día de la siguiente comisión de contrataciones, que es dentro de un mes. “Esto sólo supone más tiempo para el Gobierno”, denuncian desde Ciudadanos. Y en segundo lugar, consultar el expediente, pero a Dolores González no le interesa. «Lo que yo quiero es que alguien me explique y justifique cómo se ha tramitado el contrato y concretamente en esos plazos”, explica la diputada madrileña.
Fuentes del Gobierno aseguran a Estrella Digital que también han puesto a disposición de Ciudadanos el contacto de la persona encargada de contestar a todas estas cuestiones sin necesidad de esperar un mes e incluso poderlo hacer antes de la comisión de investigación de este viernes. Desde la formación naranja aseguran que su “máxima preocupación” es que el Gobierno quiera torear a los parlamentarios en la Asamblea de Madrid, ahora que el “control es mayor al que cuando tenía mayorías absolutas”. “Esto no puede volver a pasar”, advierte la formación naranja.
El contrato de Nuevo Arpegio a Garrigues
Tal y como desveló este diario, el contrato se adjudicó por el procedimiento de negociado sin publicidad, una fórmula administrativa legal aunque éticamente cuestionada, en la que no se informa a otros despachos de abogados de la necesidad de estos servicios de la Administración. Eso sí, el criterio de adjudicación que marcan los pliegos es que se adjudique al precio más bajo de todas las ofertas que hayan sido admitidas, que fueron dos incluida la de Garrigues. No consta en los documentos públicos la otra empresa, ni la oferta que hizo.
Además, el jueves 2 de junio se aprobaron los pliegos y el lunes 6 de junio el Consejo de Administración ya adjudicó el contrato. Un tiempo récord ya que los técnicos tuvieron ese escaso margen de tiempo –un día laborable– para pedir las ofertas a los bufetes de abogados, que éstos las enviaran, se estudiaran y se adjudicara. La adjudicación del contrato se publicó el 28 de junio cuando el plazo para la presentación de la demanda ya había vencido el pasado día 23, algo cuanto menos llamativo.