Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones, en las que ha dejado claro que no se está investigando ni a padres ni a menores, solamente a determinadas agencias y «no a todas», si bien no ha precisado el número de ellas sobre las que existen indicios.
Indicios que el Gobierno ha querido poner en conocimiento de la Fiscalía para que investigue la actividad de estas intermediarias que ofrecen esos servicios en España y que podrían estar explotando en terceros países a mujeres, especialmente a las más vulnerables y con mayores necesidades.
Además de lucrarse, ha recalcado Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.
«Es un tema muy, muy grave», ha enfatizado la titular de Justicia, quien ha insistido en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y estén «traficando con menores».
Ha recalcado que ya se están investigando a algunas, también en otros países, y ha precisado que en el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada.
Delgado ha recordado que hay países que no tienen prohibida esta práctica, aunque en algunos se realiza con más control y debe contar con las preceptivas autorizaciones, mientras que en otros no existe garantía alguna. «Antes al contrario, se explota a las mujeres», ha concluido.
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