El Tribunal Supremo (TS) considera que los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, están ya «imputados» en el caso de los ERE presuntamente irregulares. El pasado mes de noviembre el Alto Tribunal abrió una causa contra ambos y contra los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos ellos con aforamiento nacional. Previamente, la jueza Mercedes Alaya había «preimutado» a los cinco cargos, ya que ella no tenía competencia para imputarlos, una decisión que sólo corresponde al TS.
En un auto con fecha del pasado 21 de enero, la Sala Penal del TS señala que en la investigación «se encuentran imputados, entre otros, Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, diputados en el Congreso, y José Antonio Griñán, senador de las Cortes Generales, en la presente X Legislatura».
Sin embargo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha ignorado el auto del Supremo y ha afirmado que si se imputara un delito a alguien «evidentemente» esas personas «dejarán el escaño», aunque ha señalado que esto «hasta ahora no ha pasado».
En el mismo escrito el TS también admite la personación como acusación popular del sindicato Manos Limpias, la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, que preside el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, y del Partido Popular de Andalucía. Tanto Manos Limpias como PP-A pidieron al Alto Tribunal su personación al estar también personados en la causa que investiga la juez Mercedes Alaya, mientras que la Asociación Pro Justicia Siglo XXI presentó una querella contra los cinco aforados por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos en la que concluía pidiendo también su personación.
En el auto, el Supremo recuerda que el artículo 125 de la Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho a ejercer la acción popular, «si bien, en la forma y respecto de aquellos procesos que la Ley determine», añadiendo que, «sin embargo, la acción popular no es una pieza esencial del proceso penal, en tanto que la Constitución habilita al legislador para imponer una forma determinada en su actuación e, incluso, para excluir su participación en procesos determinados».
Tras la apertura de la investigación por parte del Supremo, tanto Chaves como Griñán se personaron en las actuaciones y solicitaron declarar voluntariamente cuanto antes.