El PSOE propondrá este martes al Pleno del Congreso instar al Gobierno a emitir deuda pública para devolver el dinero a los ahorradores e inversores minoristas que se han visto afectados por una comercialización fraudulenta de participaciones preferentes y deudas subordinadas, incluidos aquéllos que ya han canjeado sus títulos por otro tipo de productos.
Así consta en la moción derivada de la interpelación que el diputado andaluz Antonio Hurtado planteó la pasada semana al ministro de Economía, Luis de Guindos, después de que éste anunciara que el arbitraje para los afectados de Bankia se iniciará en los próximos días, incluso antes de constituir la comisión de seguimiento pública que PP y PSOE habían acordado.
Los socialistas aseguran que el Gobierno tiene intención de vaciar de contenido dicha comisión, limitando sus funciones a la supervisión de las operaciones y a la remisión al Congreso de informes sobre el proceso, cuando el acuerdo preveía que este órgano determinara el perfil del estafado, para cribar a los potenciales beneficiarios del arbitraje de los inversores que conocían el riesgo de estos productos híbridos.
Ante este incumplimiento, el PSOE recomendó a los afectados no aceptar ningún arbitraje de momento, y ahora además propone una serie de medidas al resto de los grupos, que tendrán ocasión de pronunciarse sobre este problema en la sesión plenaria de la próxima semana, donde la moción se someterá a votación.
Regular los canjes
En concreto, la moción socialista, que recoge Europa Press, propone que se suspenda el arbitraje anunciado por el ministro De Guindos y que se encargue a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la supervisión de la «calificación de idoneidad de los pequeños inversores y ahorradores que han sido engañados», aplicando para ello la normativa vigente de protección al consumidor.
A los afectados por una comercialización abusivas se les deberá aplicar posteriormente una regulación específica de canje, ofreciéndoles el «reintegro directo a través de depósitos con un plazo máximo de tres años o bien, en su caso, acogerse al procedimiento de arbitraje».
El PSOE incluye entre los potenciales beneficiarios de esta medida a todos los titulares de productos híbridos de las entidades financieras que han recibido o reciban en el futuro fondos públicos, incluidos quienes ya han convertido sus participaciones preferentes en acciones. «Las operaciones de canje para los titulares de preferentes y deuda subordinada que sean considerados ‘no idóneos’ se financiará con deuda pública», concluye la moción.
Medidas de IU-ICV
El Congreso votará un compendio de las principales propuestas de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) tanto a nivel nacional como comunitario para luchar contra la crisis y el paro, que están recogidas en una moción que será sometida a debate durante la sesión plenaria.
La moción, que recoge Europa Press, incluye las principales medidas de carácter económico que la Izquierda Plural ha ido proponiendo durante los últimos meses, comenzando por un emplazamiento al Gobierno para que defienda en la UE una reestructuración del BCE para que «el pleno empleo sea su objetivo prioritario y esté capacitado para financiar directamente a los países de la Eurozona».
Asimismo, reitera que el Ejecutivo debería impulsar con los socios europeos un plan de inversiones para la recuperación de la economía y el empleo que cuente con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y también insiste en su idea de auditar la deuda pública para declarar ‘odiosos’ parte de los créditos y no pagarlos.
Impulsar la economía
En otro orden de cosas, la Izquierda Plural reclama medidas financieras para apoyar a las pymes y los autónomos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de las entidades financieras nacionalizadas, además de incrementar la inversión en I+D+i hasta recuperar los niveles previos a la crisis. De esta manera se podrá poner en marcha una política industrial activa, un nuevo modelo productivo y planes de reindustrialización para las zonas más afectadas por las deslocalizaciones.
La coalición reclama una vez más la derogación de la reforma laboral y la aprobación de un plan de formación-empleo para los parados sin prestaciones, un plan de urgencia específico de empleo juvenil y un programa de escuelas de segunda oportunidad, así como medidas de flexibilidad para preservar los puestos de trabajo en el sector público.
Asimismo, se emplaza al Gobierno central y a las comunidades autónomas a aprobar un Plan Estatal de Emergencia contra la Pobreza y la Exclusión Social que incluya un plan nacional contra la pobreza infantil y una renta básica del ciudadano, y que conlleve la derogación del decreto de Copago sanitario.
Reforma fiscal
El último bloque de propuestas de IU-ICV-CHA hace hincapié en la necesidad de reformar el sistema fiscal español de forma «ambiciosa» para que se potencie su «suficiencia y progresividad» y se incrementen los recursos públicos del Estado para garantizar una mejor redistribución de la renta.
En concreto, se subraya la necesidad de contar con un plan de lucha contra el fraude «ambicioso» y se recomienda integrar en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años.
Además, IU-ICV-CHA defiende la necesidad de revisar en profundidad el Impuesto de Sociedades y el régimen fiscal de las sociedades patrimoniales, crear un Impuesto sobre Bienes Suntuorios y otro sobre la Riqueza, implantar una tasa a las transacciones financieras, y potenciar la fiscalidad verde.