La Fiscalía General del Estado va identificando «a personas responsables» de algunas tramas de niños robados. En principio, no se ha encontrado ningún vínculo entre las redes localizadas en «algunos lugares concretos», por lo que no se puede hablar de que una sola organización las controlase a todas. En total, el Ministerio Público tiene en sus manos 849 casos de este tipo, de los que 162 han sido judicializados porque hay indicios delictivos y 38 han sido archivados.
Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, explicó este viernes que «se va identificando a personas responsables» de los casos de los niños robados. No obstante, no hay vínculo alguno entre ellos, por lo que «no se puede atribuir el conjunto de los hechos a una única organización». La investigación ha destapado tramas, pero no a nivel nacional, sino en «algunos lugares concretos».
El representante del Ministerio Público explicó, después de haber presidido la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, en Valencia, que se investigan 849 casos. De ellos, 162 han sido judicializados, porque se ha visto en ellos indicios delictivos. Otros 38 se han archivado.
En algunos casos, se han tenido que realizar exhumaciones, aunque ese asunto es competencia del juez, dijo Conde-Pumpido. El fiscal desveló que esta orden se ha dado, por ejemplo, en La Línea de la Concepción (Cádiz), pero no en la Comunidad Valenciana.
Dos protocolos
El Ministerio de Justicia ha aprobado dos protocolos: uno para la atención de las víctimas y otro para las pruebas de ADN. Ambos afectan al territorio de competencia del Ministerio de Justicia, porque se extiende al Instituto Nacional de Toxicología y a las actuaciones de los gabinetes de asistencia a las víctimas.
La idea es que todas las comunidades se guíen por los mismos criterios. De cualquier manera, la Fiscalía tiene competencia suficiente para ordenar los análisis de ADN que considere necesarios, porque «la autoridad del fiscal abarca a todo el Estado».
Conde-Pumpido explicó que el delito que se vincula a estos hechos es el de detención ilegal, agravado por el carácter de sustracción de menores. El caso afecta a un «gran número» de ciudadanos españoles, por lo que la Justicia tiene que «actuar con toda la intensidad posible», aunque «la antigüedad de los hechos» sea una traba.
«Apreciamos que hay una gran diferencia entre unos casos y otros, y que abarca a un espacio de tiempo muy prolongado, puesto que hay asuntos que llegan a una época reciente, incluso ya en la democracia».