Padres de alumnos, sindicatos y colegios privados están en guerra contra el modelo educativo de la Comunidad de Madrid. El objetivo son los centros concertados. Las cuotas voluntarias que, sin embargo, obligan a pagar a sus alumnos por conceptos como las actividades extraescolares o los uniformes (aquí se llega a incluir bañadores o corbatas) son el principal motivo de queja. Mientras que sindicatos y oposición lo consideran “privatización encubierta” y acusan a la Consejería de Educación de hacer la vista gorda, las escuelas privadas solicitan que el Gobierno de Esperanza Aguirre potencie la educación pública ya que, en su opinión, el sistema actual fomenta la “competencia desleal” por parte de los colegios concertados.
Eduardo Sabina, responsable de Acción Social del sindicato FETE-UGT en Madrid, añade a Estrella Digital que también se trata de “competencia desleal para la pública”. Por ello, opina que se tendría que retirar el concierto a los centros que obliguen al pago de cuotas. La alternativa sería que la Administración asuma el gasto: “La aportación debe ser suficiente para que cubra todo”, afirma.
La diputada regional Eulalia Vaquero, portavoz de Educación de IU, ha denunciado en la Asamblea madrileña que las cuotas obligatorias están “expresamente prohibidas por ley”. Aun así, según ella, el 90% de los colegios obligan a pagarlas como requisito para matricular al alumno en el centro. Eduardo Sabina dice que las cantidades llegan a ser de unos 300 euros mensuales. Esto, además, sirve de filtro para que las familias de pocos recursos económicos opten por matricular a sus hijos en centros públicos, lo que supone “segregación económica”, según Sabina. Como estas familias son en su mayoría inmigrantes o de etnia gitana, esta práctica acaba derivando en un modo de segregación racial.
Ante esta situación, en el sindicato lamentan que la consejera de Educación, Lucía Figar, “mire para otro lado y deje que los centros hagan lo que quieran”. Aun así, la Consejería ya ha pedido a un colegio concertado, el Trinity College de San Sebastián de los Reyes, que devuelva a las familias que lo reclamen 26 euros de cada mensualidad. Asimismo, solicita al centro que avise de que estos pagos —que incluyen conceptos como material escolar o salidas pedagógicas— son voluntarios.
Esta medida no ha satisfecho ni a los padres ni a la oposición, que reclaman castigos más severos. Por ejemplo, como en Andalucía o Murcia, donde se han impuesto multas millonarias en casos similares. Así, José Luis Pazos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, afirma a Estrella Digital que “no se plantean soluciones desde la Consejería de Educación, pues sus responsables políticos actuales ven con buenos ojos la existencia de las cuotas, aunque públicamente no puedan decirlo”. también
Por su parte, la Consejería ha ampliado en este ejercicio presupuestario las exenciones fiscales a las familias con alumnos centros privados para compensar por el dinero que ahorran en educación al Estado. Esto ya estaba vigente para las familias con hijos en colegios concertados de la Comunidad de Madrid, que pueden desgravar los gastos de escolaridad en la declaración de IRPF y recibir ayudas para la compra de uniformes.
Oposición y sindicatos consideran que esta manera de actuar forma parte del proceso de privatización encubierta de la enseñanza en Madrid, donde, según los críticos con estas medidas, se acabará dejando la escuela pública para las familias sin recursos o para los alumnos con problemas. Como sucede en Estados Unidos.
José Luis Pazos va más allá al afirmar que “en realidad no es una actuación encubierta, pues el Gobierno Regional ha dejado claro en reiteradas ocasiones que su apuesta es por la enseñanza privada y por la privatización de la gestión de la enseñanza pública”. Y añade que “si su modelo se impone, la enseñanza pública será subsidiaria de la privada y se limitará a ser un servicio asistencial para la población más desfavorecida. En algunas zonas de la Comunidad de Madrid ya es prácticamente así”.
FETE-UGT ha alertado sobre este asunto en un informe: “Para el actual ejercicio del 2011 la deducción llegará hasta el 15% en los gastos de escolaridad, un incremento del límite de la deducción hasta 900 euros por hijo y un límite de renta per cápita familiar de 30.000 euros; es decir, una unidad familiar de cuatro miembros que tuviera unos ingresos de 120.000 euros al año”. Los límites hasta ahora eran del 10% en gastos de escolaridad, hasta 500 euros por alumno, y la renta per cápita familiar, de 10.000 euros anuales como máximo. Esta situación es más grave en Educación Infantil. En el curso 2008-2009, según denuncia el sindicato, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya incrementó las cuotas “en un 60,2% para las familias con las rentas más bajas y las redujo en un 58,1% para las más altas”.
La oposición también ha protestado por esta situación. Mercedes Díaz Massó, diputada regional por el PSOE, denunció en la Asamblea de Madrid que estas deducciones suponen un «regalo fiscal que beneficia a las rentas más altas», ya que aportarán 900 euros por hijo a familias con ingresos «de hasta 30.000 euros por miembro de la unidad familiar». En respuesta, Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda, acusó a los socialistas de dar por sentado que exista “una parte de la ciudadanía que paga impuestos y que no tiene derecho a que la Administración le compense por parte de esos impuestos”.
Díaz Massó alertó de que, con esta medida, la Comunidad de Madrid «va a dejar de ingresar en torno a 90 millones de euros, con los que podrían construirse las escuelas infantiles que hacen falta en la región». FETE-UGT también reclama que se dediquen más recursos a la educación pública. En este sentido, denuncian que las ayudas para material escolar y libros de texto “alcanzan a menos del 30% de la población escolar no universitaria, además de que no cubren ni el 50% del gasto medio de una familia”. Y recuerdan que en otras Comunidades Autónomas se financia el total de este gasto. De igual forma, señalan que los fondos para transporte, rutas y alumnos transportados se han reducido en un 10%.
Otro motivo de queja es la enseñanza de idiomas. Según FETE-UGT, se ha congelado el número de profesores, que es insuficiente para una enseñanza de calidad, y no se ha desarrollado la red de Escuelas Oficiales de Idiomas, “cuyo costo para el alumnado es de solo unos 100 euros al año”. La solución del Gobierno de Aguirre es que las familias puedan desgravar el gasto de realizar estos estudios fuera del horario escolar. Para el sindicato, se trata de una estrategia cuyo objetivo es fomentar “el desarrollo de las academias privadas y la prestación del servicio en los propios centros privados”, que así podrían aumentar sus cuotas mensuales.