El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que no se ha conseguido un acuerdo para la reforma laboral porque la patronal no ha querido negociar, y «no iba a negociar» en la última reunión, y eso supone un «obstáculo insuperable».
En declaraciones a la Cadena Ser, Méndez reiteró que la posibilidad de una huelga general sigue existiendo, aunque habrá que esperar a conocer la propuesta del Gobierno y lo que acuerde con los partidos.
El líder de UGT admitió que «en ningún momento» de las más de diez horas que duró la reunión entre los agentes sociales y el Gobierno hubo atisbos de conseguir un consenso.
Aseguró que el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, acudió a la cita para comprobar si «de la A a la Z» se reflejaban sus pretensiones en la propuesta que les llevó el Ejecutivo y si eso lo asumían los sindicatos.
«Es muy decepcionante; no intento echarle la responsabilidad a otro, pero ellos (la patronal) no iban a negociar, y eso es poner encima de la mesa un obstáculo insuperable, apuntó.
Méndez, que no contempla llegar a un acuerdo bilateral con el Gobierno sobre la reforma, advirtió de que la propuesta del Ejecutivo no debería ser un «corta pega» de las diferentes posiciones de la mesa.
Debería, agregó, suponer una propuesta «coherente que preserve los derechos de los trabajadores e incentive la contratación estable» y en la que se planteen elementos para hacer menos atractiva la contratación temporal, así como fórmulas de reducción de la jornada laboral como alternativa al despido.
«Conseguir sus antiguas aspiraciones»
Por su parte, el secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, aseguró que el fracaso de la negociación es sólo achacable a una patronal que «ha querido aprovechar la coyuntura de crisis para conseguir sus antiguas aspiraciones».
Según explicó en declaraciones a Efe, dichas aspiraciones pasan por un despido más barato y por una mayor discrecionalidad de las empresas en la toma de decisiones.
Encima de la mesa estaba la propuesta del Gobierno para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) asuma el 40% de las indemnizaciones por despido procedente (8 de los 20 días) de todas las empresas, y no sólo de las de menos de 25 trabajadores, como ocurre ahora.
A este respecto, el sindicato entiende que hay empresas «que honestamente no tienen más remedio que despedir» y a las que hay que facilitarles las cosas con una ayuda del erario público, pero sin que los trabajadores vean disminuida su indemnización.
No obstante, el principal escollo ha estado siempre en las causas y los procedimientos para el despido procedente por razones objetivas (económicas, tecnológicas, organizativas y productivas), cuestión en la que patronal y sindicatos no han podido acercarse.
Lezcano explicó que la pretensión de la parte empresarial es «abrir el abanico» de las causas objetivas, pero también aligerar los procedimientos para que haya «una menor tutela judicial».
Tampoco ha sido posible consensuar la flexibilización de la negociación colectiva, revisando la denominada «cláusula de descuelgue, para permitir a las empresas en determinados casos la aplicación unilateral de condiciones salariales y de trabajo diferentes a las fijadas en los convenios colectivos sectoriales.
Al respecto, CCOO se ha opuesto a lo que cree que es una excusa para aumentar el poder y la discrecionalidad de pequeñas y medianas empresas, que ya no estarían sujetas a la negociación colectiva de ámbito sectorial.