Según Gabilondo, ante todo debe respetarse la legitimidad institucional del Parlamento catalán para aprobar una ley educativa propia, como han hecho otras CCAA, pues la función de las administraciones educativas «no sólo es la de ejecutar las políticas estatales, sino también elaborar su propia norma».
A su juicio, la ley catalana hace relevantes contribuciones al debate educativo, como es la autonomía que se otorga a los centros docentes en materia pedagógica, refuerza la función directiva, la evaluación como modo de rendir cuentas de todo el sistema y la implicación de las familias a través de la carta de compromiso educativo.
«Considero que todas ellas son medidas que van a contribuir a la modernización de la educación en Cataluña, así como a la mejora de la calidad y el éxito de los alumnos. Una ley que considero muy positiva, ha indicado.
Durante su comparecencia a petición propia y del PP, el ministro ha esbozado las principales novedades y los objetivos que persigue el Gobierno en materia educativa en este curso recién comenzado.
El nuevo curso
El nuevo curso 2009/2010 contará con 7,3 millones de alumnos, lo que supone un 2,4 por ciento más, mientras que a la Formación Profesional se incorporan 42.614 personas más que el año pasado, lo que supone un aumento del 7,8 por ciento.
También ha aumentado el número de niños en Educación Infantil, en total 63.550 niños más que el curso pasado, así como la cifra de alumnos que realiza estudios pos-obligatorios después de quince años después.
En cuanto a la reforma del bachillerato, el ministro ha insistido en que la flexibilidad no está reñida con la exigencia ni se van a «regalar» calificaciones: «se trata de apoyar a los alumnos con dificultades para que no renuncien a seguir formándose».