Los representantes de los trabajadores de la Comunidad de Madrid han denunciado ante la Conserjería de Justicia los acosos y hostigamientos a los que han sido sometidos, al negarse a ciertos seguimientos que rozan la ilegalidad y encargados por sus superiores.
UGT ha enviado una carta firmada por Francisco Javier Sanz, secretario del sector de la Administración autonómica de Madrid, al director general de la Función Pública del Gobierno regional, Miguel López González. La misiva reza, «como usted sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad».
El respresentante de UGT, se refiere al escándalo del espionaje, por el que muchos funcionarios fueron «invitados» a realizar tareas de seguimiento a políticos como Manuel Cobo, Alfredo Parda etcétera y los que se negaron fueron menopreciados durante los últimos años. La carta continúa, «como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (…), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la ‘supuesta trama’ que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo».
En esta segunda parte, el sindicato solicita una investigación para aclarar los hechos, y por consecuencia desvincular a muchos funcionarios de la seguridad de estos hechos ilegales, ya que no todos se prestaron a los «tejemanejes». Lo que pretende UGT, por medio de esta carta, es limpiar la imagen de muchos trabajadores que no están implicados en la trama y que son englobados en el conjunto.
Los medios lo destapan
A su vez se exige que, «se actúe hasta las últimas consecuencias contra aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios, extralimitándose en las funciones que tienen asignadas». En el escrito se refiere a las informaciones publicadas en el diario El Pais. «Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas informaciones en los medios que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de hoy han sido, insisto según los medios de comunicación, imputados al personal de confianza (asesores de seguridad, o lo que es lo mismo funcionarios de empleo)».
Estos trabajadores han mantenido el silencio hasta ahora, pero cuando Francisco Granados afirmó que toda esta trama de espionaje, poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los funcionarios perdieron la paciencia y decidieron romper su silencio. Los miembros de la Seguridad de la Comunidad de Madrid constatan que por «por algún medio de comunicación se ha trasladado que podrían estar o haber participado en la supuesta trama técnicos especialistas en seguridad propios de la Comunidad de Madrid y, en concreto, encuadrados en la Consejería de Interior», lo que les señalaba directamente.
Los agentes de seguridad de la Comunidad de Madrid se desvinculan así de toda la trama y piden mediante esta carta, que se lleve a cabo una investigación, que llegue hasta sus últimas consecuencias y que arrastre a quien tenga que arrastrar y exculpe a los demás. Según el escrito de UGT, el sindicato «se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general».