En julio de 2016, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha un plan de choque contra las Viviendas de Uso Turístico. Los datos del Plan suponen una muestra del fracaso de la estrategia: de poco más de seis mil expedientes, entre los que han aceptado cerrar y han sido precintados, solo un quince por ciento se han retirado del mercado.
Un año después del inicio del Plan, se han abierto 6.197 expedientes disciplinarios a inmuebles considerados irregulares. Algo más de la mitad, 3.473 han llegado a ser expedientes sancionadores. El han decretado 2.332 órdenes de cese de actividad en propiedades que operaban sin licencia, pero solo 744 han acatado la orden. 145 pisos han sido precintados.
Airbnb ha visto los dos agujeros evidentes en los datos: las alegaciones iniciales reducen prácticamente en un cincuenta por ciento los expedientes, y el abandono del mercado se produce por desestimiento más que por precinto.
La clave jurídica, probablemente, se encuentra en que el Ayuntamiento a pesar de anunciar el aumento de inspectores ha permitido que sean los ciudadanos quienes hagan la labor de vigilantes y formulen denuncias anónimas, dando paso a denuncias “interesadas” contra la competencia.
Un hecho que da lugar a sustanciales problemas jurídicos y a que el Ayuntamiento se vea obligado a reducir las sanciones de “muy graves” (hasta 600.000 euros) a “graves» (de 3.001 y 60.000 euros) que, además, se rebajan ya que las multas se reducen en un 50% si se pagan en un plazo inferior a diez días.
Airbnb contrata con un bufete danés
Easyoffer es una plataforma que pone en contacto a usuarios con abogados y ofrecerá acceso a un asesoramiento legal especializado a las personas afectadas por expedientes municipales.
Easyoffer y Airbnb han llegado a un acuerdo de colaboración a través en la web de Easyoffer que, por otra parte identifica a bufetes especializados a los que los afectados pueden dirigirse. Hasta cinco despachos de abogados especializados.
Una Guía para burlar a Colau
El “marketplace” ya viene trabajando este tema. Con la firma de su creador de contenidos, Daniel Álvarez, ya presenta una guía sobre el alquiler vacacional en Barcelona que tiende a burlar la estrategia de Colau.
Con notable rigor jurídico y práctico la guía conduce a un peregrinaje de recursos y alegaciones del que, a pesar de las presunciones municipales, sale perdiendo, como demuestran las cifras, el Ayuntamiento.
Airbnb, el negocio es el negocio
Airbnb ha puesto una pantalla entre sus clientes y el negocio inmobiliario. Como Estrella Digital ha denunciado en varias ocasiones, tanto en Barcelona como en Palma o Madrid, operan verdaderas inmobiliarias disfrazadas de economía colaborativa que, por otra parte, trabajan en la economía irregular.
Los ministros de finanzas de la UE acordaron en Agosto forzar a las plataformas de intercambio de viviendas como Airbnb a pagar impuestos. Otras autoridades a lo largo de Europa, abordan estrategias de regulación de la llamada economía colaborativa que, en realidad, no lo es.
El acuerdo adoptado en Barcelona por Airbnb revela, por una parte, los agujeros jurídicos de la estrategia municipal, en la medida que no ofrece alternativa a los usuarios distinta a la prohibición, pero también que la plataforma defiende un modelo de negocio que, como ha sucedido ya con Uber, ha dejado de ser simpático.
Miguel de la Balsa