El controvertido capítulo sobre los privilegios de las empresas energéticas que operan en España sigue coleccionando quejas de los ciudadanos, pero no muestra ningún signo de cambio. Hasta 15.000 reclamaciones se acumularon el pasado año en las oficinas de las principales organizaciones de consumidores del Estado, la mayoría alentadas por una extraña sensación de estafa en la factura de la luz.
Las denuncias oscilan desde los redondeos al alza de las facturas que aplican las empresas en el consumo mensual estimado del usuario hasta el intento de cobro por un servicio gratuito como es el cambio de contadores. , unas prácticas que incumplen la Ley General de Defensa de los Consumidores y apuntan al Gobierno como principal responsable.
El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Ángel Oliván, prefiere hablar de “abusos muy bien maquillados”, desde el redondeo al alza de las estimaciones en el consumo mensual de un usuario hasta la libre valoración de la compañía para establecer la potencia que requiere un hogar. La puntilla al usuario procede del propio Gobierno que permite a estas empresas incluir hasta 17 conceptos de difícil comprensión en la factura. El resultado es una preocupante percepción de “que el ciudadano está indefenso y poco puede hacer ante este abuso legal”, afirma Oliván.
Una de las batallas ganadas en este laberíntico camino que es el cobro de la luz fue la paralización del método de cambio en el contador diseñado por Endesa. Tras explorar detenidamente la norma en vigor del Ministerio de Industria, expertos de la UCE lograron que la compañía eléctrica anulara el cobro de 9 euros por permuta y emprendiera una frenética devolución del dinero a los afectados.
La situación es aún más peliaguda desde la entrada en vigor hace dos años de la facturación mensual, en lugar de la bimensual, realizada por las compañías eléctricas. Las irregularidades detectadas han sido cuantiosas. La más grave y delicada está en los recibos analizados, muchos de los cuales no reflejaban los consumos reales sino un gasto de luz estimado, ya que las compañías eléctricas mantuvieron la lectura bimestral para no aumentar sus costes. Pero la triquiñuela empresarial llegó, en algunos casos, más lejos.
Durante el primer mes, las compañías solían realizar una evaluación a la baja del consumo del cliente para compensarlo en el segunda mensualidad al incluir el excedente impagado del primer mes. De este modo, las posibilidades de que el usuario superara la barrera de los 500 kilovatios por hora, el límite fijado para una penalización por elevado gasto de energía, fue una práctica habitual.
La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, esta inconcebible situación “produjo un enriquecimiento injusto de las compañías eléctricas” y un menoscabo en los derechos del consumidor “ya que no tiene claro cuanta electricidad gasta al mes” .
La organización Facua ha denunciado prácticas irregulares en 16 comunidades autónomas y acusa “al modelo de facturación impuesto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”. En su argumentación, esta asociación subraya que estamos ante “una práctica abusiva, y por tanto prohibida y sancionable, según lo establecido tanto en las normativas autonómicas de protección a los consumidores”. En concreto, Facua señala que las eléctricas vulneran, entre otros, el artículo 87.6 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que define como abusivos «el abono de cantidades o servicios no prestados».
Uno de los quebrantos más demoledores se produjo durante 2010 en Asturias. Según constató la UCE, miles de usuarios tuvieron que hacer frente a facturas acumuladas superiores a los seis meses debido a errores de tramitación de las compañías eléctricas HC y, en menor medida, E ON. En algunos de los casos se llega a sobrepasar el año. El descalabro económico provocado fue descomunal para cientos de afectados que si no solicitaban el pago fraccionado de la ingente factura, se enfrentaban al colapso de la economía familiar.
También en Asturias, la UCE decidió interponer una denuncia contra Unión Fenosa el pasado año por presuntas prácticas fraudulentas de sus comerciales a la hora de captar nuevos clientes. El caso se encuentra en la fase de instrucción.
El resultado de todo esto son las más de 15.000 quejas contra todas las compañías eléctricas por presuntos abusos en la facturación, que en una hábil maniobra corporativista han camuflado la liberalización del sector “en un oligopolio territorial”, según el presidente de la UCE, José Ángel Oliván.
Finalmente, este colectivo lleva poniendo el grito en el cielo desde hace tiempo ante la permisividad oficial con la doble imposición en la tarifa de la luz, un bien social básico que soporta una tasa especial sobre la energía a la que posteriormente se le aplica el IVA.
Las organizaciones de consumidores están dispuestas a aumentar la presión, un eufemismo a la hora de hablar con el ministro de Industria Miguel Sebastián y decirle a la cara que no mantenga vínculos tan estrechos con el lobby energético. Que la factura de la luz es un abuso que provoca asfixia a miles de españoles. Para dar mayor énfasis a la posición de Sebastián, Oliván reconoce que jamás han logrado sentarse frente a él, que siempre fueron desviados a un secretario. Justo lo contrario de lo que ocurre cuando quien reclama son las compañías electricas. «Esto es inaceptable», afirma el presidente de la UCE.