Dos de cada diez tienen que esperar más de seis meses, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad cerrados a diciembre del año pasado, que desvelan que el aumento de pacientes en listas de espera es mayor en todas las especialidades, salvo la cirugía cardiaca, donde fueron 349 menos que en 2018, si bien tuvieron que aguardar lo mismo que un año antes: 63 días.
En la que más pacientes había era Traumatología, con 174.905 pacientes y una media de espera de 137 días; Oftalmología (147.117 y 81, respectivamente); y Cirugía General y de Digestivo (129.664 y 116).
No obstante, la media de espera sí logro reducirse ocho días en doce meses, al pasar de 129 a 121. La bajada fue generalizada en todas las especialidades salvo Neurocirugía, en la que se incrementó a 163 días, 13 más; Angiología y Cirugía Cardiovascular (100 días, 5 más que en 2018); Cirugía Maxilofacial (125 días, 3 más) y Traumatología, cuyo incremento fue de dos días.
Por procesos, la mayor parte de los pacientes estaban esperando ser operados de cataratas (108.257), seguido de Hernia inguinal/ crural (31.542) y Artroscopia (16.493).
Y todos estos tiempos pueden haberse duplicado por la pandemia de coronavirus, que ha obligado a cancelar consultas de especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no urgentes, según apuntan distintas fuentes consultadas por Efe.
«Si durante un trimestre se ha dejado de atender a los pacientes es posible duplicar las listas de espera quirúrgicas y, sobre todo, la de pruebas diagnósticas, que es donde más problema hay», asegura el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), Antonio Cabrera.
La repercusión de la crisis sanitaria ha podido dejarse notar también en la atención primaria, donde el tiempo para obtener una cita, que era de 72 horas, «ha podido aumentar de forma significativa».
De la misma forma, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez-Bayle, cree que las listas de espera se «han duplicado, si no más», aunque precisa que hay diferencias entre comunidades autónomas en función de la incidencia de COVID-19.
Por ejemplo, en comunidades como Baleares, Asturias, Canarias o Murcia, que han tenido pocos casos, la repercusión en las listas de espera será menor que en otras como Cataluña o Madrid, en las que «prácticamente» la actividad normal se ha suspendido, ha señalado.
La casilla de la que parten las comunidades es muy heterogénea: Castilla-La Mancha acumulaba 35.779 personas aguardando una intervención quirúrgica, que se retrasó de media 163 días. Le seguía, de cerca, Andalucía, con 150.655 pacientes y 161 días de espera; Cataluña (173.694 y 155, respectivamente); Canarias (25.888 y 133); Aragón (23.357 y 113) y Extremadura (22.602 y 125).
Muy por debajo de la media de espera estaban el País Vasco, donde 17.059 enfermos aguardaban de media 48 días para ser operados; Madrid (58.146 y 52, respectivamente); La Rioja (4.672 y 53); Galicia (35.720 y 55).
En mitad de la tabla están Murcia (22.681 y 78); Baleares (12.057 y 79); Navarra (8.038 y 80); Asturias (19.326 y 83); Comunidad Valenciana (54.152 y 90); Castilla y León (29.263 y 94) y Cantabria (10.570 y 100). En Ceuta eran 960 los enfermos en lista de espera, con una demora de 92 días, mientras que esas cifras se reducían en Melilla a 378 y 38.
La tasa por mil habitantes es de 15,53 pacientes a nivel nacional, pero también aquí hay una gran heterogeneidad autonómica, que va del 7,69 del País Vasco o el 8,78 de Madrid al 24 de Cataluña y al 22 de Extremadura.
Para la Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública, estos datos «suponen básicamente un estancamiento de la situación anterior», ya que un año antes eran 668.288 pacientes en la lista, 129 días de espera y un 20 % de personas para las que era mayor a seis meses.
Sin embargo, el número de entradas en las listas de espera quirúrgicas (2.469.230) supera al de salidas por intervención (2.050.146), «lo que hace esperar un empeoramiento de la situación».
De ahí que haya reclamado un «Plan de abordaje de las listas de espera» con el objetivo de «reducirlas a lo técnicamente imprescindible», para lo que serán necesarios «recursos humanos específicos y el reforzamiento del funcionamiento al 100% de los centros sanitarios públicos».
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