Estos días 16 activistas de Greenpeace y un fotoperiodista han estado pasando el amargo trance de sentarse en el banquillo afrontando una petición de penas de dos años y ocho meses de cárcel. Además la organización ecologista se enfrenta a una posible sanción de unos exorbitados 360.000 euros que dejaría temblando sus presupuestos en España si tuviese que pagarla. Eso es lo que piden el Ministerio Fiscal, Iberdrola y los guardias de seguridad de la central nuclear de Cofrentes en forma de multas y responsabilidad civil ante el Juzgado de lo Penal nº 11 de Valencia.
Los hechos por los que se ven ante los tribunales se remontan a febrero de 2011 cuando, para denunciar la inseguridad de la central de Cofrentes, se encaramaron a su torre de refrigeración y pintaron en ella «Peligro nuclear».
Greenpeace pretendía que el Gobierno no renovase el permiso de explotación de esta vieja central, a fin de que no se sobrepasara el tiempo de funcionamiento para el que fue diseñada, con afán de evitar riesgos innecesarios para la salud de las personas y el medio ambiente, ya que obviamente las centrales envejecidas tienden a tener más achaques. También pretendían, y lo consiguieron, evidenciar la vulnerabilidad de estas instalaciones frente a supuestos como un ataque terrorista. Su acción puso de manifiesto, bien a las claras, lo fácil que era acceder al que es potencialmente uno de los objetivos prioritarios que podría tener cualquier organización terrorista que quisiese dañar un país.
De alguna manera, comenta Mario Rodriguez, director de Greenpeace «entendemos que los responsables de la central se molestasen al poner en evidencia ésos fallos de seguridad, pero creemos que lo que deberían haber hecho es tomar nota de ellos y hacer mejoras. En cambio, parece que aquello les molestó mucho y ello tiene que ver probablemente, con la saña con la que se están comportando ahora». No pueden comprender como se les está pidiendo lo que se les pide: cárcel y sanciones desmesuradas por lo que fue un simple acto de protesta pacífica de tantos que han realizado.
El Gobierno acabaría autorizando poco después que Cofrentes funcionase hasta 2021, superando el tiempo para el que se diseñaron las instalaciones
Los activistas no consiguieron uno de sus objetivos: el cierre de la central. El Gobierno, favoreciendo a Iberdrola, propietaria de la central de Cofrentes, acabaría autorizando poco después que Cofrentes, que ya tiene 30 años de vida, funcionase nada menos que hasta 2021, superando ampliamente el tiempo para el que se diseñaron las instalaciones, materiales y equipos. Poco importó, como denuncian los ecologistas, el historial de problemas de la planta como la corrosión de algunos componentes y demás. Y poco parece importar que posteriormente hayan seguido denunciándose deficiencias, como la dudosa resistencia que tendría en caso de un seísmo no demasiado importante. No olvidemos que Cofrentes está en el río Júcar, aguas arriba de una de las zonas agrícolas más importantes de España. Y que según soplase el viento, caso de que pudiera darse un accidente con emisión de radiactividad al exterior, las áreas afectadas podrían ser muy vastas.
Se dice que las probabilidades de accidente grave son bajas, pero la seriedad de las consecuencias en el supuesto de que se diese son tan serias en este tipo de energía, cosa que no sucede con otras formas de obtención de la misma, que la mera existencia de alguna probabilidad haya de tener un peso. Y ello dejando a un lado otros problemas, al margen del riesgo de accidentes, como el ocasionado por unos residuos radiactivos que emitirán radiación durante milenios. Ese tipo de consideraciones son las que mueven acciones como aquella de Greenpeace en febrero de 2011. A algunos no se les pasaba por la cabeza que pudiera pasar algo como lo de Fukushima, por ejemplo, y sin embargo pasó. Y pasó, por cierto, no mucho después de que aquellos ecologistas trepasen a la torre de Cofrentes.
Ahora que hay quien quiere que los ecologistas paguen tanto por su acción de protesta en la central cabe también, por lo tanto, hacerse otras preguntas. Por ejemplo ¿quién pagaría por las consecuencias de un accidente en caso de que se produjera? Greenpeace comenta que «la cobertura de responsabilidad civil por accidente nuclear grave es muy baja. La cantidad máxima en España es de 1.200 millones de euros, pero estos costes no reflejan el verdadero coste de un accidente nuclear. Según la Comisión Europea, se han estimado hasta 187.000 millones de euros para pagar los seguros y la compensación por daños del accidente de Fukushima». Pero, tal y como es este país, es dudoso incluso que se pagase esa cantidad máxima tan mínima por parte de la compañía eléctrica. España es el país del que contamina no paga. Y eso sin hablar del coste más terrible de un accidente nuclear grave: la cantidad de personas que sufrirían efectos en su salud durante generaciones.
El día que no haya voces que denuncien los riesgos estaremos perdidos
Los que desde luego pagarían serían los ciudadanos, en lo sanitario y en lo económico. Lo que ya riza el rizo de lo siniestro es que sean también los ciudadanos, en este caso encarnados en Greenpeace, que no hace más que expresar lo que siente una mayoría de la población española que es contraria a la energía nuclear, los que puedan acabar pagando exageradamente simplemente por intentar advertir de un riesgo que se les impone contra su voluntad. Como comentan desde la organización ecologista, nunca han eludido la responsabilidad por sus acciones no violentas, pero eso es una cosa y otra muy diferente que por ellas se les pida cárcel y sanciones desorbitadas.
Greenpeace, como otras organizaciones, no hacen más que intentar conseguir que se haga lo que, por mandato de la Constitución deberían hacer los poderes públicos: proteger el medio ambiente y prevenir daños a la salud de las personas. Pero como los poderes «públicos», lejos de hacerlo adecuadamente, como se denuncia reiteradamente, parecen dedicarse a actuar en connivencia con los intereses de una serie de empresas y los riesgos se toleran y enmascaran, asociaciones como esta se ven obligadas, arriesgando a veces mucho en ello, a dar un paso al frente para alertar sobre ésos riesgos, intentando noblemente prevenir posibles daños a la nación.
Es algo esencial en una sociedad libre. El día que no haya voces que denuncien los riesgos, el día que solo podamos esperar que sea una fuente oficial la que nos alerte de algo (tal y como sabemos que funcionan ésas voces) estaremos perdidos. Porque ése día nos habremos acostado en España y habremos amanecido en China. Probablemente eso es lo que pretenden algunas personas del ámbito empresarial y político de nuestro país: una sociedad amordazada y atada de pies y manos que no pueda rechistar se haga lo que se haga. En una sociedad así puede promoverse sin problemas, desde luego, la energía nuclear, entrañe los riesgos que entrañe. No en balde, es precisamente China el país del mundo que más decididamente apoya la energía nuclear, mientras esta languidece o ha sido eliminada en países con más libertades.
Sería muy preocupante que los poderes públicos llegasen a extremos intolerables de complicidad con una serie de intereses particulares, porque ello facilitaría que se llegase a situaciones muy peligrosas en todos los ámbitos. Situaciones de riesgo ambiental, sanitario, económico, de falta de libertades… para una nación. Situaciones en las que no se alerta de ésos peligros. E incluso situaciones en las que se castiga «ejemplarmente» a quienes se atreven a advertir sobre ellos.
¿Es eso lo que queremos que impere en España? Pues a ver qué pasa con estos 17 de Cofrentes que han sido juzgados en Valencia. No sea que, al final, lo que se sentencie sean una serie de derechos fundamentales de todos los españoles.
Por una de ésas «coincidencias» de la vida, el caso ha quedado visto para sentencia coincidiendo con la aprobación en el Congreso, con los votos del partido en el Gobierno, de la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entre otras medidas amordazantes de los derechos ciudadanos, incluía una peculiar y extrema «cláusula anti-Greenpeace» que imponía fuertes sanciones a conductas como escalar algunos edificios o manifestarse ante instalaciones críticas (como centrales nucleares). El texto, pese a las protestas, solo ha sido levemente suavizado. Sigue siendo una ley mordaza.
«La Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo»
Como denuncia Mario Rodriguez «como ésa ley abre la puerta a que se te puedan imponer sanciones elevadísimas por la vía administrativa, sanciones de hasta cientos de miles de euros, de modo parecido a cuando te ponen una multa de tráfico, simplemente porque te la impone la autoridad, se te puede privar de la presunción de inocencia y de una serie de formas de defensa que existirían por otras vías, dificultándote sobremanera hacer valer una serie de garantías». El director de Greenpeace no puede resistirse a la idea de que, tras de este tipo de medidas pueda existir «un intento de amedrentar y amordazar a los que protestan por una serie de cosas, algo difícilmente compatible con una sociedad democrática sana».
Ciertamente, pareciera como si una serie de fuerzas parecieran obstinadas, especialmente en los últimos años, y amparadas en el río revuelto de la crisis, en llevarnos por el camino de China, donde tienen claro que los derechos civiles no deben estropear algunos negocios particulares promovidos desde el poder político. En el mismo sentido parecen ir, por ejemplo, las secretas negociaciones del tratado de libre comercio con los Estados Unidos que, de llegar a firmarse como se pretende, acabarían con algunos derechos básicos de los europeos en asuntos sensibles. Soplan vientos liberticidas.
Ese es el contexto del juicio que se ha celebrado estos días y en el que queda visto para sentencia, probablemente, como se decía, mucho más de lo que parece. La pérdida o no de derechos ciudadanos no llega de golpe, sino poco a poco, batalla a batalla. Y esta de los 17 de Greenpeace es, probablemente, una de ellas.
Tenemos a un «David» que, legítimamente, ha intentado alertar y concienciar a la sociedad sobre un riesgo. Y de otro lado a un «Goliat» interesado en enmascarar ése riesgo, cosa en la que nuestros poderes «públicos», aliados con algunas empresas, son maestros. Machacar y amedrentar a los que han puesto en evidencia el siniestro montaje de mentiras en el que descansa la supuesta «seguridad» nuclear puede parecerles muy bien a algunos, pero acaso no sea ni lo más justo ni lo más inteligente.
Como recuerdan Greenpeace y las otras asociaciones que la apoyan (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, WWF… y otros centenares de organizaciones y personalidades que han manifestado solidaridad estos días) «la Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, por lo que no se podría entender la imposición de sanciones claramente desmedidas a quienes pretendieron alertar sobre un peligro para el medio ambiente de forma pacífica y sin generar ningún riesgo. Además consideran un paso grave el que se está dando con este caso, de intimidación para futuras acciones en defensa del planeta, una peligrosa tendencia al alza que ya se está observando en muchos países del mundo. Graves impactos ambientales quedan impunes cada día. Resultaría del todo incomprensible que los que protegen el medio ambiente tengan que pagar un precio desorbitado por ello».
«David» no parece arredrarse. “Por mucha multa millonaria y amenaza de cárcel de Iberdrola no vamos a dejar de denunciar el peligro de la energía nuclear ni de ejercer nuestro derecho a defender el medio ambiente” comentaba el director de Greenpeace. Esta asociación cuenta con el respaldo de su enorme cantidad de socios.
Pero es evidente que la situación es muy preocupante. Lo que se denuncia es un intento de segar la hierba bajo los pies de Greenpeace, asfixiando económicamente a la organización en España. Sin contar la sanción antes aludida, esta organización acumula ya, a base de multas y demás en los últimos años, otros cientos de miles de euros.
Los ecologistas denuncian una escalada autoritaria que ataca frontalmente el sistema de libertades de nuestra “democracia”: el derecho a la libre expresión, y el derecho de reunión y manifestación. Instrumentos legítimos para promover cambios y mejoras sociales y ambientales, que tratan de ser aniquilados mediante la asfixia económica de las organizaciones que recurran a ellos.
Algunos estarán, no cabe duda, relamiéndose de gozo en sus despachos -un poco acaso como el señor Burns de los Simpsoms, cuando dice eso de «excelente»- viendo sufrir a estos defensores del medio ambiente y de la salud de las personas. Querrían probablemente ver que se extinguiese esta molesta voz. Asesinando a Pepito grillo. La voz de una conciencia ambiental que molesta a algunos pero que, mal que les pese, es necesaria y más en un país con tanta golfería y atraso como este en algunos temas.
Mientras la Administración no escucha el sentir mayoritario de sus ciudadanos y no reacciona ante ciertos riesgos, como los que pudieran derivarse de la energía nuclear, es más, permite a veces que estos puedan acrecentarse (como puede suceder cuando se dan prórrogas de funcionamiento a centrales envejecidas, o cuando se rebajan los criterios de seguridad para que sigan operando, cosa que ha sucedido en más de una ocasión), hay personas de a pie que, a pecho descubierto, se arriesgan para alertar a la sociedad mostrando ésos riesgos que la Administración oculta. ¿Hemos de castigarles por ello?
En este país, demasiadas veces, todo se reduce a un espectáculo de títeres, como en Titirimundi. Los títeres son bien visibles y los titiriteros también, aunque pretendan estar en las sombras y que no se vea como mueven los hilos. Y los titiriteros aquí son las grandes compañías eléctricas que hacen y deshacen a su gusto con absoluto desparpajo, en unos mercados eléctricos en los que los consumidores estamos muy lejos de ser libres más que de pagar lo que quieran cobrarnos por la energía que producen del modo que quieren.
¿Y qué hace el Gobierno? Pues poco más o menos lo mismo que ésa lancha de la Armada que tan «valientemente» embistió el otro día a la pacífica embarcación de Greenpeace frente a Canarias. Porque siempre es más fácil ser fuerte y «valiente» con el débil que serlo con el fuerte. No hay más que ver la «valentía» del Ministro Soria, por ejemplo, a la hora de «enfrentarse» a las empresas energéticas para limitar sus abusos.
Lo que se sabe acerca de las eléctricas y el poder político, con todos los resortes de este, alcanza extremos escandalosos. Va desde ésas puertas giratorias por las que algunos políticos y altos cargos entran y salen, y otros ahora en el poder acaso esperan un día entrar, a decisiones incalificables, pisoteadoras de toda clase de derechos, como el programa de cruel exterminio del posible autoabastecimiento ciudadano con energía solar, inventándose incluso un singular «impuesto al sol», a fin de que las eléctricas no dejen de tener a los españoles como rehenes, obligados a pagar siempre las caprichosas facturas que quieran pasarles, una parte de ellas radiactivas además de onerosas. Como si tuviesen derecho de pernada.
En España, agredir el medio ambiente sale gratis o casi
Ese, no lo olvidemos, es el mar de fondo del juicio a los 17 de Cofrentes. Una lucha desigual en la que un grupo de personas comprometidas intentaron simplemente llamar la atención de la ciudadanía con actos testimoniales pacíficos como el de trepar a aquella torre de refrigeración, contando con la cobertura de unos medios de comunicación cada vez menos libres también. Salir en los telediarios, aparecer en los periódicos… y así llegar a una población española que es mayoritariamente contraria a la energía nuclear como debieran serlo también sus representantes si es que realmente les representasen a ellos y no a otras cosas. Esperando que con eso llegue un día en que los poderes públicos defiendan realmente a la ciudadanía en estos asuntos. «Si pretenden eliminar nuestra posibilidad de protestar ¿de qué forma podremos los ciudadanos defender nuestros derechos?» se pregunta Mario Rodríguez.
Aquí, cuando hay un atentado ecológico, por ejemplo cuando hay un vertido o una emisión tóxica se minimiza. Cuando hay puntos de España donde las tasas de cáncer son altísimas, hasta hay autoridades sanitarias que salen en defensa de las industrias diciendo que las enfermedades no son por eso. Pero cuando unos ecologistas denuncian algo para defender la salud de las personas, por lo visto, hay que magnificar, hacer que caiga sobre ellos todo el peso de la ¿ley? ¿Qué ley es esa si puede aplicarse de cierto modo para castigar a los que defienden cosas básicas en un Estado de Derecho?
¿Quien juzga a la energía nuclear por los riesgos que representa? ¿Si hay un accidente, como antes decíamos, quien pagará?
En este país, agredir el medio ambiente sale gratis o casi. Ahí tenemos lo del vertido de las minas de Aznalcóllar en el entorno de Doñana. La discutible limpieza de la zona costó decenas de miles de millones de las antiguas pesetas que pagaron todos los españoles, mientras la empresa sueca Boliden se fue de rositas no solo no pagando nada sino llegando incluso a cobrar subvenciones tras aquello, antes de despedir a sus trabajadores y volverse a su país. También tenemos el caso de Flix (Tarragona) donde el coste astronómico de retirar los cientos de miles de toneladas de lodos tóxicos allí depositados correrá fundamentalmente a costa del erario público. Son solo dos ejemplos de una triste constante. España tiene un vergonzante puesto de «honor» entre los países en los que el que contamina no paga. A un nivel prácticamente tercermundista.
¿Por qué en este país no hemos visto aún una sentencia ejemplar contra ninguna gran empresa por un caso de contaminación? ¿Dónde están en España ejemplos como, por ejemplo, los vistos en Estados Unidos y eso que ese país tampoco es que sea una maravilla en estos temas?. ¿Dónde se han visto aquí ejemplos como los casos reales, llevados al cine, de Erin Brockovich y Acción Civil? ¿Cuándo se ha visto aquí que una gran compañía tenga que abonar centenares o miles de millones de euros por una marea negra, por la muerte de miles de personas por el amianto o por cualquier otra causa?. Nunca. Y no es porque en España no se hayan dado situaciones pasa eso.
Si en este país se juzgase lo que de verdad lo mereciese, lo que debería estar juzgándose es la energía nuclear
Contaminar o poner en riesgo a las personas fácilmente sale gratis pero, por lo visto, puede no salir gratis luchar por evitar esas cosas. ¿Es que no va a caber ya siquiera ni el derecho a protestar por las injusticias? En el mundo al revés que es España cada vez más, la injusticia es tan flagrante que, desde una subversiva forma de ver las cosas, forma que se ha institucionalizado en buena medida en este país de las corrupciones, podría acaso llegarse a un extremo en el que no pareciera raro que cuando alguien denuncia ésa injusticia pueda ser tratado como un delincuente peligroso. Acaso porque amenaza un tóxico, radiactivo, estado de cosas que ha echado raíces demasiado profundas.
Las mismas razones que llevan a que no se persigan debidamente los delitos medioambientales pudieran llevar a que, cumpliendo la máxima de ser fuerte con el débil pero débil con el fuerte, pueda pretenderse caer con todo el peso de la ley contra los que buscan que se cumplan las leyes. El que contamina no paga… el que paga ha de ser el contribuyente y el que quiera denunciarlo. Guante de seda con los contaminadores o potenciales contaminadores y mano de hierro con los denunciantes de desaguisados. ¿Es esto lo que queremos?
Si en este país se juzgase lo que de verdad lo mereciese, lo que debería estar juzgándose es, probablemente, la energía nuclear. Una energía cara y peligrosa que ya ha dado varios sustos monumentales a la Humanidad, como los de Chernóbil y Fukushima. En España, sustos como el de Vandellós I, que solo porque Dios no lo quiso no liberó toneladas de gas radiactivo a la atmósfera en 1989. ¿Se juzgarán alguna vez tantas conductas irresponsables que, a lo largo de décadas, se han denunciado en las instalaciones nucleares españolas? ¿Se pedirán responsabilidades por el dinero que nos ha costado a todos los españoles tanta reparación, tanta chapuza, como, por ejemplo, cuando se agrietaban una y otra vez componentes esenciales de la seguridad de algunas centrales? ¿Se investigarán alguna vez ciertos costes desorbitados y negocios hechos a cuenta de cosas como los residuos radiactivos?
Esta forma de energía, hija de la bomba atómica, se presentó con muchas ínfulas hace unas décadas, pero luego solo pudo extenderse muy por debajo de sus previsiones, ya que pronto se vio que era ruinosa. Hoy hay solo hay 438 reactores en el planeta de los millares que quisieron construirse. Muchos de ellos son muy viejos ya. Solo países como China, como ya se ha dicho, apuestan en serio por esta energía y la mayor parte de sus proyectos están retrasados. Estados Unidos hace ya mucho que dejó de apostar por esta energía, impensable en un contexto de verdadero libre mercado. Las propias compañías no quieren construirlas, por su falta de rentabilidad, a no ser que papá Estado les garantice la recuperación de los costes: es decir, que si una central no es rentable (cosa demasiado frecuente) acaben siendo los ciudadanos los que paguen. ¿Es que eso no es de juzgado de guardia?. En España, donde llegaron a proyectarse muchas decenas de centrales, hay hoy solo 7. En 2013 produjeron poco más que el 20% de la energía nacional. Es una energía en declive. Pero las eléctricas quieren mantener las centrales en marcha aunque ya estén en la UVI, con respiración asistida. A ellas les beneficia, a nosotros no. Y tienen mucho poder. Son como la banca, que siempre gana. Y sus ineficiencias nos las cobran en el recibo sin que podamos escaparnos de eso.
Durante mucho tiempo estaremos pagando los costes reales de las nucleares en las facturas que nos pasan. Porque siempre somos los mismos los que pagamos las aventuras que enriquecen a algunos, por descabelladas y peligrosas que sean. Peligrosas en todos los sentidos, incluido el económico. Mientras, nuestro Gobierno se dedica a hacer todo el daño que puede a unas energías renovables que perfectamente podrían abastecer a nuestra nación. Como sucede con la energía solar, que está siendo masacrada en el país del sol, porque no es del gusto del «señor Burns». Y de paso, eso sí, se juzga a los 17 de Cofrentes porque tuvieron la osadía de denunciar que la energía nuclear es peligrosa.
Carlos de Prada