Una de las circunstancias inusuales que rodean la imputación de la infanta Cristina es el hecho de que los dos representantes estatales en el procedimiento judicial abierto por el caso Noos, y su pieza separada respecto a la sociedad Aizoon, se hayan puesto de parte de quien supuestamente engañó a la Hacienda Pública, que viene a ser la caja común alimentada con los impuestos de todos los españoles. Pero así es. Tanto el fiscal como el abogado del Estado discrepan del juez que, por detectar indicios de blanqueo de dinero y fraude, acaba de citar a la infanta Cristina para el próximo día 8 de marzo «en calidad de imputada».
No es un auto de procesamiento. Aún no se acusa de nada a la hija del Rey, aunque lo parezca por la llamada «pena de telediario», que han sufrido tantos personajes públicos. La infanta no es la única. Simplemente, se la convoca para que preste declaración «en calidad de imputada» y «asistida de letrado». Una excelente oportunidad de comportarse con la «ejemplaridad» prometida en el mensaje navideño del Rey respecto a las personas relacionadas con la Corona en mayor o menor grado de cercanía.
«Lo cierto es que doña Cristina ha preferido litigar con el juez»
Sin embargo, entre cooperación o litigio ante la Justicia, la infanta ha optado por lo segundo. Mientras la Casa del Rey expresaba su respeto a la decisión judicial de imputar a doña Cristina, su representante legal, Miguel Roca, anunciaba su intención de recurrir el auto del juez Castro. Claro que tiene derecho a defenderse, pero se supone que este tipo de personajes públicos también tienen el deber de cooperar con la Justicia a la luz del viejo principio aristocrático de «nobleza obliga».
La infanta debiera ser la primera interesada en convencer al juez de que no tiene nada que ocultar y de que ella nunca se prestó a mantener conscientemente ese «andamiaje imprescindible para defraudar a la Hacienda» del que habla José Castro en su auto de 227 páginas. Se refiere a Aizoon, una especie de caja registradora de los Urdangarin. Ahí desembocaba el dinero público obtenido irregularmente por el Instituto Nóos de los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares, básicamente. Pero lo cierto es que doña Cristina ha preferido litigar con el juez. Y esa no es la señal más segura de su presunta su inocencia respecto a las actividades de la mencionada sociedad familiar, Aizoon, cuya titularidad compartía al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin.
Eso no es lo peor. Lo terrible es el daño a la imagen de la Monarquía española. De hecho, en la inesperada repercusión en la Prensa internacional de la imputación de la infanta, la noticia viene asociada a comportamientos corruptos de miembros de la Familia Real. Todo lo cual remite al debate interno sobre la necesidad de que el Rey don Juan Carlos adelante las previsiones sucesorias y abdique en la persona del actual príncipe de Asturias. Eso desborda el alcance de una imputación judicial.
Antonio Casado