La reforma laboral que aprobará el próximo Consejo de Ministros conducirá al menos a dos cosas con una derivada importante: menos peso de los convenios sectoriales y más negociación en el ámbito de la empresa, camino de una mayor flexibilidad interna. En términos de salarios, éstos tenderán a vincularse cada vez más a la productividad, desligándose de la inflación, lo cual supondrá una transformación laboral de gran alcance. De hecho, las cláusulas de indexación salarial a la inflación afectan al 78,5% de los convenios, uno de los porcentajes más elevados de la Unión Europea. Como admite Cándido Méndez, todo aquello que contribuya a que las empresas ganen competitividad y puedan afianzar el empleo es bueno para los trabajadores, pero al líder de UGT quizá le faltó añadir que, siendo bueno, no es gratis. En la práctica, los empresarios pretenden excluir a millones de trabajadores de la cobertura de los convenios y ligar los salarios a la productividad, lo cual ya se hace en parte. Ante la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos, el Gobierno tendrá que poner los límites a las pretensiones de unos y de otros.
¿Cuál es el fondo de la discusión? España tiene el doble de paro que la media europea, en parte porque las empresas españolas despiden más en situaciones de crisis. Muchas lo hacen porque es difícil descolgarse de los convenios de ámbito superior cambiando las condiciones salariales pactadas o reasignando el empleo y el tiempo de trabajo, de manera que el ajuste se traduce en despidos y no en reajustes internos. A veces incluso sucede algo peor: las empresas cierran. De facto, entre 2007 y 2011 hay 200.000 empresas menos en España, sin contar el menor número de autónomos.
El economista Guillermo de la Dehesa sostiene que el resultado final de estas rigideces en la negociación colectiva es menos empleo y más desempleo, a través de ‘eres’, despidos, no renovación de contratos temporales o cierres, pero aunque eso sea cierto, este debate hubiese tenido más sentido antes de la recesión que una vez realizado el ajuste. Si se mantiene en vigor es porque el problema del paro sigue ahí y las empresas no acaban de superar la crisis.
José Luis Gómez