Más allá de la salud mental de Cristina Kirchner, el bótox de Gadafi, o la visión norteamericana del romanticismo trasnochado de Zapatero, la injerencia de Estados Unidos en casos judiciales puesta en evidencia en las filtraciones de Wikileaks merece más de una explicación gubernamental. Por parte de Exteriores y Justicia, niegan que Estados Unidos haya presionado a las autoridades españolas. “Bajo ningún concepto, además de verdad”, dice Jiménez. Pero la intromisión es directa al haberse dirigido a los responsables de la Justicia en concreto, además de las supuestas gestiones de ministros. Y al negarlo todo, no contestan a nada de lo que la sociedad les está preguntando.
En el ‘caso Couso’, recordar los pasos de la investigación del asesinato del cámara de Telecinco asesinado en Irak es un ejercicio doloroso para la familia y revelador por la manera en la que mete mano la diplomacia norteamericana, favorecida por la falta de resistencia nacional. La querella de la familia en 2003 fue archivada dos veces, hasta que el pasado julio, siete años después del asesinato de Couso en el Hotel Palestina, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional la reapertura de la investigación. En este impass, muchos sospechaban que el interés de España prefería no importunar a Estados Unidos, en contra de la justicia internacional y la muerte de un ciudadano español. De hecho, su hermano Javier Couso, no se ha sorprendido; “Sabíamos lo que pasaba, ahora hemos tenido la constatación de lo que sospechábamos. Un gobierno que además utilizó el caso electoralmente y que impulsó varias mociones para exigirle al PP que investigara el caso”.
Coincidiendo con las fechas de los informes confidenciales, la doble moral transcendió a un doble discurso. En julio de 2007, los Couso se habían reunido con Leire Pajín en Exteriores o con Juan Fernando López Aguilar en Justicia, por poner dos ejemplos. Y mientas por un lado de la Vega comunicaba, fuentes diplomáticas norteamericanas de por medio, la intención de pedir el archivo, por otro, “prometían que no iban a interferir, que no estaban detrás, ni influían sobre el Fiscal General del Estado”, recuerda Couso.
Se empeñan también los fiscales en negar los informes, aunque en el “fecha-causa-efecto” salen perdiendo. En 2007 la fiscalía recurrió la decisión del juez Pedraz de procesar a los tres militares por un delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional. Y en 2008, pidieron el archivo de la causa. Así que cuando Conde Pumpido señala que “se atienden solicitudes de información sobre asuntos de interés mutuo, en el absoluto respeto a la independencia internacional”, de la misma manera hay que escuchar a Couso decir “miente el fiscal, porque se han dedicado a encubrir un delito antes de trabajar para que prosiguiera el caso”. Y a las declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, “todo contacto se ha producido con la administración norteamericana en el marco de la cooperación judicial entre ambos países”, hay que recordar que en esta supuesta cooperación, el caso Couso es el primero en el que Interpol se niega a cumplir una triple orden de búsqueda y captura.
Frente a la explicación del actual embajador de Estados Unidos, Alan Salomont, “no son más que distorsiones y cotilleos extraídos de cables”, es inevitable pensar en Maria Isabel Permuy, madre de José Couso a quien no dejan cerrar el duelo y a quien no hemos escuchado porque no le acompaña el ánimo de Javier. Con una entereza por encima de lo que el cuerpo aguanta, ha explicado en los medios lo que otros sólo niegan.
La desproporción de fuerzas no puede ser mayor. Hace sólo una semana, la familia y amigos de los Couso organizaron un concierto en Madrid con el fin de pagar a su abogado el viaje a Bagdad, y a la espera del envío de la comisión judicial ordenada por Pedraz para hacer una reconstrucción ocular con diversos testigos. Recaudan fondos mientras siguen esperando la ayuda del Gobierno español para que, a través de sus homólogos iraquíes, faciliten el trabajo de la comisión. Javier Couso, tirando de una más que justificada ironía, se pregunta ahora si deben tramitarlo con el ministro de Justicia o con el embajador norteamericano, “que parece que es el que manda”. Sus abogados podrían recurrir en los próximos días las revelaciones y Wikileaks desvelar más capítulos oscuros que, paradójicamente, esclarezcan el caso.
Pilar Velasco