Si los fieles del movimiento fiscal fueran serios en su deseo de reducir el tamaño de la administración federal, habrían bajado sus pancartas esta semana, abandonado su defensa del extraño historial de Christine O’Donnell y habrían llenado hasta la bandera la sala 608 del Edificio Dirksen del Senado.
Allí, 18 Demócratas y Republicanos trabajaban en lo que puede ser la última esperanza para hacerse con el control del gasto público.
Esto no iba de gritar eslóganes, enarbolar carteles que tildan de socialistas a los Demócratas ni dar cabida a las teorías conspirativas de Glenn Beck. Por el contrario, estaban estudiando detenidamente los detalles de los cálculos del consumo, las tasas del consumidor, las licencias federales y las fórmulas de financiación vinculadas a resultados. Fue la última reunión antes de las legislativas de la Comisión Nacional de Disciplina y Reforma Fiscal – la comisión de la deuda – y sus miembros, legisladores y ciudadanos particulares por igual, desempeñaban la difícil tarea de discernir la forma de evitar la inminente crisis de la deuda.
La buena noticia: los miembros están próximos a un acuerdo en torno a la combinación de políticas fiscales y de gasto que devolverá al país al camino de la solvencia. La mala noticia: Nadie cree que sus propuestas tengan posibilidad de convertirse en ley.
El resultado fue una densa sensación de hastío en la sala. No había suficientes representantes de la opinión pública para ocupar los 30 asientos reservados para ellos. Los lugares de la prensa estaban igualmente infrautilizados. En el momento en que se daba lectura al orden de la reunión, había 11 vacantes en la mesa de los miembros. Dos horas más tarde, justo antes de levantarse la sesión, había 13. Las reuniones no fueron tomadas con la suficiente seriedad para merecer cobertura en directo ni siquiera en C-SPAN 1, 2 ó 3.
El problema es tan importante para parecer insalvable: 13 billones de dólares de deuda, equivalentes ahora al 60% del producto interior bruto más o menos, proyectados en el 90% del PIB dentro de 10 años, momento en el cual registraremos 1 billón de dólares anual en servidumbre de la deuda.
Pero aún así la solución, a corto plazo al menos, es bastante obvia. Los Demócratas tendrán que tragarse recortes del gasto en sus queridos programas «de gasto administrativo». Ambas partes tendrán que aceptar recortes en el gasto en defensa. Y sí, los Republicanos tendrán que tolerar una subida tributaria.
Erskine Bowles, el co-presidente Demócrata, ya ha ofrecido una concesión importante: afirma que las dos terceras partes del déficit deberán ser cubiertas mediante recortes del gasto, y el otro tercio vía recaudación fiscal. Los Demócratas de la comisión parecen dispuestos a aceptar un límite al gasto administrativo — parecido a los que se introdujeron en vigor con éxito en la década de los 90 — y la moratoria en los niveles actuales o recientes que, a lo largo del tiempo, equivaldrá a un importante recorte conjunto.
Los integrantes Republicanos, a su vez, parecen estar abrigando la idea de atacar «los gastos» fiscales — más de 170 excepciones, deducciones y lagunas legales diferentes, incluyendo la deducción por hipoteca y donación. Reducir la cuantía de estos conceptos fiscales ha sido apoyado nada menos que por la autoridad Martin Feldstein, antiguo economista de la administración Reagan, que los califica de equivalentes del gasto público. Al sustraer una parte importante de los 1,1 billones de dólares en concepto de deducciones, los miembros de la comisión pueden cubrir el resto del vacío presupuestario y tener espacio de maniobra para una reducción de los tipos del impuesto sobre la renta.
Dado que los legisladores de la instancia se han cansado de las recientes refriegas por la sanidad, es probable que la comisión evite el inminente problema de Medicare. Por ahora, el principal interrogante es si los Republicanos pueden digerir un modesto incremento de los tipos fiscales — incluso si se acompaña de recortes del gasto mucho mayores, e incluso si hay una reducción total de los tipos.
Hay motivos para creer que Bowles y el co-presidente Republicano Alan Simpson van a ser capaces de reunir el apoyo de 14 de los 18 miembros — la mayoría necesaria para enviar las recomendaciones al Congreso. Pero ahí es donde acaba el optimismo.
Pensará que el movimiento fiscal se lanzará sobre un acuerdo así. Pero parece que cualquier cosa que se denomine subida de los impuestos — incluso si elimina lagunas y ventajas fiscales — será rechazada de forma sumaria.
«La otra parte puede plantarse y decir que estamos a favor del pastel de manzana y la maternidad y vamos a estar en contra — y al revés», decía un senador Republicano almorzando esta semana. Observaba que si la comisión da lugar a cualquier forma de subida tributaria «va a dificultar su tramitación, especialmente con esta generación de conservadores encendidos».
Paradójicamente, el movimiento fiscal puede ser el obstáculo que bloquea el camino a una administración contraída y una deuda reducida.
Dana Milbank