Hay dos gremios que encabezan la lista de los más impopulares entre la ciudadanía. El de controladores y pilotos no acaban de entender por qué tan poca gente les comprende cuando piden mejoras laborales organizando huelgas en vacaciones. El panorama actual en el sector del control aéreo era tan laxo que el ministro socialista más duro con permiso de Rubalcaba, ha cogido el toro por los cuernos y se ha puesto a negociar el nuevo convenio colectivo. Antes, José Blanco convenció de que iba en serio al anunciar que formará a controladores militares para que se adapten a la aviación civil.
El sector reaccionó amenazando con una huelga para el próximo día 20 después de una temporada de huelga “encubierta” según el Gobierno. Dado que el tráfico aéreo depende de ellos, tienen una gran preparación técnica y, sobre todo, la responsabilidad de que los pasajeros que se suben a un avión lleguen vivos a su destino, AENA acaba de ofrecerles 200.000 euros anuales de media mientras hagan su trabajo en “condiciones de normalidad”. Significa que no se pongan todos de baja a la vez, algo que los controladores vienen practicando en los últimos tiempos aduciendo que son todas “justificadísimas”.
El recorte supone en la práctica que cobrarán un 40% menos porque antes se embolsaban 375.000 euros al año de media. AENA detalla también que, para cobrarlos, el servicio deberá desarrollarse “en un marco de competitividad, de reducción del absentismo y de mejora de la eficiencia”. Pero los controladores insisten en que los obstáculos para llegar a un acuerdo son cosas como los cursos de formación y la costumbre de intercambiarse los turnos y los descansos. El empeño de AENA en controlar esas minucias también lo consideran un problema.
Lo que les cambia el panorama de verdad es que antes trabajaban 1200 horas “ordinarias” al año. Para complementar, 600 horas extra al pagadas un “2,75%” más que las normales. A partir de ahora, serán 1.750 horas incluyendo las que pasan de descanso entre los turnos y las que están de guardia. De horas extra, un tope de 80 y pagadas como antes. Pero según el telegénico portavoz del sindicato, César Cabo, “no es cuestión de dinero”. Parados, pensionistas, funcionarios y los que tienen miedo a perder su empleo respiran aliviados al saberlo.
Luz Sanchis