La noticia sorprendente es que en el último barómetro del CIS del mes de abril el PSOE recupera, cierto que muy ligeramente, respaldo electoral, de modo que se recorta a 1,5 puntos la ventaja del PP, aunque este último partido seguiría siendo el más votado si ahora se celebraran elecciones generales, con un 39,5% de voto estimado frente al 38% del PSOE. Como a los sondeos del CIS, por oficiales que sean, se les reconoce el mayor crédito, habrá que concluir que muy mal lo debe de estar haciendo el PP, o muy desacertada debe ser su estrategia de comunicación, para que sea posible que el PSOE recorte, aunque sea mínimamente, distancias cuando es ya generalizada la percepción de que el Gobierno ha perdido el control y el norte de la política económica y España se encamina visiblemente hacia el abismo.
Sucede además que todo apunta a que los ciudadanos tienen muy buen sentido a la hora de valorar a los políticos, ya que, por vez primera, el político mejor valorado es el brillante y riguroso portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, con una nota de 3,74, por encima del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que empata a 3,71 puntos en el segundo puesto con la dirigente de UPyD, Rosa Díez –cuyo partido, en cambio, retrocede nítidamente en la intención de voto–, y del jefe de la oposición, Mariano Rajoy, que logra 3,09 puntos. Tan desastrosos resultados del principal partido de la oposición, el PP, no hacen justicia ciertamente a las calidades intelectuales y éticas de su actual líder, lo que refuerza la percepción, por otra parte generalizada, de que es urgente una renovación de equipos, específicamente de estrategia, en la sede central de la calle Génova.
Tanto más cuando el sondeo del CIS muestra un retroceso de valoración de todos, se dice pronto, de todos los ministros del Gobierno, incluso el favorito de todos los socialistas, esto es, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que sin embargo mantiene un brillante 4,67 de nota, seguido de cerca por Carme Chacón (4,46), la vicepresidenta Fernández de la Vega (4,22), Trinidad Jiménez (4,17), José Blanco (4,09), Ángel Gabilondo (4,06) y Miguel Ángel Moratinos (4,04), todos muy por delante de los 3,71 puntos con que los ciudadanos califican al presidente Rodríguez Zapatero. Bien es cierto que el actual Gobierno integra algunos ministros que, por calificarlos con suavidad, resultan inverosímiles a cualquier persona con sentido común, y se nota en las calificaciones que obtienen, como Celestino Corbacho (3,34), Bibiana Aído (3,22) y Ángeles González-Sinde (2,89). Lo más significativo es que todos los ministros del área económica, con la única excepción de José Blanco, están por debajo del 4 y son, por lo tanto, de los peor valorados.
El resumen del resumen es, en primer lugar, que estamos ya inocultablemente en el umbral de una emergencia económica nacional y que, probablemente con fundamento, la ciudadanía no confía en la capacidad del actual Gobierno para afrontar esa emergencia con rigor, altura de miras y espíritu de consenso nacional. Pero esto, con ser inquietante, lo es menos que la falta de confianza en que un eventual Gobierno del PP sea la alternativa capaz de afrontar la crisis, agrupar los esfuerzos de todos e iniciar una nueva etapa de recuperación económica desde una conveniente posición política de consenso nacional, como la que dio tan excelentes resultados en los años no menos difíciles del inicio de la transición. Así que ha llegado el momento de que los partidos políticos se pregunten, y nos lo preguntemos todos los ciudadanos desde cualquier posición ideológica, si no habrá que hacer de la necesidad virtud y posponer las pequeñas querellas partidarias al interés general del país, esto es, de los ciudadanos.
Si es evidente que la ciudadanía, precisamente porque atiende lo que dicen unos y otros políticos, y sabe escuchar y valorar lo que escucha, concede la mejor puntuación, en coincidencia significativa por cierto con la mayoría de los observadores y analistas políticos, al muy templado nacionalista democristiano catalán Josep Antoni Duran i Lleida, ¿tan difícil sería que las fuerzas políticas depusieran las pequeñas querellas partidarias, y los mínimos prejuicios en torno a los nacionalismos, en aras del interés general, de manera que se ofreciese a Duran i Lleida la presidencia de un eventual Gobierno de amplia concentración nacional, con el mandato específico de coordinar los esfuerzos de todo el espectro político en un programa serio, ordenado y riguroso destinado a enfrentar seriamente la crisis económica, frenar su impacto y poner la economía española en una senda rigurosa y científica de recuperación?
¿No es mucho más importante el interés general y común que debe unirnos en aras de la economía de todos que las mínimas y a veces incluso grotescas querellas ideológicas en las que se extravía lo mejor de la capacidad nacional? Vivimos una de esas ocasiones históricas en las que se pone a prueba el nivel y la calidad no de las izquierdas o de las derechas, sino de la clase política nacional. Ha llegado el momento en el que, por respeto a la ciudadanía que les vota y mantiene, todos -izquierdas, derechas, nacionalistas, centristas y moderados de todos los colores, liberales emergentes- deben ser capaces de subordinar la lucha partidaria al interés general de la economía española, que una vez más exige a todos capacidad de anteponer los intereses generales a cualquier otra consideración.
Es mucho lo que está en juego y es prácticamente general el acuerdo en que no podemos seguir como estamos, con el país huérfano, en plena crisis, de una política económica digna de tal nombre, seria, rigurosa, consensuada. Los dirigentes políticos -de todos los partidos, ciertamente- tienen la capacidad y la obligación de dar respuesta seria a la creciente angustia de la ciudadanía, lo mismo empresarios que trabajadores. Deben ser capaces de posponer las pequeñas ventajas del poder, y desde luego los prejuicios ideológicos y las pequeñas guerras personales y de partidos, al interés general de los españoles. De otra manera, ellos y sólo ellos serán responsables de lo que pudiera llegar a suceder y que no tiene por qué suceder. Sólo se necesita resucitar el mismo espíritu que hizo posible algo mucho más difícil, como fue la transición democrática pacífica. Entonces lo exigía la concordia política. Ahora lo exige el rigor económico en el que debe fundamentarse el bienestar de todos. Nuestros políticos deben ser conscientes de que, más temprano que tarde, la ciudadanía les exigirá rendir cuentas. A todos conviene que sean capaces, con seriedad, altura de miras y espíritu de concordia, de anticiparse a ese momento.
Carlos E. Rodríguez