Corre por Euskadi, en círculos políticos nacionalistas, la sospecha de que la operación policial contra los abogados de los presos de ETA detenidos el pasado miércoles bajo la acusación de actuar como correos de la banda tendría «algo que ver» con un intento del Gobierno de impulsar ciertos movimientos críticos de algunos presos etarras, o incluso, también algunos -el parlamentario vasco de EA Jesús Mari Larrazábal, lo ha afirmado-, lo atribuyen a «la respuesta del Estado a un momento político de confluencia de independentistas de largo alcance». Larrazábal lo dijo tras una manifestación en San Sebastián el pasado sábado que congregó a miles de personas, al igual que en Bilbao, en contra de estas detenciones.
Hay que ser retorcido para llegar a esta conclusión, por mucho que, como es el caso de EA, haya mostrado su disposición a prestar sus siglas a la ilegalizada Batasuna en los próximos comicios, si prosperan en su «apuesta política». La sospecha hacia la acción de la Justicia y la policía -que según estas suposiciones, estarían al servicio del Gobierno- se sustenta en la reciente sentencia del juez Gómez Bermúdez en el ‘caso Egunkaria’, que absolvió a los cinco directivos acusados de un delito de pertenencia a ETA, siete años después de su prisión preventiva y del cierre del periódico eusquérico.
No es, por tanto, una decisión judicial que absuelve por falta de pruebas a unos detenidos un aval suficiente para creer en la Justicia; por el contrario, se alude al daño causado. El juez Grande Marlaska ha puesto en libertad este lunes a dos de los diez detenidos, Erramun Landa Mendibe y José Luis Gallastegi Lagar, después de que la Fiscalía no hallara indicios solventes de culpabilidad, al contrario del caso de los tres abogados, Jon Emparanza, Arantza Zulueta e Iker Sarriegui. En la misma jornada, un juez de París dejaba en libertad a David Plá, considerado por los responsables españoles de la lucha antiterrorista como el máximo responsable de la estructura de apoyo a los presos de ETA y uno de los ‘hombres fuertes’ del llamado aparato político de la banda.
Esta desconfianza hacia la Justicia, la policía y el Gobierno (para algunos, una sola cosa) parte de una convicción victimista, que se siente ajena a las consecuencias de unas ideas y unas prácticas de la banda terrorista. Son décadas de presunciones, alimentadas a veces con casos injustos, que alguno se da, y que han forjado una actitud de desdén que pone la carga de la prueba en los otros, en lugar de enfocarla en los desgarros que provoca el terrorismo. Palabras que no se olvidan, como aquellas de Joseba Egibar (PNV) -«temo más a España que a ETA»-, aunque hayan pasado años. Pero ni siquiera esta actitud protege de eventuales ataques. Según Rubalcaba, entre los detenidos hubo quien siguió sus movimientos para pasar la información a la banda terrorista. Y según una carta del abogado de presos de ETA Jon Emparanza, publicada en El Mundo digital (19-04-10), a la dirección de la banda tras el asesinato del empresario Inaxio Uría, éste lamentaba que «hubiera preferido» que se atentara contra el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, «para dejarlos (a los cargos del PNV) destrozados psicológicamente».
Chelo Aparicio