Un verano más, los incendios forestales están siendo noticia casi todos los días. En lo que va de julio han ardido -siguen ardiendo- varias decenas de miles de hectáreas, y no es aventurado pensar que a lo largo de agosto se quemarán bastantes más. La cuestión no admite bromas, sobre todo porque ha supuesto la pérdida de varias vidas entre personas dedicadas a las labores de extinción, puesto en peligro a habitantes de zonas afectadas y comportado unos costes económicos importantes, por más que no sea fácil cuantificarlos con total exactitud.
Siempre parece quedar el consuelo de pensar que ocurre algo semejante en otras partes, o considerarlo una especie de precio por las altas temperaturas veraniegas, mezcladas con la imprudencia de los ciudadanos que encienden fuego donde no deben, queman rastrojos sin las precauciones debidas y -se suele comentar menos- lanzan colillas desde vehículos circulando a toda velocidad. Conductas, por cierto, todas ellas penalizadas, incluida la última, que acarrea la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. Pero, aun siendo cierto, no es todo lo que toca considerar.
Un año tras otro, los expertos insisten en señalar que una de las formas más eficientes de combatir los incendios es actuar de forma preventiva, entre otras razones porque atribuyen escasa eficacia a los métodos empleados para controlar y extinguir el fuego, una vez declarado. La prevención más citada es efectuar labores de limpieza en los bosques antes de que llegue la etapa veraniega, así como multiplicar los pasillos cortafuegos, sobre todo a lo largo del recorrido de líneas eléctricas de alta tensión. A lo que cabría agregar, aunque se menciona apenas, una red más eficiente de puntos de observación y control. Esto último, por ejemplo, puede venir a cuento del desastre ocurrido días atrás en la provincia de Tarragona: según dictamen inicial, estuvo causado por la caída de un rayo en días anteriores a que las llamas cobraran voracidad.
En términos generales, el cuidado de los bosques es en realidad descuido, bajo directa responsabilidad municipal. Buena prueba es que los ayuntamientos que sí dedican esfuerzos a mantenerlos limpios de ramas, hojarasca y demás, raramente, por no decir nunca, se ven abocados a padecer siniestros como los que estos días ocupan portada en los espacios informativos. Lo que cabe preguntarse es por qué no lo hacen los demás, sea por iniciativa propia o estimulados por las administraciones autonómicas que disponen de todas las competencias en la materia.
La excusa presupuestaria no se sostiene, habida cuenta que los gastos incurridos para extinguir los incendios no son precisamente menores, con el añadido de que poner en riesgo la vida de personas supera con creces cualquier cálculo económico que se quiera articular. A lo que habría que añadir, lógicamente, cuando menos lo que cuesta la posterior regeneración.
Un aspecto tanto o más controvertido es lo que atañe a las líneas de alta tensión. Si, como muchos afirman, entrañan riesgo cuando discurren atravesando densas masas boscosas, ¿por qué no se exige a todas que habiliten franjas de cortafuego en su derredor? Si existe norma legal para obligarlo, basta recorrer el país para constatar que unas la cumplen, pero otras no.
Sin duda, las campañas publicitarias instando la responsabilidad de todos son oportunas y probablemente necesarias, pero ¿no se echa en falta algo más? La realidad de territorios que han decidido adoptar políticas específicas en la materia induce a pensar que las hay eficaces para prevenir el desastre: la mejor prueba es que años atrás ardían masivamente y hoy parecen libradas de esa especie de maldición. ¿A qué espera el resto para imitarlas?
Enrique Badía