Un curso de Actuación Policial en Accidentes de Tráfico ha desatado la polémica en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Al curso estaba invitada, María Cruz Álvaro López, una magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid que no goza de popularidad dentro de las policías municipales de la Comunidad de Madrid. Una de sus sentencias condenó a 15 años de prisión a tres policías de Getafe que durante una intervención policial produjeron la muerte de un sospechoso e hirieron a otra en una persecución. Al final, el Tribunal Supremo rebajó la pena a 3 años y 9 meses de cárcel para dos de los agentes y la absolución total del tercero. La presencia de la juez ha repercutido negativamente en el número de inscritos al curso. Incluso hay algunos agentes que cancelaron su inscripción al conocer la ponencia de Cruz.
Una presencia de una persona non grata dentro de los cuerpos locales, un curso y una corrección de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Estos tres factores han convertido un curso de cinco días de actuación policial en accidentes de tráfico en algo más que una simple concatenación de charlas. En realidad, lo que se ha creado son unas disensiones entre el organizador y los policías locales de Pozuelo de Alarcón. Los asistentes supieron de la presencia de Cruz el 19 de octubre, sólo un día antes de que comenzara el curso. Los agentes intentaron que el sargento, José Ángel López Seco, suprimiera la conferencia de la juez. Ante la negativa de la jefatura, algunos policías decidieron cancelar su asistencia al curso al considerar inadecuada e incómoda la presencia de la magistrada.
Al final, a pesar del disgusto y el malestar de la mayoría de los alumnos, la juez Cruz realizó su ponencia el pasado 26 de octubre. Sus dos charlas hablaron sobre accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y drogas, y otra acerca de las imprudencias leves, menos graves y graves en los delitos de lesiones. En total, fueron seis horas de ponencia a razón de 90 euros la hora. Es decir, la magistrada recibió un poco más de 500 euros por sus dos conferencias.
Además de no cancelar la ponencia, la jefatura no proporcionó ninguna alternativa a los agentes disgustados por la asistencia de Cruz. El curso no era calificativo, pero para obtener el diploma final era necesario asistir a todas las horas del mismo. Es decir, sí algún policía decidía no acudir a la ponencia de la controvertida magistrada, no obtendrían el certificado que reconoce que han realizado dicho curso.
A pesar de todo, el revuelo no ha sido mayor debido a la delicada situación en la que se encuentra la Policía Municipal. Los vecinos de la localidad madrileña les acusan de realizar una campaña de multas de tráfico masivas para que el Ayuntamiento ceda en sus reivindicaciones sindicales con la firma de un nuevo convenio.
Carlos Lospitao