La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación en el que solicita condenar al exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a una pena de 7 años y 10 meses de cárcel, y al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, a 3 años y 6 meses de prisión. Ambos son considerados máximos responsables de la presunta ‘caja B’ del partido a nivel regional. Además, se ha pedido la declaración como testigo de la expresidenta Esperanza Aguirre durante el juicio.
Anticorrupción solicita exonerar a Esperanza Aguirre e Ignacio González en Púnica
En el documento, la Fiscalía no solo solicita la testifical de Aguirre en la vista oral, sino que también pide que tanto ella como el expresidente madrileño Ignacio González sean llamados como partícipes a título lucrativo. Aguirre debería responder por una cuantía de 26.000 euros y González de 28.293,22 euros.
Además de Granados y Gutiérrez, la Fiscalía solicita condenas para otros implicados, entre ellos Isabel Gallego, exjefa de prensa de Aguirre; Borja Sarasola, exjefe de gabinete de la expresidenta; José Martínez Nicolás, exdirectivo de la Comunidad; Alejandro de Pedro, presunto ‘conseguidor’ de la trama Púnica; y Diego Mora.
Según la acusación de Anticorrupción, Granados y Gutiérrez se valieron de sus cargos dentro del PP de Madrid para buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad ‘afines’ con el objetivo de encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados por la normativa electoral, y posteriormente ocultados a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
El escrito detalla que Granados comenzó a programar los actos desde septiembre de 2010, adjudicando la ejecución material de la campaña a una empresa específica, y consensuando con su responsable cómo se deberían facturar los servicios. Durante el periodo electoral, Granados fue el principal responsable de la campaña, mientras que Gutiérrez actuó como administrador electoral.
La acusación señala que Gutiérrez presentó documentación ante la Cámara de Cuentas el día 23 de septiembre de 2011, declarando un total de gastos electorales de 2.986.624,89 euros. Sin embargo, según Anticorrupción, esta cifra era considerablemente inferior a la realidad, ya que se autorizaron gastos que no fueron declarados ni pagados a través de la cuenta de campaña.
La Fiscalía argumenta que Granados recibía aportaciones de dinero en efectivo que registraba en una libreta, descontando una parte para sí mismo o terceras personas, y entregando el resto a Gutiérrez, quien se encargaba de realizar los pagos en efectivo que no querían constar ante la Cámara de Cuentas.
Este escrito de acusación marca un nuevo capítulo en el caso de la presunta ‘caja B’ del PP de Madrid y plantea un proceso judicial que podría tener importantes implicaciones políticas y legales.